Violencia vicaria en Almería: cuando la Justicia aleja al maltratador de la mujer, pero no de sus hijas

Llegar por carretera desde el municipio almeriense de Gérgal, en la frontera del desierto de Tabernas, a Abla, en las estribaciones orientales de Sierra Nevada, apenas lleva 20 minutos. A ambos pueblos los une la A-92, la autovía que atraviesa Andalucía de punta a punta, que aquí apenas le sirvió a Alina, una joven rumana llegada al pueblo hace unos cuatro años, para poner algo de distancia entre ella y su maltratador. No fue suficiente.

El hombre, que seguía pudiendo acercarse a sus dos hijas de 2 y 4 años a pesar de tener una orden de alejamiento de Alina, las mató presuntamente con veneno –un pesticida, según el informe preliminar de la autopsia conocido este martes–, antes de ingerirlo él mismo, la noche del domingo. Esta es la principal hipótesis que manejan los investigadores.

La vida de esta familia rumana había discurrido en los últimos años en el triángulo que conforman los vértices de Gérgal, Alboloduy y Abla, donde este lunes todo era desolación. En el primer municipio residieron inicialmente los cuatro, antes de separarse e instalarse él en un cortijo de Las Alcubillas (pedanía compartida entre Alboloduy y Gérgal) y ella y las niñas en Abla, donde trabaja como camarera en uno de la media docena de restaurantes y posadas del pueblo.

Habían llegado a esta zona de Almería hace poco más de tres años, cuando la niña mayor era apenas un bebé y Alina estaba embarazada de su segunda hija. En la pedanía conformada en torno a la estación de Gérgal vivieron año y medio, él (de 35 años) trabajando en los invernaderos y ella (23) cuidando de las niñas.

El detonante de la separación fue una paliza más terrible aún que los malos tratos que ella sufría de continuo. La Guardia Civil tenía que acudir frecuentemente al domicilio. “Siempre le pegaba. Le pegaba cada dos por tres, y cuando la niña tenía unos mesecillos le pegó una tremenda. Fue entonces cuando vinieron los servicios sociales y se la llevaron a una casa de acogida en Almería”, recuerda la alcaldesa, Antonia Contreras, que dejó de verlos por el pueblo.

Él, solo, se reubicó en un cortijo de otra pedanía compartida con Alboloduy. Y ella y las niñas, tras su estancia en la casa de acogida, encontraron un nuevo hogar en Abla.

Alejamiento de la mujer y visitas a las niñas

La mujer y sus hijas volvieron sobre sus pasos desde la capital almeriense hasta la comarca de Filabres porque Alina encontró trabajo en un bar. Nuevamente a tiro de piedra del agresor, que acabaría matando a las niñas. El domingo, la mujer acudió a recogerlas a la hora convenida, en torno a las siete de la tarde. Ante la tardanza y que él no respondiera al teléfono, se dirigió al cortijo, donde descubrió lo sucedido. El 112 recibió el aviso a las 22:30.

Cómo pudo ocurrir que él, con sus antecedentes, siguiera viendo a las niñas fue durante las primeras horas del lunes una incógnita, hasta que fuentes judiciales emitieron una nota para aclarar lo sucedido: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería había instruido una denuncia por malos tratos y amenazas, y había dictado una orden de alejamiento de 500 metros, ordenando colocar una pulsera de seguridad al agresor.

La nota asegura que la mujer se había negado a denunciar al hombre, pero Fiscalía había mantenido la acusación. En declaraciones a EFE, un amigo de la mujer ha asegurado que “Alina se quejaba porque se llevaba mal con el padre de las niñas”. El caso ya tenía fecha de juicio: el 10 de abril, ante el Juzgado de lo Penal 2.

“A raíz de la denuncia penal”, el mismo juzgado especializado en violencia machista había abierto un proceso civil sobre la guardia y custodia de las niñas, el régimen de visitas y la cuantía de la pensión. Y aquí se había establecido que el padre podía estar con sus hijas los sábados y domingos entre las 12:00 y las 18:00. La madre debía trasladar a las niñas al Punto de Encuentro Familiar, un espacio “neutral” a disposición de los juzgados y las familias, donde se facilita el contacto entre los menores y sus progenitores no solo en casos de violencia machista, sino de separaciones conflictivas.

“Sin embargo, la madre solicitó en varias ocasiones que la entrega se realizara sin la intervención del Punto de Encuentro. La última de las peticiones en este sentido se realizó el pasado 4 de octubre”, señala el comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia. “Desde el Punto de Encuentro se informó de que las partes ya no estaban acudiendo a este mecanismo para realizar la entrega de los menores”. El 9 de noviembre, el juzgado acordó que el Punto de Encuentro ya no interviniera, con el visto bueno de Fiscalía y las “reiteradas peticiones de la madre”.

