El pulso entre PSOE y Podemos-IU bloquea el blindaje del gasto educativo
PSOE, Podemos e IU están explorando la posibilidad de alcanzar un acuerdo político para blindar un suelo de financiación para la educación pública andaluza. Pero el margen de negociación es muy estrecho y la desconfianza mutua es palpable. La iniciativa parte de la coalición Podemos-IU, que registró hace tres semanas una proposición de ley en la Cámara que fija el gasto educativo andaluz en el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), equiparándolo a la media europea. Actualmente está en el 3,9% para la educación no universitaria. Los socialistas han tanteado a sus adversarios para tratar de llegar a un acuerdo más amplio (sumando al resto de fuerzas políticas), pero existen serias discrepancias partidistas y económicas que les separan.
La primera tiene que ver con la lucha perenne entre las fuerzas de izquierda por capitalizar esta propuesta, que los tres grupos recogen en sus programas electorales. Podemos e IU creen que este debate, en el marco de la medida que ellos han llevado al Parlamento, deja en evidencia al PSOE de Susana Díaz, no sólo porque el presupuesto actual para educación de la Junta es sensiblemente inferior, sino porque hace apenas un mes el secretario general socialista, Pedro Sánchez, ordenó a su grupo abandonar la Subcomisión del Pacto de Estado para la Educación en el Congreso, precisamente porque el Gobierno de Mariano Rajoy se había negado a blindar el 5% del PIB para el gasto educativo. “Lo que defienden en Madrid como oposición es distinto a lo que hacen en Andalucía desde la Junta”, denuncian.
Ésta es la segunda vez que Podemos registra la misma iniciativa en el Parlamento. La primera ya fue vetada por los socialistas andaluces y sus socios de Ciudadanos, semanas antes de que Sánchez exigiera la misma medida al Ejecutivo de Rajoy en la Cámara Baja.
En el PSOE andaluz no sentó bien que los socialistas se levantaran de la mesa de negociación del Pacto de Estado para la Educación, pero rechazan que se equipare ese debate con lo que están planteando en el Parlamento de Andalucía. “Aquello es un primer paso para un pacto a futuro, aquí estamos hablando de consensuar una ley que garantice la sostenibilidad del sistema educativo público, similar a lo que pretendemos hacer en sanidad. Es algo más real y tangible”, advierten fuentes socialistas. La Cámara autonómica acoge ahora la fase final del proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del sistema sanitario público, una norma con la que la Junta persigue blindar el presupuesto sanitario. El pasado mes de marzo, el texto superó una enmienda a la totalidad del PP, gracias al rechazo de PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU, que votaron para que siguiera adelante el texto y poder incluir sus aportaciones vía enmiendas.
Por vía urgente
Susana Díaz aspira a reconducir el tema del presupuesto educativo, aparcar la iniciativa de sus rivales, y reformular el asunto con un formato de ley similar al que han trabajado para sanidad. Pero Podemos e IU no aceptarían que una iniciativa firmada por ellos se transformara en una medida diseñada por el Gobierno andaluz, de ahí que el PSOE baraje, como alternativa, registrar una proposición de ley nueva firmada por los tres grupos, que se tramitaría por la vía urgente para que entre en vigor esta legislatura. Es la misma fórmula que PSOE y Podemos acaban de usar para pactar la proposición de ley de Caminos Públicos, una iniciativa que también entró en el Parlamento de la mano de la formación morada, y posteriormente fue renegociada junto a la Consejería de Medioambiente.
