“La cuestión migratoria necesita, sobre todo para menores no acompañados, una respuesta nacional”

El director ejecutivo de Save the Children España, Andrés Conde, considera que el sistema de recepción, acogida e integración de los menores migrantes que llegan a España en patera es más que mejorable. Directamente “vulnera los derechos” de los menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAS. Un equipo de la organización se ha incorporado en Algeciras (Cádiz) a las tareas de primera atención que realizan Salvamento Marítimo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras ONG como Cruz Roja.

“Nos preocupa que la llegada sea tan numerosa que toda la atención esté puesta en cómo se gestiona y no en cómo es el proceso posterior de esos chavales”, dice Conde, que incide en que la menor atención a la determinación de la edad, a la acogida y la ausencia de itinerarios educativos y de regularización administrativa supone “condenar directamente a miles de niños no acompañados a la exclusión social en nuestro país”. Su condición de migrante les lleva a que se incumplan sus derechos, apunta. Atiende a eldiario.es Andalucía durante una visita a Sevilla

¿Cuál es la situación actual respecto a la llegada en patera de menores extranjeros no acompañados?

Llevamos muchos años hablando en España de estos niños, pero afortunadamente se está empezando a hablar ahora en serio de su situación por la envergadura del número de llegadas. Andalucía atendió a 4.000 MENA en su sistema de protección el año pasado y han llegado 1.900 en lo que va de 2018. Creo que hay una mirada pública sobre una consciencia de su especial riesgo y eso es muy importante subrayarlo. Los MENA son el grupo de más vulnerabilidad en nuestro diagnóstico de la infancia, por encima de cualquier otro, de niños en pobreza severa, de niños de etnia gitana o niños LGTBI que tienen unas circunstancias de vulnerabilidad especiales. Estos niños son los que están en mayor riesgo, están en nuestro país y están tutelados por administraciones españolas.

¿Cómo se recibe a estos menores en las costas andaluzas?

La tensión que estamos viviendo en la recepción de migrantes es tan grande que toda la atención está puesta ahí. Pero tenemos que mirar también lo que pasa después, porque nuestro sistema de recepción, acogida y protección vulnera los derechos de esos niños, los que les corresponden como menores de edad. Directamente. No es que sea ineficiente solo o incapaz de ofrecerle soluciones. Nuestro sistema vulnera los derechos de los menores extranjeros no acompañados en diferentes partes del proceso.

¿Qué le preocupa más de esos niños desde que pisan suelo español?

Un momento de enorme riesgo es la determinación de edad. Eso es profundamente ineficiente e insuficiente cómo se está haciendo ahora. Muchos de ellos, a partir de un rápido reconocimiento visual, son tomados como adultos, se envían a un centro de adultos como son los CIE y les sometemos a una situación de enorme riesgo porque, en un mundo de mayores, son mucho más susceptibles de ser víctimas de tráfico, trata, explotación laboral o sexual.

Cuando existen dudas y se les hacen pruebas para determinar su edad, se usan métodos que la comunidad científica ha cuestionado en todos los países como la radiografía del carpo u otros mecanismos de ese tipo con márgenes de error elevadísimos. No se hace una valoración holística de cuál puede ser la edad del menor por parte de profesionales capacitados. Estamos dando como adultos a muchos niños, muchos. Luego llegan a Barcelona o Bilbao, sobre todo, y las administraciones dicen “oiga, que estoy recibiendo niños, esto cómo es posible”. Y vuelven a darse pruebas para determinar la edad, procesos de identificación, etc. Entonces, no estamos haciendo bien esto, claramente, y sometemos a los niños a riesgo.

¿Cuál es el proceso cuando son reconocidos como menores de edad?

Son llevados a recursos de acogida completamente saturados. ¡Se están poniendo en huelga los profesionales que trabajan en los lugares con más recepción! Ese es otro problema, muy grande además. No existen estándares de calidad en las condiciones de los lugares de acogida. Cada comunidad autónoma tiene los suyos, muchos de ellos subcontratados a empresas privadas que están proporcionando esos servicios y que no son especialistas en protección de la infancia sino en provisión de servicios de alojamiento, manutención, seguridad. La inexistencia de esos estándares, de nuevo, coloca a los niños en una situación de riesgo.

Y luego, hay una diferencia brutal entre lo que ofrecen unas comunidades y otras. Unas diferencias que los niños conocen y que llevan a un movimiento interterritorial no controlado al tratarse de centros abiertos. La saturación de los centros lleva a que la atención individualizada que necesitan los niños sea imposible, porque se gestiona un volumen muy encima del que los centros pueden soportar. Ese es otro punto de riesgo para los menores.

¿Cómo se va resolviendo su situación administrativa?

Cuando ya están en los recursos de acogida de larga duración, las comunidades autónomas tienen la obligación de ofrecer un itinerario educativo personalizado para esos niños y niñas. Lo hacen hasta los 16 años porque existen centros escolares a los que se les deriva, pero luego hasta los 18 en muchos lugares no reciben nada o hay una oferta ad hoc con recursos insuficientes. Están dos años en situación de falta de progreso. La tramitación de su situación administrativa es un proceso larguísimo cuando realmente tienen derecho a permiso de trabajo exactamente igual que si hubieran nacido en España, pero muchos llegan a la mayoría de edad sin haber obtenido los papeles.

¿Y qué pasa cuándo cumplen 18 años?

Los niños son puestos en la calle porque ya son adultos y no hay una responsabilidad del Estado. En muy pocas comunidades existen procesos de transición a la vida adulta acompañados por la Administración, que les da un empujón a la exclusión social directamente. Una persona sin regularización administrativa, sin papeles para trabajar, que no ha tenido un proceso educativo que le facilite el proceso al empleo, está condenada a empleos irregulares o, directamente, como ocurre en el caso de las niñas, a la prostitución.