Excepción al régimen general

El Código Civil se reformó hace apenas dos años precisamente para cambiar la regla general: ahora, no se establece régimen de visitas (o se suspende) si se abre un procedimiento penal contra el cónyuge o hay “indicios fundados de violencia doméstica o de género”.

Sin embargo, la regla general admite excepciones basadas en el “interés superior del menor”, fundamentado en un informe psicosocial que suele tener en cuenta (entre otros factores) la situación de violencia (puntual o habitual), lo que digan los niños (en función de su edad) y sus progenitores. Pero estas declaraciones pueden estar condicionadas por la propia situación de violencia. En este caso, se desconoce en qué se basó el juzgado para exceptuar la aplicación de la norma general.

“Hay que tener en cuenta que los menores son ajenos a cualquier instrumento de valoración de riesgo. Se valora la situación de riesgo de la madre, pero no hay herramienta para los niños y niñas”, lamenta Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe e integrante de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España: “Al final están invisibilizados y son apéndices de las madres”.

A pesar de que la modificación del Código Civil, la falta de una herramienta para valorar de forma independiente el riesgo de los menores sigue haciendo recaer sobre la madre gran parte del peso de la decisión. Y su voluntad no siempre es libre. “Puede valorarse que la mujer diga que no hay situación de riesgo, pero no puede ser el único criterio, porque hay quienes no relatan la situación de riesgo precisamente por miedo a que pase algo a sus hijos. ¿Hasta qué punto una mujer en situación de violencia tiene capacidad de decidir sobre la seguridad y protección de sus hijos?”, se pregunta la jueza, que advierte de otro problema: el informe psicosocial suele demorarse un año.

Cancelación del Punto de Encuentro

En Andalucía hay al menos once Puntos de Encuentro, uno de ellos en Almería capital, según el directorio de la Consejería de Justicia, que gestiona el servicio y amplió los puntos el año pasado.

El equipo técnico de un Punto de Encuentro (psicólogas, trabajadores sociales, expertas en tratamiento familiar) tutela e informa al juez del desarrollo de las entregas. “Pero lo que ocurre fuera no lo pueden ver”, explican desde la Consejería. El objetivo es que el recurso se utilice un máximo de 18 meses, pero en algunos conflictos graves este plazo se alarga.

El hecho de que la propia mujer pidiese cancelar la intervención del Punto de Encuentro tampoco da la foto de la situación. “No sabemos los motivos. ¿Por qué lo pidió? ¿Qué distancia había al punto de encuentro? ¿Qué situación económica tenía?”, se cuestiona García. Abla está a 23 minutos en coche de Gérgal (donde residía el hombre), y a 49 de Almería capital (donde estaba el punto de encuentro). “Muchas veces no tienen recursos para desplazarse y los puntos no tienen personal especializado, de modo que a veces son de nueva victimización y violencia contra las mujeres. Si hablas con las madres, la experiencia muchas veces es negativa”.

Su conclusión es que la reforma del Código Civil alivió el peso sobre las mujeres, pero es insuficiente porque siguen haciendo falta recursos y herramientas para valorar el riesgo de forma independiente: “Sabemos cuál es el ciclo de la violencia. No se puede dejar toda la responsabilidad en la madre”, señala la jueza, que advierte contra la tentación de culpabilizar a las mujeres en este tipo de casos, y zanja: “Un padre agresor no puede ser buen padre. Y el derecho que debe prevalecer siempre es el del interés superior del menor, no el del padre a relacionarse con los niños”.

Luto en el pueblo

La noticia del presunto asesinato vicario ha impactado de lleno sobre unos pueblos que rara vez se ven en las noticias. Las alcaldesas de Gérgal y Alboloduy trataban este lunes de transmitir la rabia y la frustración por el crimen, aunque en los dos primeros municipios no había ya trato con la familia. Las Alcubillas es una pedanía partida por una rambla. Y aunque el cortijo donde hasta ahora vivía el hombre pertenece a Alboloduy, nada sabían de él en este municipio. En Gérgal no dejó buen recuerdo.

En Abla, donde ella trabaja, dicen que Alina y las niñas se integraron “perfectamente” y que eran conocidas en la localidad, que cuenta con 1.255 habitantes. Llegó allí huyendo de su maltratador, pero la zanja no fue tan profunda como para alejarlo de sus hijas. Eso le permitió matarlas.

Las pequeñas serán enterradas en Abla por deseo de su madre. En los tres municipios repudiaron el crimen con tres minutos de silencio y en Abla se han declarado tres días de luto oficial.

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El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.