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La propuesta del PSOE de Andalucía para el modelo de financiación de las comunidades autónomas en 10 claves

Entre los cambios que sugieren, figuran una mayor participación para los servicios públicos fundamentales en el IVA y los impuestos especiales

Insisten en modificar las variables por las que se calcula el coste de los mismos y en la necesidad de acabar con las desigualdades entre territorios

Andalucía pide 4.000 millones más al año de financiación autonómica

EFE

El documento con las propuestas del PSOE de Andalucía para la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas (CCAA) incluye cambios para un sistema que garantice la suficiencia del mismo pero también una mayor implicación de las autonomías en la toma de decisiones con la Administración General del Estado (AJE). Sus propuestas se pueden resumir en estos 10 puntos:

Garantizar la suficiencia para el estado de bienestar

El documento incide en la necesidad de garantizar y de igualar la cobertura de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) con independencia de la capacidad fiscal de los territorios. Para evaluar su coste, proponen como punto de partida el ejercicio de 2014, e incluso el de 2015, por cuanto que supuso el suelo presupuestario para las CCAA durante la crisis. Los servicios públicos fundamentales les costaron en su conjunto entre 16.100 (2014) y 16.700 (2015) más de lo disponible. Es decir, en esta cifra estaría la insuficiencia del modelo en vigor, lo que lógicamente padecen algunos territorios más que otros. 

Cambios en la población ajustada 

El importe de las necesidades de gasto de cada territorio se calcula en función de la población ajustada, que no siempre corresponde a la de derecho, y en Andalucía la diferencia son 220.000 personas que cuentan para el sistema, si bien existen. El planteamiento del PSOE no es "rupturista" pero quiere cambiar variables para esa población ajustada. Para el cálculo del gasto en sanidad, no tocaría la variable que prima el peso en los territorios de la población con más edad, como tampoco las que compensan a CCAA por insularidad o dispersión demográfica, pero sí las que sirven para valorar el coste en educación y en políticas sociales. En educación, propone que se incluya la población de 16 a 18 años (en estos momentos sólo es de 0 a 16), sumando los matriculados en centros universitarios públicos.En servicios sociales, donde ahora se tienen en cuentan sólo los mayores de 65 años para saber cuánto corresponde a cada territorio, quiere meter tres variables más: tasa de paro, tasa de pobreza y número de dependientes.

Más participación en el IVA y los impuestos especiales

Para financiar esos gastos apuesta por primar la participación de las CCAA en los tributos más que hacer descansar el sistema en transferencias verticales (de la AGE a los territorios). No quieren tocar la participación de las CCAA en el 50% del IRPF para evitar incrementos de desigualdad entre los territorios. Pero sí subir el porcentaje que ahora se destina a los servicios públicos fundamentales del IVA, del 50% al 75%, y de los impuestos especiales, del 58% también a un 75%. El resto se completaría con el 100% de los tributos cedidos (donaciones y sucesiones, patrimonios, actos jurídicos y documentados...) y las transferencias directas. 

Homogenizar el resto de servicios públicos 

Quieren una mayor nivelación a la hora de tener en cuenta los no considerados fundamentales que se financian sobre todo con impuestos cedidos. La idea es que, como son claves para un estado de bienestar "avanzado", sean cada vez más homogéneos para todos los españoles vivan donde vivan. El PSOE propone, además, incorporar al mantenimiento este bloque los impuestos sobre determinados medios de transporte y las tasas de servicios públicos transferidos.

Simplificar el sistema con sólo tres fondos

Primero, el Fondo de Financiación de Servicios Públicos Fundamentales, que como su nombre indica sería para los mismos y se nutriría igual que ahora pero con los citados cambios en los porcentajes del IVA e impuestos especiales y con los mencionados para casarlo con la población ajustada. En segundo lugar, un Fondo de Desarrollo de las Autonomías, para nutrir el resto de servicios públicos y que se repartiría según la población de derecho, y se dotaría de los tributos cedidos y una aportación de la AJE de lo que en estos momentos se dedica al Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación, que desaparecerían. En tercer lugar, un Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales para asegurar su sostenibilidad en periodos de menos ingresos, o sea, sería como una hucha. Garantizaría la dinámica del modelo y se constituiría con los excedentes de años de mayor bonanza para evitar los vaivenes de los ciclos económicos.

Corresponsabilidad fiscal con matices

El PSOE no apoya la "corresponsabilidad fiscal" sin matices, sino la que garantice la suficiencia para el sistema "sin grandes diferencias entre las CCAA". La idea sobre la que pivota la propuesta es evitar la competencia fiscal a la baja por la que ciertas CCAA mejor financiadas se permiten reducir sus impuestos cedidos (los más importantes sucesiones y donaciones, pero también el de patrimonio y el de actos jurídicos documentados) mientras que las que están peor no pueden porque si no, no llegan para cubrir sus gastos. Sin tocar la autonomía de los territorios para estas decisiones, se aboga por "fijar unos patrones mínimos de regulación", en temas como mínimos exentos, tipos impositivos, deducciones... 

Rechazo a los copagos 

Los socialistas pretenden en su propuesta que esto quede fuera del debate. Primero porque su capacidad de generar recursos para la financiación es poco significativa y segundo porque es una medida "profundamente regresiva que ataca la igualdad" de acceso a los servicios públicos.

En busca de nuevas fórmulas para la deuda pública 

Proponen explorar salidas a los mercados de deuda pública a través de emisiones conjuntas, de varias CCAA o con la AJE. Se trata de ir perdiendo poco a poco la dependencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por la que el AJE tutela la financiación de la deuda pública de las CCAA y limita su autonomía, mediante un calendario "realista" para su retirada. En paralelo, rechaza que desde el Gobierno de España se tenga la tentación de sustituir la dotación de recursos a las CCAA por condonaciones de deuda pública.

Cambios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) 

Propone un cambio en el reglamento para una mayor participación de las CCAA en la toma de decisiones, por ejemplo a la hora de fijar el IRPF o el IVA, y estableciendo para ello un sistema de voto ponderado por población. Incluso abogan en el futuro por un órgano de participación en la materia para las administraciones locales.

Eliminación del statu quo 

Los cambios supondrían pérdidas en ciertas CCAA para la prestación del resto de servicios públicos, ya que percibirían en torno a 200 millones de euros menos, especialmente Cantabria y La Rioja. La propuesta considera asumible que lo compense la AJE con una aportación a las mismas el primer año del nuevo sistema. Pero el objetivo es eliminar un statu quo para "acabar con los privilegios" que el modelo en vigor ha supuesto para algunas CCAA. 

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