Así va calando la “inmigración irregular” de Vox en Andalucía: de pedir “colaboración” con la Policía a incluir el concepto en los presupuestos
Vox tardó cinco minutos en pedir al nuevo Gobierno de Andalucía, mientras tomaba posesión el pasado 22 de enero, que colaborara en la deportación de 52.000 “inmigrantes ilegales”. Y ahora ha esperado al último minuto para avalar un presupuesto autonómico en el que aquella idea, ya contemplada quince días antes para apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno (PP), tome ya forma de “propuesta de convenio”.
El partido de Santiago Abascal, que retiró su enmienda a la totalidad en la tarde del miércoles para salvar el primer presupuesto andaluz no socialista en 37 años, ha conseguido que el concepto “inmigración irregular” entre en las cuentas autonómicas de esta forma, con la “tramitación de una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree un órgano de coordinación en dicha Secretaría General para tal objetivo, y permita mejorar la coordinación con el resto de Consejerías y entidades de la Junta de Andalucía en las materias y objetivos que se desarrollen en el Convenio”. Es el cuarto de los 34 puntos previstos en el documento de acuerdo de presupuestos entre el Gobierno andaluz y Vox.
El acuerdo suscrito entre PP y Vox cinco meses antes (el pasado 9 de enero) señalaba que se trabajará “decididamente” para cumplir varios objetivos, entre ellos “apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”.
El lenguaje de ambos textos de los acuerdos es similar (se habla de “apoyo”) pero, como decimos, ahora se trata de una “propuesta de convenio”, algo bastante más tangible, y con presencia en unos presupuestos, situada entre las “medidas con incidencia presupuestaria en los ejercicios 2019-2020”, aunque sin mayor detalle. Si nos atenemos al orden de la presencia de la materia, en aquel acuerdo de 9 de enero aparecía en la posición 28 de 37 puntos mientras que ahora, de cara a los presupuestos, el acuerdo sitúa a la “inmigración irregular” en el puesto 4 de 34 puntos.
Aquella propuesta primera de Vox en enero no se incluyó de forma concreta en los acuerdos de Gobierno entre PP y Ciudadanos, pero dejaba a las claras uno de los postulados de los de Abascal, pieza clave ahora para que PP y Cs hayan podido sacar adelante los presupuestos, pese a que la ley, tal y como lo planteaba Vox, prohíbe la cesión masiva de datos sanitarios de inmigrantes a la Policía pues inclumpliría “el principio de proporcionalidad”.
En un primer documento, difundido el 8 de enero, Vox propuso sus condiciones a PP y CS proponiendo unas “medidas contra la inmigración ilegal” en la que destacaba “colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que pue-dan ser expulsados”. La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía“, decía en primera instancia la extrema derecha, que pedía de paso ”terminar con el efecto llamada: suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales“, una cuestión que se desmonta con un rastreo por las ayudas sociales.
Cabe recordar también que aquel apoyo documental del que hablaba Vox supondría aportar a la Policía los ficheros de Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde están registradas las personas que tienen acceso a la atención sanitaria normalizada a pesar de estar en situación administrativa irregular en virtud de una cifra (52.000 inmigrantes) que está usando Vox, y que sale precisamente de un informe de un sindicato policial como cifra de personas en situación irregular con tarjeta sanitaria.
Al margen del concepto, las únicas modificaciones en el Presupuesto de 2019, con un montante global de 36.500 millones de euros, aparecen en una partida extra de 1,5 millones para realizar auditorías privadas en el sector instrumental de la Junta, que los socios del Gobierno andaluz se han comprometido a reducir, y en otros 600.000 euros, que se les retira “a las asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes” para destinarlos a “edificios y otras construcciones judiciales”.