A pesar de las conversaciones informales entre ambas partes, no existe aún una negociación formal entre PSOE, Podemos e IU. La formación de Teresa Rodríguez y la de Antonio Maíllo no quieren sentarse, porque los socialistas les piden, para empezar a hablar, que retiren su proposición de ley y empiecen de cero. Esta iniciativa ha sido dos veces aplazada del orden del día del Pleno por la Junta de Portavoces, porque se le ha dado prioridad a otros asuntos que se registraron antes o que venían de la mano del propio Gobierno andaluz, explican fuentes parlamentarias. No obstante, el PSOE admite que el margen para negociar será “mínimo” si la iniciativa de Podemos e IU entra finalmente en el debate plenario. “Un compromiso presupuestario de este calibre no se puede sustanciar en dos artículos y en el debate de una sola tarde, buscamos un acuerdo más ambicioso”, dicen. Si al final la medida llega al Pleno, los socialistas se verán en la tesitura de votar a favor o rechazar una propuesta muy similar a la que defienden en el Congreso (el Gobierno ya ha mostrado predisposición a valorar ese aumento del 5% del PIB que exige el PSOE para volver a la mesa de de negociación del pacto educativo).
Gasto universitario
Al margen del pulso partidista, la proposición de ley de Podemos e IU plantea una dificultad técnico jurídica para el acuerdo: los dos grupos presentan el blindaje del gasto educativo a través de una reforma de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), que regula exclusivamente las etapas no universitarias. Y aquí es donde entra la segunda discrepancia, que tiene que ver con los números: el PSOE no comparte el cálculo del PIB educativo que ha hecho Podemos e IU, porque no computan el presupuesto para universidades, que “también es inversión educativa”. Según sus cifras, actualmente el gasto educativo del Gobierno andaluz asciende al 4,5% del PIB sumando el presupuesto de universidades (en lugar del 3,9%). Con este cálculo, el esfuerzo inversor que tendría que hacer la Junta para cumplir con el tope que reclaman Podemos e IU sería sensiblemente inferior, entre 60 y 80 millones de euros en el Presupuesto actual, según las cuentas que baraja el PSOE. La propuesta de sus rivales habla de un aumento de 1.500 millones para la etapa no universitaria.
De todas formas, esta discrepancia de números es el último escalón de la negociación. Para entrar a considerar si el gasto universitario computa o no en el PIB educativo, lo primero sería retirar la proposición de ley de Podemos e IU, porque técnicamente no se puede negociar un aumento para universidades en el marco de la LEA, que sólo regula desde Infantil a Bachillerato y FP. Además Maíllo, que tiene experiencia como ex alto cargo de la Consejería de Educación, no cree que todo el presupuesto universitario pueda computar como gasto educativo, porque el grueso de la partida lo acapara la investigación, de modo que “en ningún caso llegaría al 4,5% del PIB”. El líder de IU defiende que para incluir el gasto exclusivamente educativo de las universidades, sería preciso hacer una ingeniería financiera para desagregar del capítulo 1 del presupuesto –el de personal- el tiempo que los profesores dedican a enseñar, para así dejar fuera las horas de investigación (“que son la mayoría”).
El año pasado, el presupuesto de educación del Gobierno de Rajoy rondaba el 4% del PIB, y el PSOE federal denuncia que se prevé una reducción de hasta el 3,67% en este ejercicio. En 2017, el gasto educativo en la Junta de Andalucía representó el 5,1% del PIB (7.500 millones de euros al año), según datos de la Consejería de Presidencia, una inversión que suma el presupuesto para enseñanzas medias y también para universidades. Podemos, IU y PSOE comparten una amplia base ideológica en defensa de la educación pública, de hecho, hace menos de un mes firmaron un acuerdo para la reforma de la financiación autonómica que incluyo el blindaje del 5% del PIB estatal para educación y el 7% para sanidad pública. La falta de sintonía personal y política entre estos tres grupos que se disputan al electorado de izquierdas explican, en parte, que el Gobierno de Susana Díaz busque mejor acomodo en un pacto con Ciudadanos, un partido liberal conservador. Podemos ha amagado con abandonar el pacto andaluz de financiación -donde están todos los partidos, excepto Cs- si Díaz no se aviene a aceptar su propuesta para blindar el 5% del PIB para la educación pública.
