Moreno y Marín descartan pedir a PP y Cs que facilite la investidura pese al “daño para Andalucía” por la falta de Gobierno

Andalucía necesita que haya un Gobierno a pleno rendimiento en España, pero sus gobernantes no van a interceder ante sus partidos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. La Junta de Andalucía es la institución más potente en manos de PP y Ciudadanos, pero sus barones territoriales no han reclamado a Pablo Casado (PP) y a Albert Rivera (Cs) que ayuden al desbloquear la legislatura. Ni institucionalmente ni desde los órganos de partido.

Con este panorama de incertidumbre se ha cerrado el intenso periodo de seis meses del primer Gobierno no socialista en Andalucía. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha hecho un balance extremadamente positivo del estreno de su mandato, acompañado del vicepresidente, Juan Marín. El líder del PP andaluz y su homólogo de Ciudadanos han arrojado una imagen sólida de unidad y buena convivencia, clave para vender su mayor logro político hasta la fecha: la estabilidad y la confianza. El factor que distorsiona esta foto fija viene de fuera: la falta de un Gobierno en España, “que perjudica a los andaluces, genera incertidumbre y ahuyenta a los inversores”. 

Moreno denuncia que aún no hay Gobierno porque el candidato socialista “le ha hecho una OPA hostil a uno de sus adversarios ideológicos”, en referencia a Unidas Podemos. “Coinciden en otras comunidades y en ayuntamientos. Si quisiera, ya habría Gobierno”, dice el presidente, barruntando que el PSOE baraja repetir las elecciones el 10 de noviembre. En esta ocasión, el líder popular andaluz discrepa del presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, con el que suele coincidir.

La semana pasada Feijoo instó a la dirección nacional de su partido a “estudiar la propuesta de investidura” de Sánchez si el PSOE hacía algún acercamiento u “ofrecía algún documento”. “Es impensable que el PP le ofrezca apoyo al artífice intelectual del no es no y a quien impulsó la moción de censura” contra el Gobierno de Rajoy, ha zanjado Moreno. Marín fue aún más duro: “¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con una persona de la que nadie se fía, ni siquiera Podemos?”

8.600 millones “en el limbo”

Los primeros seis meses del Ejecutivo PP-Ciudadanos han tenido un claro leit motiv: el complejo desmontaje de la estructura administrativa que el PSOE había consolidado después de 37 años en el poder. Mucha denuncia de tejemanejes, despilfarro e indolencia, pero por ahora nada que haya acabado en los tribunales. Todo apunta a que esa estrategia dual de Gobierno-oposición continuará en el próximo periodo de sesiones. Moreno ha anunciado el “Plan Confianza”, un proyecto que habla de miles de millones de euros, pero del que el consejero de Hacienda no sabía nada, según confesó él mismo al término de la comparecencia.

Se trata de una estrategia con la que pretenden “sacar del limbo” 8.655 millones de euros bloqueados, dinero público de los derechos pendientes de cobre o subvenciones concedidas aún sin justificar. El presidente asegura que 3.900 de esos millones pueden haberse perdido ya, porque el plazo de reintegro ha prescrito. La cifra que quiere aflorar ese “Plan Confianza” no es menor, ocupa casi una cuarta parte del Presupuesto andaluz en vigor: 4.655 millones pendientes de cobro (1.500 millones probablemente perdidos) y 3.990 millones en subvenciones sin justificar, de las que 1.900 millones pueden haber prescrito. 

El mayor reto de este Ejecutivo a la vuelta de las vacaciones es cuadrar los Presupuestos Autonómicos de 2020 antes del 31 de octubre, los primeros que diseñarán  PP, Cs y sus aliados de Vox de enero a diciembre. La Junta admite que necesita un Gobierno enfrente, un interlocutor con el que hablar de números y de financiación autonómica, pero el consejero de Hacienda, Juan Bravo, trabaja ya con un escenario sin Ejecutivo en Moncloa y, por tanto, con unos Presupuestos Generales prorrogados por segundo año por primera vez en la historia. El bloqueo político condena a estirar otra vez las cuentas que Cristóbal Montoro diseñó para 2018 (ya prorrogado), con una perspectiva de crecimiento mucho menos ambiciosa que la que ahora barajan la Junta y los propios organismos internacionales.

