La Junta “exige” a su Consejería de Educación que no oculte el gasto en maestros de Religión sin horas de clase
El tema de los profesores de Religión que, desde hace tres años, cobran por horas de clase que no imparten ha provocado este martes un repentino choque entre dos departamentos del mismo Gobierno andaluz: la Consejería de Presidencia, responsable de la comunicación institucional de la Junta, y el área de Educación. La negativa reiterada del departamento que dirige Sonia Gaya a hacer públicos los datos que este periódico lleva reclamando, verbalmente y por escrito, desde septiembre del año pasado ha hecho perder la paciencia de Juan Carlos Blanco, portavoz del Gobierno.
Blanco ha vuelto a encontrarse este martes, durante su comparecencia ante los medios tras el Consejo de Gobierno, con la misma pregunta que eldiario.es/andalucia le traslada desde que publicó, hace tres semanas, que el Ministerio de Educación lleva tres años pagando a maestros de Religión de Primaria en Andalucía sin carga lectiva. Docentes a los que se les suprimió o recortó el horario de clase en 2015, pero se les ha renovado el contrato íntegro, de modo que a día de hoy siguen acudiendo a su escuela regularmente y permanecen en ella sin hacer nada. ¿Cuántos maestros de Religión sin horario lectivo hay en Andalucía en este momento? ¿Cuántas horas contratadas de Religión no se están impartiendo? ¿Y cuánto dinero público se está malgastando en personal docente que no imparte clases desde hace tres años?
“Usted y yo vivimos el día de la marmota con este tema”, replicó el portavoz del Gobierno a este periódico. Y añadió: “En esta ocasión me comprometo públicamente a exigir a la Consejería de Educación a que le proporcione esa información”. En las dos últimas comparecencias, Blanco respondió que desconocía los datos, pero instó al departamento de Gaya para que los hiciera públicos, sin éxito por parte del portavoz ni del periodista.
La consejera de Educación compareció hace dos semanas en el Parlamento para exponer la conclusión de una investigación interna que ella misma había ordenado a principios de curso para saber exactamente cuántos maestros de Religión sin carga lectiva seguían ocupando su plaza en colegios andaluces, cobrando su salario íntegro pero sin ninguna función asignada. El Gobierno andaluz no tiene competencias sobre este colectivo, que depende contractualmente del Ministerio de Educación, y que es seleccionado por el Obispado en cada diócesis, según criterios de “moral cristiana”. Por esta razón, y porque los maestros de Religión de Infantil y Primaria no constan en el registro informático de la Consejería, según reconoció Gaya, hubo que encargar a los inspectores educativos un rastreo, colegio a colegio, y profesor a profesor, para saber cuántos tenían contratadas más horas de las que impartían.
La consejera reconoció en sede parlamentaria que, en 2016, el Ministerio de Educación había “renovado automáticamente” a los más de 2.000 maestros de Religión de Infantil y Primaria en Andalucía, ignorando la información que le había remitido su departamento: el 65% de los colegios de la comunidad había recortado el horario de la asignatura de Religión, de 90 a 60 o 45 minutos a la semana, en aplicación de un orden regional. El Ministerio hizo caso omiso de la reducción horaria que le trasladó la Junta, en cambio, renovó todos los contratos de Religión a petición de las Diócesis de Andalucía, que obviaron la modificación sustancial de los horarios en esta comunidad.
El resultado final fue un desequilibrio entre el número de profesores y las horas asignadas que ha dejado a muchos docentes “de brazos cruzados y sin hacer nada” durante tres años. “El Ministerio asignó más horas de las que aquí se consideraron necesarias. Si los datos de matrícula que comunica esta comunidad no se tienen en cuenta por parte del Ministerio de Educación, es difícil tener un control exacto de lo que está pasando en nuestras escuelas”, admitió Gaya en el Parlamento andaluz.
El único dato que permite dimensionar parcialmente el problema fue el que aportó la consejera en esa comparecencia: sobran maestros de Religión o sobran horas contratadas para esta asignatura en 252 colegios de las ocho provincias. Después de ese dato, la Consejería de Educación ha ocultado el número de profesores sin carga horaria (total o parcial) y el “perjuicio que esto ha supuesto a las arcas públicas” durante los últimos tres años.
La Junta ha trasladado un informe con los datos -número de colegios, profesores y horas de Religión baldías- al departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo, instándole a corregir una situación que provoca un desperdicio de recursos públicos y genera malestar en los colegios afectados, además de una discriminación laboral frente a los interinos. Lo que tampoco ha sabido explicar por ahora la Consejería de Educación es por qué no actuó antes si tenía denuncias de inspectores y colegios alertando de la situación desde septiembre de 2015.
Casi 24 horas después de que el portavoz del Gobierno andaluz diera un tirón de orejas a la Consejería de Educación para que facilitase el acceso a la información pública, amparado en la Ley de Transparencia, el departamento aludido sigue sin proporcionar los datos ni ha ofrecido una explicación de por qué se resiste a hacerlos públicos.
