Los sindicatos respaldan a los letrados del SAS y exigen a la Junta que “cumpla sus compromisos”

Los sindicatos sanitarios andaluces están del lado de los abogados que trabajan para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Estos han decidido presionar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que se apruebe un nuevo reglamento que contemple sus verdaderas funciones y limite el exceso de trabajo que sufren los 42 profesionales en activo. Para ello, han decidido dejar de dar asistencia a los sanitarios en el caso de que sufran amenazas o vejaciones, una de las cuestiones por las que más se reclaman sus servicios.

Los letrados, asociados en ALAS, pertenecen a la Administración andaluza y por ello piden un esfuerzo al Ejecutivo regional para que cumpla compromisos adquiridos. Entre ellos, el de incluir una partida presupuestaria para desarrollar un nuevo reglamento en las cuentas de Andalucía para 2024 que no se ha habilitado finalmente. Como esto no ha sucedido y desde 2020 se hacen cargo de más funciones de las previstas al dar su visto bueno al Plan de Prevención y Atención frente a agresiones a profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía presumiendo que Salud regularía sus funciones tarde o temprano, han decidido pasar a la acción. Y no están solos porque los sindicatos presentes en la mesa sectorial sanitaria les respaldan.

CSIF, UGT, CCOO, Satse y Sindicato Médico entienden su situación y apoyan que presionen para lograr el reglamento que necesitan para poder desarrollar de forma “digna” su trabajo. Victorino Girela, portavoz de CSIF, recuerda que el compromiso de la actual consejera de Salud, Catalina García, era “revisar las actuaciones judiciales frente a las agresiones” teniendo en cuenta que entre 2018 y 2021, según los datos de los propios letrados, atendieron casi 5.000 casos por toda Andalucía tratándose de una plantilla que no llega a los 50 efectivos.

“La culpable última es la Administración”

Lo peor, según Girela, “es que la mayoría de las actuaciones con agresiones no físicas no tienen recorrido por no estar bien tipificadas ni sancionadas. Mucho trabajo, pocos letrados, trabajo inefectivo y compromisos incumplidos de la entonces viceconsejera”. No en vano, cuando el plan de prevención de agresiones se selló en 2020, García era la número dos de Jesús Aguirre en Salud. “Entendemos que los letrados, que son trabajadores al fin y al cabo, defiendan su convenio y sus derechos y luchen por ellos. La culpable última es la Administración que debería haber aumentado el número y haber negociado un nuevo convenio con funciones que antes no tenían y ahora sí, para lo cual no tienen suficiente tiempo ni les son retribuidas”, apunta el portavoz de CSIF. 

Para Antonio Macías, sindicalista de UGT, esta medida que han tenido que tomar los letrados es “una muestra más del desinterés que se tiene por los profesionales y su bienestar”. Con los centros sanitarios “saturados” y con “dificultades” para colmar las expectativas de los pacientes de ser atendidos en un tiempo prudencial, “si cada vez es más difícil el acceso a nuestros médicos de familia y la solución que plantea la administración es que acudan a otros profesionales de ”administración y gestión o a enfermería“, es más que evidente que la irascibilidad del usuario aumenta considerablemente y paga sus frustraciones con quienes se encuentran primero, que son todo el personal”. Por ello, las agresiones “no paran de ocurrir” y el trabajo de los letrados por ende también se incrementa, según Macías.

Miles de agresiones al año

“Si a esto le añadimos ahora que ni siquiera van a tener la asistencia legal es verdaderamente bochornoso y descorazonador, y todo por, una vez más, una desastrosa gestión que está maltratando a nuestros pacientes y a los profesionales que hemos pasado de las palmas y gritos de ánimos a las tortas e insultos no solo de la Administración sino ahora también de los usuarios y sin ni siquiera poder defenderse”. Una opinión similar a la de CCOO. Desde el sindicato “apoyan y entienden las reivindicaciones de los abogados del SAS” y se ofrecen para defenderlos. “Pero no vamos a consentir al SAS que la plantilla, en una situación tan crítica y estresante como una agresión, se encuentre en una situación de abandono”.

“Hemos pedido explicaciones al SAS y vamos a exigir garantías para que no se dé ni una situación de desamparo ni de indefensión a ningún trabajador y estaremos muy atentos para no dar ni un paso atrás en esta situación tan importante para esta organización sindical”. En ese sentido, en Satse, su portavoz José Sánchez, asume que están en su derecho de reclamar soluciones, aunque recuerda que esta medida de presión “colisiona con el derecho del resto de profesionales”. Por ello, desde este sindicato instan al Ejecutivo regional a “solucionar el problema lo antes posible”.

“El SAS no se toma en serio las agresiones”

“Lo que revela es algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo y es que el SAS no se está tomando en serio el asunto de las agresiones a los profesionales”, apunta Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico. “A nosotros nos parece un escándalo que probablemente vayamos a llegar a cerca de las 2.000 agresiones este año, de las cuales un porcentaje nada despreciable son físicas”. Como en el resto de casos, los galenos se ofrecen a aportar asistencia a los letrados para alcanzar un acuerdo que solucione el conflicto.

“Esto lo que demuestra es que el SAS pone en marcha mucha medida cosmética, como el Observatorio de las Agresiones, que en la práctica nace sin funciones y sin capacidad real de implementar ninguna medida de mejora de este problema, pero el plan de las agresiones no está funcionando, las agresiones van a más y aquí nadie hace nada. Y este escándalo sigue sin ser abordado seriamente por parte del SAS”, apunta Ojeda. El portavoz médico se muestra pesimista de que se pueda llegar a un acuerdo dada la actitud de la Consejería de Salud en este sentido.