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Juzgan al jefe de gestión del PGOU de Marbella por un caso de estafa inmobiliaria

Federico Guardabrazo se enfrenta a dos años de prisión.

La alcaldesa nunca lo ha destituido tras conocerse su imputación en 2007.

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Federico Guardabrazo, responsable del PGOU marbellí

Federico Guardabrazo, responsable del PGOU marbellí

El urbanismo de Marbella no consigue borrar sus fantasmas del pasado y actualmente  sigue envuelto en la polémica y los escándalos. El jefe de gestión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Federico Guardabrazo, considerado el número 2 del área tras el concejal del PP Pablo Moro, se sienta estos días en el banquillo de los acusados junto a otras doce personas. Se trata de un caso de estafa inmobiliaria por el que la Fiscalía solicita para él dos años de prisión por un delito de receptación.

En el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, que obra en poder de eldiario.es, se sostiene que Guardabrazo y su cuñado, el procurador Juan Mena Lirio, compraron dos parcelas en Marbella "a sabiendas de su ilícita procedencia", en el marco de una estafa. Las fincas eran de un ciudadano árabe que denunció los hechos. La operación tuvo lugar el 21 de julio de 2002. Ambos cuñados se enfrentan también a una multa por importe de 234.000 euros.

Guardabrazo es uno de los 13 procesados vinculados a una supuesta red delictiva juzgada por delitos de estafa, receptación y falsificación de documentos cuyos antecedentes se remontan a 2001, cuando comenzaron otros casos de estafas de esta índole en la Costa del Sol.

Los hechos por los que está siendo juzgado el actual responsable de la gestión del PGOU marbellí tuvieron lugar durante un periodo de excedencia, en 2002 , siendo alcalde Julián Muñoz, tras la inhabilitación de Jesús Gil a raíz de la condena por prevaricación del llamado 'Caso camisetas'.

Durante su declaración de este jueves ante el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia de Málaga, Guardabrazo dijo ser "víctima de una estafa", en lugar de autor. Se desvinculó de cualquier relación con otros procesados salvo su cuñado, en quien dijo confiar "plenamente".

En el marco de su defensa, el funcionario municipal marbellí asegura haber puesto en conocimiento de la Comisaría de Marbella el descubrimiento de documentos falsos en el marco de la compra-venta de las parcelas. Su denuncia no llegó a ningún lado, porque la Policía ya investigaba los hechos.

Para contrarrestar su argumentario victimista el abogado que representa al ciudadano árabe perjudicado por la estafa, Salvador Guerrero Palomares, le recordó a Guardabrazo que él "no se allanó" (mostrar su conformidad) cuando presentaron una demanda en la vía civil, antes de acudir a la vía penal para denunciar la estafa.

Durante el interrogatorio de las defensas el hombre fuerte del actual urbanismo marbellí insistió en que es objeto de "una parafernalia de acusaciones falsas" y "víctima de un engaño", además de "víctima de una pena de banquillo y víctima de la prensa", concluyó al término de la sesión.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, podría haber evitado en 2007 que el escándalo fuera a más si, tras conocerse la imputación de Guardabrazo, funcionario topógrafo de profesión, lo hubiera cesado en sus responsabilidades, como le reclamaron todos los grupos de la oposición.

Sin embargo, la regidora del PP no sólo no destituyó en su puesto al imputado, sino que ratificó públicamente su confianza en él. Muñoz basó su argumentación en que al haber cometido Guardabrazo el presunto delito del que se le acusa durante una excedencia, "en el marco de su actividad privada", ello-dijo- "no afecta a su gestión municipal".

Desde entonces el poder de Guardabrazo en el Consistorio marbellí ha ido a más y ahora es el jefe del llamado "plan estratégico" de la ciudad, encargado de gestionar grandes proyectos como el frustrado puerto deportivo que iba a acometer el jeque Al-Thani, o el macro proyecto del nuevo polígono industrial.

Cabe recordar que el ex gerente del área de Urbanismo de Marbella y principal acusado en el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, hizo el siguiente comentario en un corrillo de abogados durante una de sus muchas visitas a los tribunales, previas al inicio del 'caso Malaya': "Hay que ver, resulta que el que me sustituye está imputado en una estafa y le piden dos años de prisión. Yo al menos cuando llegué estaba inmaculado". Así se refirió el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal a Guardabrazo.

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