La larga precampaña de las generales tensiona los primeros cien días del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos
El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla tomó posesión el pasado 22 de enero en el Palacio de San Telmo y, desde el minuto uno, el PSOE que había sido expulsado de allí tras 36 años y medio en el poder empezó a exigirle “responsabilidades de Gobierno”. “¡Llevan un mes y aún no han hecho nada!”, se queja la portavoz socialista, Ángeles Ferriz. “Llevamos en marcha unas semanas, no me pida tanta precisión” en las respuestas, replicó el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, a un periodista en el último Consejo de Gobierno.
Los primeros cien días de este Gobierno de PP y Ciudadanos, sustentado en la ultraderecha de Vox, van a transcurrir a lo largo de una intensa precampaña y campaña electoral: son 96 días hasta las generales del 28 de abril. Su acción política, por tanto, será utilizada por los suyos como programa electoral, y por sus adversarios como manual de prevención contra “la alianza de las derechas”. Sus promesas y sus tropiezos serán “magnificados” por unos y otros candidatos nacionales, que mirarán una y otra vez su reflejo en Andalucía como paradigma de lo que unos quieren trasladar al resto de España y otros pretenden impedir.
La primera alternancia de partidos políticos en San Telmo en más de tres décadas de autonomía está siendo un “aterrizaje forzoso para todos: Gobierno y oposición”, en palabras de un nuevo y flamante consejero. El gabinete del popular Moreno Bonilla apenas lleva 28 días en activo y ya ha tenido que corregir algunas de sus primeras decisiones, algunos de sus primeros nombramientos y muchas de las críticas que PP y Ciudadanos vertían desde la oposición contra medidas y personas del anterior Ejecutivo socialista, que ahora mantienen como propias. Baste como ejemplo el rotundo “no” con el que Bendodo zanjó la polémica -36 años avivada por el PP- sobre las ayudas al alquiler de vivienda para los directores generales de la Junta.
Los socialistas no le han dado cien días de gracia a Moreno Bonilla, apenas le han dado un mes. Pero tampoco se los van a dar la dirección nacional del PP y de Ciudadanos. La convocatoria de las generales ya ha empezado a incrementar la presión y el foco político y mediático sobre el nuevo Gobierno andaluz, referente para los partidos conservadores como “ejemplo a seguir”, y referente para los grupos de izquierda como “lo que hay que evitar” en el resto de España. Andalucía es a la vez espejo cóncavo y convexo de la política nacional: un pacto de PP, Ciudadanos y Vox, tres fuerzas que fragmentan el voto de derechas, que compitieron entre sí por el mismo espacio electoral, pero que finalmente alcanzaron con facilidad un acuerdo programático para arrebatarle el poder a los socialistas.
Dimisiones y correcciones
Mientras el nuevo Gobierno andaluz coge rodaje, ha habido ya dos dimisiones de cargos recién designados, dos nuevos directivos imputados por la Justicia yotros dos vinculados a litigios que afectaron al anterior Ejecutivo socialista. Algunos consejeros, como el de Economía, han relativizado promesas electorales del PP como la “bajada masiva de impuestos” o la creación de 600.000 puestos de trabajo en una legislatura (“eso significaría crecer por encima del 4%”); y también cuestionan la bonificación de las matrículas universitarias, una de las medidas estrella del anterior Ejecutivo que, según el consejero, “no se van a revertir con carácter inmediato”). El titular de Educación ha anunciado también un recorte de mil plazas de profesores de la oferta de empleo pública pactada por el PSOE con los sindicatos de la enseñanza. Y la auditoría privada al sector público que anunció Moreno Bonilla ha sido encargada finalmente a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de la Junta, que ya venían desempeñando esa función.