La Junta andaluza quiere visibilidar el “cambio político” en toda su magnitud en las cuentas del año que viene, pero sin Gobierno en Madrid no llegarán a las comunidades (antes de fin de año) los 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, ni se aprobarán los nuevos impuestos a las transacciones financieras y servicios digitales previstos por el Ejecutivo, ni la subida del IRPF a las rentas más altas, que tendrían un impacto estimado de más de 5.600 millones al año (ingresos compartidos con las comunidades).

La Junta de Andalucía necesita que haya Ejecutivo en Madrid al que reclamarle un nuevo modelo de financiación autonómica, y un gasto extra de 4.000 millones para Andalucía, cifra pactada con el resto de formaciones en el Parlamento autonómico (excepto Cs) en la pasada legislatura. 

La “estabilidad y la confianza” de la que Moreno y Marín han hecho gala en su primer balance juntos son valores intangibles, pero necesarios para ejecutar su programa político sin sobresaltos. Son valores abstractos que, sin embargo, no existen en otras comunidades donde todavía no se ha formado un Gobierno por las dificultades de partidos diferentes para sellar acuerdos de gran espectro. Ni el presidente ni el vicepresidente han mencionado a Vox como actor preferente en la política andaluza, aunque la extrema derecha es un aliado necesario -firmante de un pacto de investidura con el PP y un pacto presupuestario con PP y Cs-, y clave en esa estabilidad que los socios han ensalzado.

Más diálogo y respeto al rival

El presidente y el vicepresidente andaluz han hecho un despliegue de macrocifras económicas para presentar la “Andalucía del cambio”: más exportaciones, más empleo, más servicios, más turistas, más comercio al por mayor... Pero por encima de todo han destacado “más diálogo” con la oposición. “Enorme respeto al adversario político” como el hecho diferencial en su forma de gobernar. Moreno parece sentirse especialmente orgulloso de haber cambiado el registro de su antecesora, la expresidenta Susana Díaz, y resalta como meritorio haber logrado sentar a la misma mesa a Vox junto a la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU).

El Gobierno de PP y Ciudadanos ha auspiciado un gran acuerdo político para desbloquear la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, con la connivencia de todos los grupos de la Cámara. Una nueva etapa para la dirección de la RTVA, del Consejo Audiovisual, de la Cámara de Cuentas o de la Oficina del Defensor. La Junta también se apunta el tanto de haber logrado sumar los votos de la extrema derecha y de los grupos de izquierdas a sus enmiendas a los Presupuestos Autonómicos de 2019, que fueron aprobados sólo con los votos de PP, Cs y Vox. 

Moreno reconoce que en estos seis meses Andalucía ha sido objeto de noticias “inéditas” e “históricas”, después de 37 años de gobiernos ininterrumpidos del PSOE. Uno de esos escenarios inéditos es que las políticas de igualdad estén siendo ahora revisadas y cuestionadas por la actual Administración, a petición de sus socios de extrema derecha. Vox entró en la Cámara pidiendo derogar las leyes de igualdad que todos los grupos pactaron con amplio consenso en la pasada legislatura. No lo lograron, pero en este tiempo sí han introducido un nuevo lenguaje y una nueva perspectiva que pretende sustituir los estudios de igualdad de género que hasta ahora habían inspirado el diseño de las políticas públicas. Por ejemplo, cambiar violencia machista por violencia intrafamiliar (aunque la Junta avisa de que no vienen a cambiar, sino a complementar). 

El vicepresidente Juan Marín ha negado rotundamente que las políticas de igualdad estén ahora en el epicentro del debate público por exigencia de Vox. “¿Quién pone en tela de juicio las políticas de igualdad? No hay ni un solo dato que ponga en cuestión esas políticas. En Andalucía no ha habido ni un paso atrás, al contrario, hemos reforzado el personal y los recursos en la lucha contra la violencia de género y no se ha derogado ni un solo artículo ni ninguna ley al respecto”, ha sentenciado.