El PSOE pide a la alcaldesa de Marbella que “limite” las funciones municipales de un condenado en 'Malaya'
La sentencia del 'caso Malaya' no es firme, pero el PSOE de Marbella considera que la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), debe “limitar” las responsabilidades públicas del condenado por cohecho Pedro Pérez 'El Chotis', antiguo brazo derecho del prófugo del Partido Andalucista (PA), Carlos Fernández.
El viceportavoz municipal socialista en el Consistorio marbellí, Ricardo López, ha recordado este jueves en rueda de prensa la condena de dos años de prisión y cinco años de inhabilitación “para el desempeño de empleo o cargo público”, que recae sobre Pérez, según reza la sentencia de la Audiencia de Málaga conocida el pasado 4 de octubre. Se le impuso pena de multa por importe de 84.000 euros. El tribunal considera probado que recibió sobornos del cerebro de la trama municipal y principal condenado, Juan Antonio Roca.
“Entendemos que Pérez no debe ser el coordinador de negociado de Deportes, porque no debe haber ningún ciudadano condenado, con responsabilidades sobre el dinero, con capacidad para hacer esa gestión”, denuncia el edil opositor.
Pérez Salgado fue secretario provincial del PA en Málaga y es funcionario laboral del Ayuntamiento como auxiliar administrativo. Se da la circunstancia de que 'El Chotis' llegó a representar a su partido en las negociaciones con PSOE, PP e IU que desembocaron en la creación de la Comisión Gestora de Marbella. Fue tras la disolución del Consistorio marbellí, a raíz de la primera fase de la llamada 'operación Malaya' en marzo de 2006. Pérez fue detenido y encarcelado- de forma preventiva durante 6 meses- en la tercera fase del operativo policial.
Ricardo López hace el siguiente anuncio a la alcaldesa: “Si no toma esta decisión pensaremos que no solo está favoreciendo, sino premiando, actos delictivos. Así que debe tomar la iniciativa y acometer tal responsabilidad”.
Los socialistas marbellíes plantean un segundo escenario. Si la también presidenta de la FAMP, Ángeles Muñoz, mantiene en tan alta responsabilidad al condenado exedil del PA, “seremos todos los partidos de la oposición quienes lo planteemos”. Se trataría de forzar incluso un pleno extraordinario para reclamar la limitación de responsabilidades de Pérez.
El PSOE también llama la atención sobre determinados “complementos de productividad” que el equipo de gobierno del PP viene asignando a Pérez Salgado. En uno de ellos, autorizado el 25 de septiembre de 2012 por el coordinador municipal de Hacienda, Carlos Rubio, se le asignaron 385 euros mensuales, según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. El sueldo anual del exdirigente del PA “es de 38.600 euros”, según el PSOE, “sin contar los pluses y complementos de productividad”, aclara López.
Este medio ha recabado la versión de Rubio, quien se remite a una propuesta de la directora del área de Recursos Humanos, Organización y Calidad, Lourdes Martín Lomeña que “yo me limité a firmar”, aclara.
No obstante, en dicho documento se indica que se trata de un decreto de Alcaldía. Así pues, la responsabilidad del incremento salarial de Pérez es competencia directa de la regidora. Carlos Rubio tiene claro, tras leer las penas impuestas al funcionario municipal, que “cuando el fallo sea firme tendrá que abandonar inmediatamente el Ayuntamiento de Marbella”. De momento, para el PSOE, “la pelota está en el tejado de la alcaldesa”, ha advertido Ricardo López.
Limitaciones también para Guardabrazo
El PSOE marbellí también ha ampliado su petición de “limitación de responsabilidades municipales” al director de Planeamiento Urbanístico, Federico Guardabrazo, a la espera de sentencia tras un juicio en el que la Fiscalía de Málaga le solicitaba dos años de prisión. Se trata de una presunta estafa inmobiliaria en la que se vio vinculado dicho funcionario. Fue en el marco de una excedencia durante su actividad privada.
Como viene informando este medio, la alcaldesa mantiene desde 2007 su “plena confianza” en Guardabrazo al frente de la gestión y desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Muñoz hace un distingo: “esa imputación forma parte de su actividad privada y no afecta a lo municipal”. Pablo Moro, concejal delegado de Urbanismo, mantiene también su “absoluto respaldo” hacia Guardabrazo, con quien trabaja codo a codo como su brazo derecho en el plano técnico.
