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"La aceptación social de la tortura en España va en aumento y eso es muy preocupante"

"Todo el discurso a nivel mundial sobre el terrorismo, implícitamente auspicia o genera la legitimación de la tortura", dice el fiscal del Tribunal Constitucional Manuel Miranda

Una reciente encuesta en el periódico francés Le Figaro revela que, tras los atentados de París, uno de cada cinco franceses es partidario de practicar la tortura.

"Eso me parece gravísimo", señala, pero "no creo que estuviéramos muy diferentes de los franceses si nos preguntaran a los españoles"

Imagen del vídeo de las agresiones sufridas por Lucian Paduraru.Fuente Archivo.

Imagen del vídeo de las agresiones sufridas por Lucian Paduraru, un hombre inocente detenido por error. Archivo

Mientras el Gobierno español silencia el problema de las torturas y malos tratos policiales y hace menos de un mes que el Tribunal de Estrasburgo condenaba de nuevo a España por no investigar torturas, el fiscal del Constitucional Manuel Miranda pone también el foco en los niveles de aceptación social de la tortura en nuestro país. "Van aumentando y eso es muy preocupante", advierte, "pero en todos los textos internacionales la prohibición de la tortura es absoluta. No hay ninguno que establezca una excepción".

Este domingo electoral también se conmemora el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Hace apenas un par de días se conocía que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaba las recusaciones que pedían apartar al magistrado José Ricardo de Prada de dos causas de terrorismo por decir que "la tortura se ha producido de manera clara (en España)" y que él había tenido "muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho".

Miranda participará este lunes en Sevilla en la jornada formativa 'La Abogacía en la prevención de la tortura y los malos tratos, inhumanos o degradantes'. El fiscal explica a eldiario.es/andalucia que "la percepción que empieza a tener la sociedad de que la tortura se puede justificar en determinados casos me parece que es realmente muy grave". La Coordinadora para la Prevención de la Tortura presntó hace unos días su informe anual donnde recoge que de 2004 a 2014 hubo 7.500 casos de personas que han denunciado ser objeto de torturas, trato inhumano o degradante por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

"Los niveles de aceptación social de la tortura en España van aumentando y eso es muy preocupante", dice Miranda, que alude a una reciente encuesta en el periódico francés Le Figaro que revela que, tras los atentados de París, uno de cada cinco franceses es partidario de practicar la tortura. "Eso me parece gravísimo", señala.

"No creo que estuviéramos muy diferentes de los franceses si nos preguntaran ahora en nuestra sociedad si la tortura se puede justificar en determinados casos. La gente diría que en terrorismo sí. Si los gobiernos alientan esa percepción con determinadas politicas o las manifestaciones de determinados responsables, y si empezamos a admitir la tortura, apaga y vámonos", considera el jurista. "Todo el discurso a nivel mundial sobre el terrorismo implícitamente auspicia o genera la legitimación de la tortura, todo en torno a esa idea de que 'a los terroristas, ni pan ni agua'", añade.

"Los ciudadanos piensan en la tortura como algo merecido"

Según Valentín Aguilar, abogado y coordinador de la Guía práctica para la abogacía en la actuación frente a torturas y malos tratos, inhumanos o degradantes, de la Fundación Abogacía Española, que participará también como ponente en la jornada, un hito importante ha sido la defensa de Jueces para la Democracia del citado juez De Prada. "Es la primera vez que una asociación de jueces española de forma contundente se posiciona considerando vergonzosas las condenas a España", señala en ese sentido.

