Condenado el Ayuntamiento de Manchones por la granja que se llevó por delante a un alcalde

La granja de pollos de Félix Badules e Hijos sigue provocando quebraderos de cabeza en Manchones, un pequeño municipio del sur de Zaragoza de apenas un centenar de vecinos que se está ganando a pulso un lugar destacado en el mapa de las ‘alcaldadas’: dos de sus últimos tres alcaldes, los primos Jesús Pardillos y Francisco Pardillos, han sido condenados por prevaricación y por delito electoral, mientras que quien ocupó el cargo entre ellos, Jesús Ángel Bernal, está siendo investigado por el Juzgado de Daroca como presunto responsable de la manipulación del censo para las últimas elecciones.

Los quebraderos de cabeza van por barrios. Para los promotores, porque hasta ahora, una década después de haber iniciado los trámites, no han acabado de tener claro que están completamente en regla los permisos de su granja, a la que Jesús Pardillos puso tantas y tan variadas trabas que la Audiencia de Zaragoza se refirió a su conducta como “lo que en lenguaje coloquial se conoce como una ‘alcaldada”, por su “intención de perjudicar en todo momento” y su “abuso de autoridad”, en la sentencia por la que lo declaraba culpable de un delito de prevaricación, lo inhabilitaba por nueve años y le obligaba a indemnizar a sus víctimas con 137.614 euros.

El Supremo confirmó esa resolución a mediados de 2015, justo cuando el asunto por el que ahora ha sido condenado a pagar las costas el Ayuntamiento se encontraba en la fase final de su tramitación en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza.

Esa condena, que califica de “temerario” el pleito por el que el Ayuntamiento trataba de lograr que los tribunales ilegalizaran la obra por caducidad de los permisos, cuando en realidad los retrasos en el inicio de su construcción se debían precisamente a las ‘alcaldadas’ de Pardillos para torpedear el proyecto de los Badules, afecta a los tres últimos alcaldes del pueblo, que interpusieron y mantuvieron el pleito pese a su inconsistencia y hasta que ha terminado costándole dinero al Ayuntamiento.

“La actitud de obstrucción del Ayuntamiento”

El litigio, en el que el juez de lo Contencioso apreció “temeridad y mala fe” en la posición del consistorio, criterio que ha ratificado la Sala del TSJA, comienza en 2012, cuando el Ayuntamiento lleva al juzgado la resolución por la que el Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) rechazaba anular la autorización ambiental integrada de la granja.

“No es admisible la caducidad de la autorización otorgada, cuando ha sido precisamente el propio Ayuntamiento recurrente el que ha provocado tal situación, siendo causa de la misma”, señala la primera sentencia, que añade, en referencia a Jesús Pardillos, que “ha sido el propio alcalde-presidente del Ayuntamiento de Manchones el que ha cometido actuaciones delictivas en relación con la puesta en práctica de la actividad para la que se concedió la autorización”.

La “temeridad y mala fe” del litigio radica, según el criterio del juez en que el recurso, “pese a la condena penal del anterior alcalde, ha sido mantenido por el nuevo equipo de gobierno municipal”.

“Así pues, la actitud de obstrucción que ha quedado acreditada por parte del alcalde de Manchones, o por mejor decir, del Ayuntamiento (…), no puede hacerse valer para pretender una declaración de nulidad de autorización por caducidad, que ha sido provocada por la misma Administración que reclama tal anulación”, indica el TSJA.

“Difícilmente se puede cumplir el plazo cuando el Ayuntamiento lo obstaculiza”

La sentencia del TSJA, que limita las costas a 1.500 euros por litigante, recuerda que “tan sólo dos semanas después” de que un juzgado tumbara la denegación de la licencia de obras emitida por el Ayuntamiento, desde este “se ordenó al arquitecto” municipal “girar visita de inspección para la comprobación del estado” de los trabajos, tras lo que “el alcalde ordenó la paralización inmediata de las obras de excavación de tierras que se estaban realizando”.

“Iniciaron las obras -señala-, pero una vez más fueron paralizadas por la actitud y conducta, acreedora al fin de una calificación penal tan grave como es la de prevaricación administrativa”, de Jesús Pardillos.

En este sentido, el tribunal ve “claro que difícilmente es posible cumplir el plazo que se establece en la autorización (…) cuando el Ayuntamiento de Manchones obstaculiza toda actuación con base en ella y dirigida a su cumplimiento”. De hecho, además de denegando la licencia de obras, lo intentó no concediendo otros permisos para los que carecía de competencias y ordenando la paralización, añade el TSJA.