PSOE y Unidas Podemos bloquean el veto de Vox para salvar la Ley de Economía Circular del Gobierno de Moreno
La Ley de Economía Circular del Gobierno de Juan Manuel Moreno ha superado este jueves el debate de totalidad en el Parlamento andaluz, después de que los grupos de izquierdas hayan dado la espalda a la enmienda registrada por Vox para frenarla. Todos los grupos de la Cámara han votado en contra del veto de la extrema derecha. Se inicia ahora la tramitación de la primera iniciativa legislativa de este periodo de sesiones, el último de la legislatura antes de las elecciones andaluzas, según el propio Moreno.
El PSOE y Unidas Podemos discrepan del proyecto de ley, que creen poco ambicioso, pero han facilitado su tramitación para introducir sus aportaciones en el turno de las enmiendas parciales a una norma que regula políticas de reciclaje, contra el desperdicio alimentario y para la reutilización de residuos y de agua. La complicidad con las izquierdas en estos objetivos permite al Ejecutivo de PP y Cs avanzar con su agenda legislativa, sin atisbo del bloqueo parlamentario o la pinza Vox-PSOE a los que alude recurrentemente Moreno para esgrimir un adelanto electoral.
El primer Pleno del año es el reflejo de una geometría variable que ha permitido al Gobierno andaluz sacar adelante dos leyes, la primera pactada y firmada con Vox, y la segunda esquivando el veto de Vox con el apoyo indirecto de las izquierdas. A diferencia del sudoku de pactos que necesita el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso, en el Parlamento andaluz hay menos de negociación a dos bandas de lo que parece. La Administración de Moreno ha sido hábil a la hora de compaginar algunos acuerdos con su socio preferente de legislatura -Vox-, y esperar el rescate de las izquierdas en asuntos que la extrema derecha rechaza de plano. “Las matemáticas son así: cuando les falla la extrema derecha, acuden a nosotros”, resumió la diputada socialista Mercedes Gámez.
Esta carambola parlamentaria explica cómo el Gobierno andaluz impulsó el miércoles el indulto a regadíos ilegales junto a Doñana, pactado con Vox y con la abstención cómplice del PSOE, y el jueves sacó adelante una ley que habla de sostenibilidad y compromiso verde, con la connivencia del bloque de izquierdas. Un difícil equilibrio en el discurso medioambiental y la llamada “revolución verde” que predica el presidente Moreno, pero que encuentra cobertura en los grupos de la Cámara, muy condicionados por la inminencia del adelanto electoral.
El Parlamento inició el miércoles el trámite de urgencia para legalizar 1.461 hectáreas que, desde hace años, esquilman el acuífero en la corona norte de Doñana, una proposición de ley de PP, Cs y Vox, que contó incluso con la polémica abstención del PSOE. 24 horas después, los socialistas, la coalición Unidas Podemos y los diputados no adscritos han votado en contra de la enmienda a la totalidad de Vox a la ley de Economía Circular, que han conocido apenas 15 minutos antes de ser calificada y aceptada por la Mesa de la Cámara. Las izquierdas han sido muy críticas con la tramitación de esta norma por la vía de urgencia, reclamaron sin éxito a la presidente del Parlamento, Marta Bosquet, que postergase el debate hasta el próximo Pleno, para poder estudiar bien la ley y sopesar su propia enmienda a la totalidad.
La ley ha sido presentada por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que ha calificado la norma como “la más pionera del mundo en materia de economía sostenible”. Aunque sólo un miembro del Gobierno -el vicepresidente Juan Marín- estaba presente durante su intervención, en un salón de Plenos casi vacío [el presidente Moreno está de visita oficial en Dubai]. Andalucía es la segunda comunidad autónoma, después de Castilla La Mancha, que regula una norma sobre el reciclaje y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
La ley andaluza entronca con las directrices europeas, con los objetivos de la agenda de sostenibilidad 2030, compartidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, que también tramita una ley estatal. De ahí que el portavoz de Vox, Rodrigo Alonso, haya justificado su enmienda a la totalidad tildando la norma de “comunista”. La norma andaluza se enmarca en esa agenda promovida por Naciones Unidas en 2015, con 17 objetivos de lucha contra el cambio climático a alcanzar en un plazo de 15 años.
El objetivo de la ley, dice Crespo, es crear un marco normativo adecuado para la transición hacia un modelo de protección ambiental que fomente el uso racional de los recursos, alargue la vida útil de los productos y minimice la generación de residuos. “Esta ley debe acabar con el concepto fabricar-usar-tirar, para sustituirlo por el fabricar-usar-reciclar-reutilizar”, advierte la consejera.
La Oficina Andaluza de Economía Circular será el órgano administrativo encargado de poner en marcha la ley, así como coordinar, dinamizar, asesorar y dar soporte a empresas y administraciones locales. La futura ley promulgará la redacción de la Estrategia Andaluza de Economía Circular como instrumento de planificación, obligará a la tramitación electrónica de todos los procedimientos que derive y sentará las bases para el desarrollo efectivo de una compra pública ecológica. La implantación de este modelo de economía se basará en la huella ecológica de los productos y servicios, la gestión de los bienes no vendidos, el impulso de la reparación y la lucha contra el desperdicio alimentario.
En el desarrollo y adopción de medidas específicas en Andalucía se consideran “fundamentales” la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación en la puesta en marcha de prácticas circulares en el sector público y en el privado. Eso se concretará en la constitución del Digital Innovation Hub de Economía Circular en Andalucía, que se considera “generador de sinergias”. La Junta prevé que las actuaciones necesarias para el tratamiento de residuos requiere una inversión de 450 millones de euros. Los fondos Next Generation ya han hecho llegar 80 millones de euros a Andalucía para la recogida separada de residuos orgánicos.
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