¿Qué opinión le merece el concepto 'efecto llamada'?

En otras comunidades autónomas hay una preocupación más fuerte que en Andalucía de que si el sistema cumple con los requerimientos que corresponden se puede provocar un eventual efecto llamada. Eso es ridículo. No vienen por las condiciones que tengamos sino expulsados por las condiciones de sus países de origen. Es una obviedad pero hay que recordarlo constantemente. Hay efecto expulsión imparable, por una brecha de renta y por una renta demográfica brutal. Una Europa rica en términos de bienestar y envejecida demográficamente, y un norte de África muy empobrecido y muy joven que busca oportunidades. Por malo que sea el sistema de acogida y protección, van a seguir viniendo en masa.

¿Qué debería hacer la Junta de Andalucía para mejorar el sistema?

Es más que la Junta. Los menores no llegan a Andalucía, sino a la frontera sur de Europa. La cuestión migratoria necesita, y sobre todo para los menores no acompañados, una respuesta nacional. Estamos corriendo el riesgo, cada vez mayor, de conflictos entre comunidades autónomas por estos menores. Ya están teniendo lugar y acusaciones que miran a Andalucía que seguramente son injustas, pero la falta de una política de Estado lleva a esto, a soluciones distintas entre comunidades autónomas. Unos no miran el problema y otros están cargando con todo él por cumplir con su deber. Hace falta una regulación de los MENA a nivel estatal.

En cualquier caso, ¿cómo debe hacer la administración andaluza?

Hay que responder a la realidad de las llegadas pero sin olvidar las carencias del propio sistema. Es verdad que la presión de las llegadas es muy fuerte pero no olvidemos que hay una serie de incumplimientos en el proceso de recepción, acogida e integración que hay que resolver lo antes posible, idealmente a nivel estatal, pero la responsabilidad hoy en día está en la comunidad autónoma.

El Defensor del Menor de Andalucía está promoviendo un encuentro entre administraciones para distribuir de forma “solidaria, ordenada y equitativa” a estos migrantes menores. ¿Qué le parece?

Está en lo cierto. Está pidiendo una política de Estado, acuerdos básicos entre comunidades autónomas, que no esté sujeto a negociaciones bilaterales. Hace falta que no se entienda que esto es un problema solo de Andalucía sino nacional. Llegan a Andalucía por razones geográficas, pero esos niños son una responsabilidad de todos. Hace falta una transferencia de recursos hacia los lugares que tienen el mayor peso del problema. Esos recursos tienen que venir de Europa pero, si no llegan de Europa, tienen que venir del Estado.

Ustedes ya han planteado la extensión del acogimiento familiar a menores llegados en patera, ¿cree que podría ser esa una solución?

Para un menor de edad en situación de desamparo lo mejor, siempre, es el acogimiento familiar. El mejor entorno para un menor es una familia, mucho más protector y mucho más eficaz. En el caso de MENAS entraña desafíos. Hay diferencias culturales, de idioma, se trata sobre todo de adolescentes entre 15 y 16 años, no de niños muy pequeños. Aún así, hay familias dispuestas a acoger. En la medida que eso sea posible, es la mejor solución. La institucionalización debe ser siempre la última de las soluciones.

¿Cómo se puede compaginar una protección lo más rápida y eficaz posible con un proyecto migratorio que normalmente culmine en otro país de Europa?

Para estos menores hay que buscar una solución duradera. A veces, la mejor solución es el retorno al país de origen, siempre que las condiciones sean de seguridad física y económica. Si no, el reasentamiento en otro país. Pero también puede ser la integración en el país de tránsito que en este caso es España. Hay que analizar la situación de cada menor y, si eso es lo que desea, una familia de acogida es la mejor solución.

No sé si ha podido ver imágenes de menores esposados con cuerdas a su bajada del barco de Salvamento Marítimo en Cádiz.

Ni para adultos ni para menores, pero es inaceptable e ilegal en el caso de los menores. Ningún niño, en ningún país del mundo, puede ser detenido ni internado en instalaciones policiales. Eso no se puede hacer, porque incumple la Convención de los Derechos del Niño. Estas personas no son criminales y no son peligrosas. Y lo sabemos. Hemos recibido miles desde hace años y no hemos visto sucesos o situaciones de peligro. No necesitan ese trato. Siempre debe operar una presunción positiva de su minoría de edad: ante la duda, entendamos que son menores. Eso tampoco ocurre actualmente.

Por último, y en todo caso, ¿qué podría hacer la Junta para mejorar su sistema de recepción, acogida y protección respecto a estos menores migrantes?

La Junta debería asegurar, lo mas importante y más urgente, que la determinación de la edad se hace de modo correcto. Es donde en mayor riesgo estamos colocando a los niños, evitando que sean considerados adultos por un análisis visual y procurando que haya también una valoración psicológica de la situación del menor. Asimismo debería asegurar que el menor es informado de su situación en un idioma que pueda comprender. Hay entidades que pueden hacer esa labor.

La Junta debería asegurar que haya centros de acogida con capacidad para una atención individualizada y eso implica un aumento de plazas disponibles. También debería establecer estándares de calidad exigentes en la atención que se les da estos menores y garantizar itinerarios educativos personalizados para chicos entre 16 y 18 años. Y también que los procesos de regularización administrativa sean lo más ágiles posibles y asegurar procesos de transición a la vida adulta a través de pisos específicos o sistemas de acompañamiento.