La vecina de un pueblo de Sevilla en riesgo de desahucio intenta evitarlo impugnando las cláusulas abusivas de la hipoteca

Nueva estrategia jurídica a pocos días de que se cumpla el plazo para que la vecina de Bormujos (Sevilla) en riesgo de desahucio, Dolores Jiménez, abandone de forma voluntaria la que ha sido su vivienda durante los últimos 21 años, tras la moratoria de tres meses concedida por el juez para el lanzamiento.

José Montero, abogado del despacho bilbaíno Montero de Cisneros, que ha asumido el caso para defender los intereses de esta mujer discapacitada de 56 años, ha presentado este jueves ante el Juzgado de Primera Instancia número 29 de Sevilla, especialista en cláusulas abusivas, un total de seis demandas de nulidad contra cláusulas contenidas en la hipoteca que esta vecina tenía con el Banco Sabadell.

Estas demandas pretenden paralizar el procedimiento y evitar que Dolores tenga que dejar la vivienda, que está adaptada a sus circunstancias físicas personales.

En concreto, las demandas presentadas en el juzgado se refieren a cláusulas como la de gastos, intereses de demora, comisiones de deuda o vencimiento anticipado, y persiguen anular la base que dio lugar, en parte, al impago de las cuotas y la posterior dación en pago del piso, según ha explicado el letrado.

El juzgado debe pronunciarse en 20 días

Se trata, según Montero, de seis litigios en Primera Instancia para “deshacer” en el plano jurídico el fundamento de la dación en pago negociada en su día entre la familia y el Banco Sabadell. El juzgado deberá pronunciarse en un plazo de 20 días, según el abogado, sobre la medida cautelar de urgencia solicitada junto a estas demandas para que Dolores no tenga que dejar la casa en la que vive con su familia.

La expulsión de esta mujer del piso con dichos pleitos en marcha podría ocasionar, a juicio del letrado, “un daño irreparable” si finalmente el Juzgado de Primera Instancia da la razón a la familia respecto a la nulidad de las cláusulas hipotecarias impugnadas, ha indicado. En este sentido, ha recordado que recientemente el Tribunal Constitucional ha resuelto que aunque los préstamos hipotecarios estén caducados o sean nulos, la nulidad sigue siendo imprescriptible.

Venta a un fondo de inversión

Asimismo, el abogado ha desvelado que el pasado mes de diciembre la entidad bancaria transfirió la titularidad y el contrato de alquiler de la vivienda donde reside Dolores a un fondo de inversión, sin dar opción –en opinión del letrado-- a “resolver amistosamente el conflicto”, pese a que actualmente Dolores y su familia pueden afrontar económicamente el alquiler y ponerse al día respecto a las rentas adeudadas, ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Bormujos, el socialista Francisco Molina -que gobierna el Ayuntamiento junto a Ciudadanos-, hasta ahora había mantenido una posición de mediación en este caso para intentar alcanzar una solución acordada con el banco que fuera satisfactoria para Dolores. No obstante, el regidor bormujero se ha alineado este jueves de forma contundente en favor de la vecina afectada.

Molina ha llegado a solicitar el veto por parte del Ayuntamiento al Banco Sabadell y a cualquier entidad bancaria que “no cumpla con la responsabilidad social corporativa y el código de buenas prácticas” en el sector financiero, en relación a las personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, ha indicado que impulsará una declaración institucional, para la que buscará el apoyo de los grupos representados en el Consistorio.

“Problema humanitario”

“Está en su mano paralizar el lanzamiento previsto”, ha espetado el alcalde refiriéndose a la entidad bancaria, y ha considerado que este caso entraña un “problema humanitario”, por lo que ha dicho no entender la negativa del Sabadell a atender la demanda de esta vecina.

Bien distinta es la versión que ofrece el Banco Sabadell. Fuentes de la entidad consultadas por eldiario.es/andalucia han insistido en que Dolores Jiménez no se encuentra en situación de vulnerabilidad y no cumple los criterios para esta consideración.

Desde el Sabadell niegan no haber atendido el caso de Dolores y recuerdan que tiene ya un alquiler social desde hace más de cinco años, que además ha sido revisado a la baja varias veces en este periodo, sin que, no obstante, las cuotas hayan sido satisfechas por la inquilina.

De hecho, los impagos respecto al alquiler de la vivienda derivaron en el procedimiento de desalojo tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Sevilla, que el pasado mes de octubre paralizaba durante tres meses el lanzamiento instado respecto al piso, en virtud de un informe del Ayuntamiento de Bormujos sobre la “vulnerabilidad social y económica” de esta familia.

La política del banco en relación a la atención a los casos de especial vulnerabilidad habitacional “sigue siendo la misma” y en este caso “hemos actuado con mucha diligencia y siguiendo los criterios establecidos”, indican las fuentes del Sabadell.

Actuación “en conciencia”

“Hemos actuado en conciencia, teniendo la certeza de que esta señora no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, no se ajusta a los criterios”. “Flaco favor haríamos a otras muchas personas que sí se encuentra realmente en una situación de este tipo”, insisten.

La entidad, desde la que no se han querido facilitar cifras sobre la deuda que mantiene la afectada –que su abogado cifra en unos 6.000 euros--, sí ha confirmado que la vivienda ha cambiado de propiedad y que se ha transferido también el contrato de alquiler de Dolores, ya que el inmueble forma parte de un conjunto de activos que el Sabadell ha vendido últimamente, han explicado. Dicha operación se ha formalizado a finales del año pasado, coincidiendo con el final del plazo voluntario para que esta vecina abandone el piso.