Susana Díaz descarga un pulso a toda la oposición con tintes de campaña electoral

La líder socialista, que se reunirá con Rajoy la semana que viene, ha acusado 17 veces al Gobierno de “maltratar a Andalucía”

El Parlamento andaluz ha sido escenario este jueves de una tormenta política eléctrica, un pulso más bronco de lo habitual entre la presidenta Susana Díaz y todos los líderes de la oposición -incluidos sus socios de Ciudadanos-; una escena que ha destado de nuevo los rumores de posible adelanto electoral para antes del verano. Los comicios no serán hasta la primavera de 2019, falta todavía un año, pero los grupos no dejan de hablar de la posibilidad de un adelanto y hay indicios en el aire para reflexionar. 

Uno de ellos es la intensa agenda que despliega la presidenta andaluza desde hace semanas: nunca ha sido escueta, pero sólo desde el lunes se ha reunido con sindicatos, empresarios, rectores de la Universidad, miembros del Tercer Sector, investigadores, cooperativas agrarias, sanitarios, profesores… ha visitado guarderías, escuelas, centros de salud… Este jueves ha aprovechado un receso durante el Pleno del Parlamento para recibir a las kellys -el colectivo de camareras de piso que hace una semana recibió Mariano Rajoy en Moncloa- y luego se ha reunido con un colectivo de cazadores.

Otro indicio, quizá más significativo, es el ruido que ha tenido la sesión de control al Gobierno, en el que la presidenta de la Junta se ha mostrado más aguerrida con la oposición que sus adversarios con ella. Díaz está marcando distancias con todos, incluso con sus socios de legislatura, Ciudadanos, que hoy han planteado una pregunta casi en beneficio de la presidenta. El portavoz naranja, Juan Marín, se debate entre el palo y la zanahoria, sin que quede muy claro si los cambios de registro se deciden aquí o en Madrid, donde la presión recae sobre Ciudadanos y la posibilidad de que deje caer al Gobierno de Cristina Cifuentes.

El miércoles, Marín volvió a especular en el Parlamento con un adelanto electoral, a juzgar por el pobre calendario legislativo de 2017, lleno de retrasos e incumplimientos, y del poco exigente panorama para 2018. Así se lo hizo ver en su exposición al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. En la sesión de control, en cambio, ha sido el portavoz de Ciudadanos el que ha completado las respuestas de la presidenta a su pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, lo que le ha permitido a Díaz lanzar una cifra rotunda: un 96,49% de cumplimiento. 

Además la socialista ha anunciado, parafraseando al Ministerio de Hacienda, que Andalucía lideró el gasto en inversión pública entre 2010 y 2017. El resto de argumentario lo ha aportado el propio Marín, agregando datos de ejecución presupuestaria de la Junta capítulo a capítulo. Las quejas han sido mínimas, de ahí su sorpresa cuando en la réplica final, Díaz ha cargado inusualmente dura contra él, le ha pedido que no respalden los Presupuestos Generales de Mariano Rajoy -“que maltratan a Andalucía”- y ha vuelto a reprocharle que sea el único grupo de la Cámara fuera del pacto por la reforma de la financiación autonómica.

“No hay razón objetiva”

Susana Díaz es la que más clara y abiertamente ha negado que vaya a adelantar las elecciones. Es la única potestad exclusiva de la presidenta de la Junta, sólo depende de ella, y en las últimas semanas ha respondido infinidad de veces a esta pregunta: “No, no hay razón objetiva para adelantar las elecciones”; “una comunidad que disfruta de Presupuestos aprobados y estabilidad política no necesita adelantar las urnas”, etc… Para corregirse a sí misma necesita un argumento nuevo y contundente que tumbe el anterior, que tenga más peso, que sirva como excusa razonable, algo que en política llaman ahora “tener un relato”.

Por ahora el relato de Díaz está en los gestos y en las acciones, pero si hubiera que encontrarlo en su discurso, valdría como ejemplo el número de veces que en la sesión plenaria de hoy ha pronunciado las palabras “maltrato a Andalucía”. En todas sus variantes: maltrato, agravio, castigo, humillación, abandono… Cada vez que un presidente andaluz ha alterado el calendario electoral previsto, alguna de estas palabras aparecía en el relato. Esta vez, Susana Díaz habla de maltrato para referirse al proyecto de Presupuestos Generales de 2018 que presentó hace una semana el Gobierno de Rajoy, pero que hoy por hoy carece de apoyos parlamentarios para sacarlos adelante. 

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, le ha pedido a Díaz que la semana que viene, cuando vaya a Moncloa a reunirse con Rajoy, “no vuelva a Andalucía sin haber desbloqueado los Presupuestos y la financiación autonómica”. Es una reunión al más alto nivel que ha pedido la presidenta andaluza, convencida de que muchos de los problemas de su región derivan de la “mala financiación” que recibe del Estado. Y Rajoy aprovechará para convencer a Díaz de que intermedie con el líder de su partido, Pedro Sánchez, para que le preste los votos que le faltan. En efecto, los populares han planteado este encuentro como una especie de trueque: tú me das los presupuestos y yo abro el melón de la financiación autonómica, que lleva caducado cuatro años. 

