El Gobierno de Azcón retoma la política de judicializar las acciones del Ejecutivo central, ahora con las regularizaciones

El Gobierno de Aragón ha manifestado su rechazo frontal al real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado este martes en Consejo de Ministros y ha avanzado que, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), planteará “todas las acciones judiciales y políticas posibles” para oponerse a este procedimiento.

El Ejecutivo aragonés ha argumentado que esta regularización se ha diseñado “a espaldas” de las Comunidades Autónomas y “en contra de las recomendaciones y advertencias de diversos organismos”, como el Consejo de Estado y la Comisión Europea.

En este sentido, ha remarcado que defenderá “con todos los recursos a su alcance el interés general, la calidad de los servicios públicos y la seguridad de las próximas generaciones de aragoneses” ante una medida que ha tildado de “irresponsabilidad”.

A ello ha sumado que el Gobierno central sigue sin dar respuesta las alegaciones que Aragón presentó el pasado mes de febrero y que el real decreto “se ha tramitado de forma opaca y fuera de los cauces parlamentarios habituales”.

En opinión del Gobierno autonómico, el texto “adolece de falta de transparencia y de seguridad jurídica, puesto que no se ha calculado ni explicado a cuántas personas se pretende regularizar ni a nivel nacional ni a nivel autonómico”.

Además, ha considerado “un desatino que amenaza la seguridad ciudadana” que la existencia de antecedentes no suponga por sí misma y de forma automática causa de denegación de la autorización“.

Un impacto económico “inasumible”

Ha añadido que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha ocultado el posible impacto económico” y que “no tiene en cuenta la carga administrativa que va asociada a un procedimiento de tal magnitud”, así como los efectos que puede tener en la gestión de las Comunidades Autónomas y en “la sostenibilidad de la sanidad pública, el sistema educativo y los servicios sociales”.

Para el Ejecutivo aragonés, incorporar a un número de personas “que oscila entre las 500.000 y las 1.350.000 según distintos informes” sin una planificación previa ni una dotación de recursos “supondrá una carga inasumible para las Comunidades Autónomas y propiciará un colapso administrativo”.

Del mismo modo, ha asegurado que realizar una regularización “sin establecer itinerarios de empleo claros, planes de integración o requisitos de convivencia supone un agravio para los ciudadanos extranjeros que han cumplido escrupulosamente la ley para residir en España”.

Para el Gobierno de Jorge Azcón, “premiar las situaciones de irregularidad con un procedimiento masivo incentiva el 'efecto llamada', alimenta expectativas irreales entre el colectivo de personas migrantes sin documentación y, además, supone una oportunidad para quienes quieren sacar rédito económico de sus posibles destinatarios mediante prácticas fraudulentas”.

Por todo ello, ha reiterado que se opondrá a lo que ha denominado como una “ocurrencia legislativa” con la que “se pretende sacar a los inmigrantes de la irregularidad sin medios, sin estructura y sin orden” y ha avisado de que “denunciará una vez más la descoordinación y la deliberada opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez en cada decisión sobre extranjería, impuesta vía real decreto, sin diálogo ni proporcionalidad”.