Sobre este último objetivo, el nuevo Ejecutivo está cumpliendo su promesa de adelgazar la Administración instrumental y prescindir de altos cargos. La reducción de entre el 12 y el 13% de directivos supondrá un ahorro de 6,5 millones de euros, según datos de Presidencia (1,1 millones de euros de ahorro al año, junto a los 500.000 euros anuales de recorte por la disminución de personal en las delegaciones territoriales). Además, la Junta empieza a desmantelar agencias públicas adscritas a determinadas consejerías porque las considera “chiringuitos” del PSOE, cuyas funciones puede asumir el propio departamento responsable. Hasta el momento, Ciudadanos ha eliminado el Consorcio Guadalquivir (“sin actividad”), la Agencia de Evaluación Educativa (con un ahorro de medio millón de euros al año) y está prevista la eliminación de la Fundación Mediana, órgano de intermediación en litigios adscrito a la Consejería de Justicia.
La oposición está ahora poniendo el acento en el capítulo de nombramientos que es, en realidad, el primer paso del nuevo Gobierno para empezar a rodar. El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Alberto García Valera, dimitió a los 21 días en el cargo “por problemas de salud”. Venía de la Agencia Tributaria en Andalucía, ex alto cargo del Ministerio de Hacienda, y era uno de los perfiles más tecnócratas de la Junta. Fue sustituido por otro inspector de Hacienda, Juan Bravo Baena, a la sazón, diputado casadista en el Congreso por Ceuta. El PSOE lo recibió, como a su antecesor, apremiándole para que presente el proyecto de Presupuestos Autonómicos de 2019 antes de las elecciones municipales del 26 de mayo. Los socialistas, que prorrogaron las cuentas de 2018 y declinaron presentar su propuesta presupuestaria para 2019 alegando que ya estaban en campaña electoral, han cambiado de tercio para que PP y Cs “se quiten la máscara” antes de los comicios locales. Su primera iniciativa parlamentaria en el primer Pleno ordinario de esta semana va en este sentido.
De la lista de nombramientos -122 de una tacada en el tercer Consejo de Gobierno- salieron los nombres de cuatro nuevos altos cargos implicados en complejos asuntos con la Justicia. La recién designada delegada provincial de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Granada, Elisa Fernández-Vivancos, dimitió antes siquiera de tomar posesión por la polvareda que levantó su nombramiento. Fernández-Vivancos era jefa del gabinete jurídico de la Junta en Granada cuando su departamento dejó pasar una citación judicial que, a la postre, supuso la indemnización de 165 millones de euros (hasta 250 millones por intereses de demora, según el PSOE) al promotor del centro comercial Nevada.
Los otros nombramientos polémicos han sido el del abogado penalista Carlos Sierra, que representaba al principal imputado del caso ERE, el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y a El Cuco, el menor investigado por la muerte de Marta del Castillo. Ciudadanos ha colocado a Sierra al frente de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta, algo que no le ha gustado mucho a sus socios del PP. En sentido inverso, los populares eligieron como nuevo delegado territorial de Salud y Familias en Almería a Juan de la Cruz Belmonte Mena, que está siendo investigado por presuntos delitos de administración desleal y delito societario en una empresa municipal de Vera. La formación naranja tiene suscrito un pacto con el PP que obliga a dimitir a los cargos públicos imputados formalmente por delitos relacionados con la corrupción, y ya han trasladado su malestar a sus socios. Otro imputado, pero por un asunto ajeno a la corrupción, es el nuevo secretario general de la Consejería de Cultura, Fernando Francés, investigado por un delito contra el patrimonio histórico.
El pulso PP-Ciudadanos
En el primer mes de Moreno Bonilla como presidente de la Junta, se anunció una estructura de Gobierno, luego se aprobó otra distinta, y más tarde se corrigieron aspectos de este último esquema. Se presentaron dos Gobiernos en uno: el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó a los cinco consejeros de su partido en el Parlamento andaluz -la segunda institución andaluza, que ellos presiden- y lo hizo el mismo día y a la misma hora que Moreno Bonilla presentó a todo su gabinete desde la sede de la Junta (la novedad fueron los nombres de los consejeros del PP, porque Cs ya había filtrado los suyos). El presidente anunció entonces que desde ese momento “el Gobierno andaluz era uno”, tratando de enterrar así los riesgos de la 'bicefalia' PP-Ciudadanos. Pero sus socios no le hicieron caso.