Financiación y Presupuestos, en el relato

Obviamente el primer asunto tendría efectos más inmediatos que el segundo. Díaz acude a Madrid con una gran baza política: un pacto suscrito por todas las fuerzas del Parlamento (incluido el PP), excepto Ciudadanos, y respaldado por los principales agentes sociales de Andalucía, incluida la patronal. Pero el debate sobre la reforma del modelo de financiación es mucho más complejo, porque toca de cerca la arquitectura territorial del país, y en este momento no está entre las prioridades de Rajoy por tres razones: el conflicto de Cataluña, que sigue sin gobierno y sin autonomía política; la falta de unanimidad entre comunidades autónomas (hay discrepancias incluso entre barones del mismo partido) y la minoría parlamentaria del PP en el Congreso. 

Aun así, Díaz habla del acuerdo de financiación como si estuviera en el epicentro del debate político nacional, no en vano ha logrado que lo sea en la arena política andaluza tras sellar el pacto con PP, Podemos e IU. “Espero que Rajoy tenga más capacidad política que usted. No estamos dispuestos a que se castigue y maltrate a Andalucía y no necesito llamar a ningún despacho para defender mi tierra”, le ha espetado al líder popular, cuando éste le pidió que se reuniera con Pedro Sánchez para desbloquear los Presupuestos.

El supuesto maltrato del Gobierno central a Andalucía no es un argumento nuevo. Lo usó por primera vez Manuel Chaves en los noventa, lo repitió con éxito varias elecciones más, lo heredó su sucesor, José Antonio Griñán, y lo ha aprehendido Susana Díaz. Siempre o con más saña cuando en Moncloa reinaba un presidente del PP (Aznar y Rajoy), de ahí que los populares se quejaran siempre de la “confrontación de la Junta con el Estado”.

Buen momento

Susana Díaz dice que el adelanto electoral no está en sus planes ahora, aunque entre los suyos se murmulla que convocar ahora sería un buen momento para ella y el PSOE. El PP está noqueado por el escándalo del supuesto máster falso de Cifuentes, que también salpica a Ciudadanos, en cuanto que debe decidir si apoya una moción de censura del PSOE, con respaldo de Podemos. Las derechas pugnan entre sí, en Andalucía el auge del partido naranja es menor que en el resto de España, y su candidato no está decidido.

También está fuera de cuadro la compleja coalición Podemos-IU, que no termina de sellar su alianza. Un adelanto electoral ahora volvería a cogerles con el patio desordenado. Teniendo en cuenta los largos procesos asamblearios que necesitan ambas formaciones para adoptar determinadas decisiones políticas -con consultas a sus bases incluidas-, las urnas ahora les obligarían a acelerarlo todo, y la fórmula más fácil sería una coalición electoral ad hoc como la usada en las generales (Unidos Podemos), un esquema que tanto Teresa Rodríguez (Podemos) como Antonio Maíllo (IU) ven “erróneo”.

Límite para convocar, 8 de mayo

De todos los choques que ha protagonizado este jueves la presidenta andaluza, el más crispado, como de costumbre, es el que mantuvo con Teresa Rodríguez. Su falta absoluta de sintonía parece hacer imposible la reconciliación política de dos formaciones -PSOE y Podemos- que comparten base ideológica, proyectos y votantes. “Usted ni soñando es más honesta que yo”, le ha espetado Díaz al ser preguntada por la corrupción. “No le permito que me dé lecciones ni a mí ni a ningún otro miembro de esta Cámara. Usted es incapaz de reconocer nada al PSOE. Cuando otra responsable de su grupo ha ocupado su lugar ha hecho un gran trabajo en esta Cámara, pero su sectarismo con el PSOE lo hace imposible”, ha rematado. Rodríguez, visiblemente enfadada, le ha respondido que no necesita su permiso para ejercer su labor de oposición. “Ese latiguillo de decirme que no me va a permitir, como si usted pudiera… Deje de contarme chorradas y echar balones fuera, y responda a la pregunta”, ha dicho. 

Pero la pregunta y la respuesta se han perdido tras el tono de ambas. “Usted está implantando el susanismo estos años, como fiel seguidora de sus predecesores”, ha terminado diciendo Rodríguez, haciendo mención a los ex presidentes Chaves y Griñán, que estos días se sientan en el banquillo de acusados por el supuesto fraude de los ERE. Este juicio, que se prolongará meses, es otra circunstancia a tener en cuenta al pensar en el calendario electoral andaluz. Como lo es la posibilidad de que Rajoy también adelante las generales o espere a situarlas junto a las andaluzas. En el PSOE-A creen que cuanto antes convoque Susana Díaz, menos opciones hay de que Rajoy las haga coincidir, un escenario que no les “conviene”. 

En cualquier caso, al rumor sobre el adelanto electoral en Andalucía le quedan pocas semanas de vida. La Ley Electoral andaluza fija un plazo de 54 días desde la convocatoria hasta la cita con las urnas, de modo que tiene exactamente hasta el próximo 8 de mayo para fijar los comicios antes de los dos meses de verano, que son inhábiles para procesos electorales. El artículo 14 de la ley electoral establece que “el Decreto de Convocatoria fijará la fecha de la votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto, y la de la sesión constitutiva del Parlamento, que tendrá lugar dentro de los veinticinco días siguientes al de la celebración de las elecciones”. La explicación es que “supondría muy previsiblemente un elevado abstencionismo”.