El Gobierno de Zaragoza presentará en 2018 un programa para mediar en casos de ocupación
En 2018, el Gobierno de Zaragoza (Zaragoza en Común) tendrá preparado un programa específico para mediar en casos de ocupación de viviendas propiedad de entidades bancarias. El Ayuntamiento comenzó a realizar esta función en julio de 2015 –cuando Zaragoza en Común paso a liderar el Ejecutivo–, pero no a través de un texto específico como el que se está pergeñando, sino bajo el paraguas del programa de mediación en impagos de arrendamiento.
Desde 2015, el Consistorio ha abierto 100 expedientes (que suponen el 17 % de las mediaciones por no poder afrontar el pago del alquiler). En la actualidad, 19 siguen en trámite y 81 están cerrados: en 12 se llegó a un acuerdo de alquiler social con la entidad bancaria y otros se subsanaron con realojos en viviendas municipales.
Son más de ese centenar los casos de usurpación que han llegado a manos de la Administración municipal, pero no todos cumplen los criterios de vulnerabilidad. El objetivo, evidentemente, es hacer crecer esas cifras. Por ello se intentará poner en marcha este programa: porque es un asunto “que necesita una intervención específica, más transversal”, apunta a eldiario.es el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar.
El Gobierno de la ciudad lleva un año trabajando en este texto. Una vez finiquitado el borrador se presentará a Zaragoza Vivienda, también a los Servicios Sociales y, posteriormente, buscarán el apoyo del resto de grupos municipales.
Objetivos y proceso de mediación
El propósito inicial será cuantificar la magnitud del problema. Es imposible, reconoce Híjar, atacar un fenómeno del cual no conoces su tamaño: “El Ayuntamiento puede saber cuántas viviendas vacías hay, pero no cuántas están ocupadas”.
La colaboración institucional es otra de las patas principales. El Ayuntamiento desea recorrer esta senda de manera coordinada con el Gobierno de Aragón, con quien también tiene intención de sentarse en cuanto el borrador sea una realidad. Para el edil, uno de los problemas más importantes es que las personas que ocupan no acceden a los servicios públicos por no tener regularizada su situación. “Si hubiera ayudas eficaces al alquiler, prestaciones sociales, este problema sería mínimo”, puntualiza.
Y el último elemento básico será ahuyentar la judicialización y poner la mediación por delante: “Hay que luchar activamente contra las campañas de criminalización de las familias que ocupan inmuebles como vivienda habitual”.
La línea a seguir con las personas que entren en el programa, no diferirá de lo que se está haciendo hasta ahora: se propondrá a la entidad financiera (Híjar deja claro que nunca entrarán en casos de viviendas propiedad de particulares) una alternativa a la judicialización, que normalmente será un alquiler social. El concejal explica que están dispuestos a poner de su parte, por ejemplo, “si hay un bloque entero ocupado, podríamos ofrecernos a la entidad bancaria para gestionar todas esas viviendas”.
87.500 familias ocupando en España
El Institut Cerdà, en un estudio de 2017, cifró en 87.500 familias las que ocupan viviendas en España, lo que equivaldría a 262.000 personas: se ha convertido en un fenómeno que “ha trascendido a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y prolifera en otros colectivos”.
Las razones que explican tales cifras son el déficit del parque dedicado a vivienda social –con un parque de viviendas vacías superior al medio millón– y el hecho de que desde 2007 los hogares sin ningún tipo de ingreso se incrementarán un 76 % en España. Lo que se refleja, continúa el texto, “en que el número de desalojos de inmuebles por orden judicial se haya multiplicado por 2,25 desde 2008”. Más allá de los económicos, los motivos que llevan a ocupar son sociales, culturales, de cohesión, físicos y estructurales.
A este respecto, Híjar explica que no es un problema nuevo, pero que se ha hecho mucho más visible porque, desde hace tres años aproximadamente, los bancos están empezando a interponer denuncias penales por casos de usurpación. Para el edil, además, “no es verdad eso que repiten de que es muy difícil echar a personas que están ocupando”. Rechaza también el argumento de que muchas ocupaciones se dan en casas de propiedad municipal: “Solo seis de las 2.600 viviendas que tenemos están ocupadas”.
Repite el estudio lo mencionado por el concejal acerca de que el acceso a los servicios públicos es difícil ante la falta de un título habilitante, y ello hace “que se incremente el riesgo de exclusión social y la estigmatización de las personas ocupantes”. Otra de las magnitudes que destaca el Institut Cerdà es que las “ocupaciones conflictivas” solo suponen entre el 10 % y el 25 % del total. Estas, no obstante, pueden generar, según el informe, “impactos en su entorno inmediato e incrementan factores como la inseguridad, el ruido, la actividad económica ilegal, el deterioro del entorno urbano y su mobiliario, el impacto sobre los comercios y negocios del entorno y la expulsión de los vecinos originarios”.