"Como regla general los ciudadanos piensan en la tortura como algo merecido o mal menor frente a los terroristas. Al margen de que en ningún caso está justificada la tortura, la ciudadanía desconoce qué donde más se denuncian estas situaciones no están vinculados con el terrorismo. Cualquiera puede ser afectado. ¿Qué acto puede ser más atentatorio contra los derechos humanos que el propio estado infrinja torturas al ciudadano?", se pregunta el también secretario general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Las cifras de las organizaciones que trabajan el tema concluyen que el maltrato policial es una realidad silenciada, aunque no sistemática, en España, de la que el Gobierno no habla y a la que ignora incumpliendo las recomendaciones que desde los años 90 llevan emitiendo varios organismos internacionales. La actitud de España, también reconocel fiscal del Constitucional, no es una excepción.

El Constitucional ante las denuncias de tortura o maltrato

El fiscal expondrá también en Sevilla una serie de datos, como los casos analizados por el Tribunal Constitucional. Un total de 13 son las sentencias en las que el TC ha abordado el tema de la investigación judicial de las denuncias de tortura o maltrato. En nueve ocasiones otorgó el amparo, frente a cuatro denegaciones. En este momento, según apunta, hay pendientes de resolver dos demandas de amparo más.

En diez de las ocasiones se trataba de casos relacionados con una detención incomunicada por delitos de terrorismo. De los tres restantes, en dos de ellos –concretamente en los dos primeros pronunciamientos del TC- se trataba de detenciones policiales por delitos no relacionados con el terrorismo (una detención practicada por la Policía Local por un presunto delito contra la salud pública y otra de la Guardia Civil por un presunto delito de desobediencia, resistencia y atentado), mientras que el tercero se dio en el contexto penitenciario, producido después de una comunicación vis a vis y posterior traslado a una celda de aislamiento.

Respecto a los casos examinados por el ribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), son un total de nueve condenas, de las que ocho están relacionadas con una detención incomunicada por delitos de terrorismo y una con un supuesto de maltrato policial sin detención. La primera condena de 2004, la última de hace unos días. "El balance de estas condenas no puede ser más demoledor para nuestro sistema", indica el fiscal.

Diversas heridas en la nariz y en la cabeza fue el rastro que le dejó a una ciudadana cordobesa la detención por parte de agentes de la Policía Nacional. El caso llegó el pasado mes de marzo a la ONU, donde la APDHA ha denunciado ante el Comité contra la Tortura el calvario por el que pasó la mujer que, según la organización, fue abofeteada, golpeada en la cabeza y nariz y llevada a comisaría sufriendo durante la conducción continuos golpes en la cara por los frenazos violentos mientras los agentes de la Policía Nacional se reían.

Soborno a un ciudadano chino

El informe de 2015 de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura incluye, por primera vez, una recopilación de las sentencias dictadas por delitos de torturas, lesiones, delitos contra la integridad, malos tratos, etc. En relación con Andalucía se recoge un fallo de abril de 2015 del Tribunal Supremo, que ha considerado probado que 14 agentes de la sección fiscal del Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso, de Málaga, aprovecharon su control sobre los equipajes de los viajeros para extorsionar a algunos turistas extranjeros, desconocedores por tanto de la legislación española, a quienes exigieron dinero o regalos a cambio de dejarles pasar con determinados enseres.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos contra la sentencia que dictó, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y en la que ya se les había aplicado una considerable rebaja sobre la pena inicial dictada por la Audiencia de Málaga.

En total la Audiencia de Málaga impuso a los agentes 44 años y tres meses de suspensión, y el pago de una multa de 129 euros a un ciudadano chino que se prestó al soborno. Otros tres agentes resultaron absueltos.

En su momento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó parcialmente los recursos de los condenados en julio de 2014 y modificó las penas, rebajando sustancialmente los años de suspensión de empleo de los agentes. Casi todos ellos fueron condenados a un año y seis meses de suspensión o inhabilitación, según el caso, y tan sólo en el caso del delito de cohecho continuado la pena fue de dos años y dos meses.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha confirmado ahora la resolución de la Sala del TSJA, rechazando los argumentos esgrimidos por los letrados de los guardias civiles en torno a cuestiones como la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a un juez imparcial o del derecho a la propia imagen e intimidad, entre otras.

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