Los sucesivos nombramientos de los altos cargos de la Administración andaluza -viceconsejeros, secretarios y directores generales, gerentes de agencias públicas- se han hecho en despachos separados, sin que PP consulte ni vete a los elegidos por Ciudadanos, y viceversa. “Yo no me meto en los suyos y ellos no se meten en los míos”, dijo Bendodo tras el tercer Consejo de Gobierno, en el que se aprobaron los 122 primeros nombramientos. El decreto de estructura de Gobierno suele ser un documento gris y arenoso que sólo recoge el reparto de competencias por consejerías, pero el de este gabinete -dos semanas prorrogado- se ha seguido con mucha expectación porque traduce a las claras la lucha de poder entre los dos partidos que gobiernan.
La foto más nítida es el forcejeo entre el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, y el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo. Ambos acaparan el mayor peso político del Gobierno, ambos se reparten la interlocución con las provincias, con los ayuntamientos y diputaciones y con el Parlamento. Esa fricción por atesorar el mayor grado competencial se ve en la duración excesiva de los Consejos de Gobierno, que postergan más de una hora su comparecencia ante la prensa. Pero también en algunas decisiones corregidas que demuestran que PP y Cs se resisten a ceder más espacio político al otro.
La antigua Dirección General de Comunicación Social, un órgano de gran influencia con los medios que gestiona la publicidad, las subvenciones y los convenios con la prensa, iba a estar inicialmente adscrita a un “ente compartido” por Vicepresidencia y Presidencia. También se iba a crear un órgano ad hoc para pilotar la reforma prevista en la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA). Esta solución salomónica no tenía encaje jurídico posible, de modo que finalmente Bendodo acapara unas funciones (Comunicación Social) y Marín otras (Relaciones con el Parlamento), y al margen del BOJA se crea una “comisión interdepartamental” para tomar las decisiones al respecto de forma conjunta. Ambos acordaron no reeditar la figura formal del director general de Comunicación Social, para que no hubiera un solo interlocutor de la Junta con los medios que decidiera cómo y a quién inyectar subvenciones. Luego se decidió lo contrario: existirá esa figura y dependerá directamente de Bendodo. De momento, las consecuencias de este reparto de poder sólo se intuyen.
De todo lo sucedido este primer mes, el hecho más paradigmático tanto de la bisoñez de PP y Cs en el Gobierno como del PSOE estrenando la oposición se ha producido en la Consejería de Cultura, último peldaño en orden de prelación de la Junta. Los populares han trasladado allí las competencias sobre Memoria Histórica, antes adscritas a Presidencia. Ni PSOE ni la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) reclamaron presidir la Comisión de Cultura en el Parlamento andaluz, donde se ordenarán los debates legislativos sobre Memoria, y finalmente este órgano ha acabado en manos de Vox. La izquierda se ha echado las manos a la cabeza, aunque previamente había alcanzado un acuerdo con el resto de fuerzas que posibilitó esta carambola.
La preocupación ahora de PSOE y Adelante es real, porque la formación ultraderechista tiene firmado un acuerdo con el PP para derogar la Ley andaluza de Memoria, aprobada sin votos en contra hace dos años, y sustituirla por una Ley de Concordia. Vox ya ha anunciado que lo llevarán a la comisión parlamentaria que presiden y, entre tanto, el Gobierno de PP y Cs han asumido parte de su reclamación creando el Comisionado para la Concordia, una figura adscrita a la Consejería de la Cultura que hará las funciones del ex Director General de Memoria Histórica.
El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha amenazado desde Madrid con retirar el apoyo a PP y Ciudadanos en la futura negociación de los Presupuestos de la Junta si no se deroga antes la Ley de Memoria. Los populares responden que están abiertos a negociar otra ley “de más consenso”, y la formación naranja advierte de que la norma nueva tendría que tener “unanimidad” de la Cámara. “Otro incumplimiento de lo pactado por el PP en Andalucía. Ni su palabra ni su letra valen nada. Luego querrán aprobar los presupuestos... y no podrán”, ha escrito Abascal en su perfil de Twitter. Y así arranca la precampaña de las elecciones generales.
