El Supremo tumba otro recorte del Gobierno PP-Par de Rudi: las ayudas para mejorar la eficiencia energética

Sigue aumentando la retahíla de sentencias que declaran ilegales los recortes y ajustes presupuestarios con los que el Gobierno autonómico PP-Par presidido por Luisa Fernanda Rudi castigó a los aragoneses en la legislatura 2011-2015.

Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha tumbado la disparatada decisión de dejar de pagar unas subvenciones de 3.500 euros por vivienda para financiar su eficiencia energética después de que estas hubieran sido concedidas pero antes de que llegaran a ser desembolsadas a sus destinatarios.

La sentencia de la Sala Tercera del Supremo ratifica otra anterior de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que, además de revocar la decisión de la Consejería de Obras Públicas, condenó a la DGA a pagar las costas del proceso judicial.

El Supremo admitió a trámite el recurso del ejecutivo aragonés para determinar si la supresión de esas ayudas en una norma estatal en 2013 “resulta aplicable” a las que, “habiendo sido ya reconocidas por el órgano competente autonómico antes de la entrada en vigor de la ley, no habían cumplido todavía las condiciones impuestas”, como defendía la DGA, o si por el contrario, y como mantenía la empresa afectada, esas subvenciones “deben entenderse concedidas (y con derecho a abono)”, caso en el que su impago habría supuesto “la vulneración del principio de confianza legítima” por parte de la Administración, por impedir “la eficacia de un derecho ya declarado”.

“Las condiciones eran para el pago de la ayuda”

El recorte, en cualquier caso, había sido avalado por el Gobierno PSOE-Cha, ya que la Consejería de Vertebración del Territorio rechazó a finales de 2015 el recurso inicial de la empresa, la cooperativa de vivienda protegida concertada Airon Cinco, contra la decisión del departamento que la legislatura anterior dirigía Rafael Fernández Alarcón, de suprimir unas ayudas que habían sido concedidas en 2012.

El TSJA ya había resuelto que la supresión de las ayudas en la normativa estatal “no tiene efecto retroactivo” cuando “esa subvención ya ha sido concedida pero no abonada, como es el caso”, y que el derecho a cobrarla queda establecido cuando se emite “la calificación provisional y la concesión” de los fondos, aunque las condiciones para cobrarla pueden cumplirse “con posterioridad” a la reforma legal.

En este sentido, el Supremo concluye que “una vez producido el otorgamiento de la subvención (…), las condiciones que allí se imponían lo eran para el pago efectivo de la ayuda, no para el nacimiento del derecho a la subvención”.

Y añade que la eliminación de estas “no opera respecto de aquellas ayudas acogidas a los Planes Estatales de Vivienda que hayan sido ya reconocidas por el órgano competente de la Administración autonómica y no están sometidas a nueva autorización”, con independencia de que su materialización “esté subordinada al cumplimiento de determinadas condiciones”.

La jubilación de los médicos y los monumentos de la Expo

La decisión del Supremo se suma a otras anteriores de ese mismo tribunal y del TSJA que tumban otros recortes del Gobierno de Rudi, como ocurrió con el veto a la prórroga de la edad laboral de los 65 a los 70 años para los médicos, que según los afectados tendrá un coste superior a los 50 millones de euros y para el que el actual ejecutivo mantiene una previsión de hasta 32.

Las sentencias reconocen a la mayoría de los 160 afectados, buena parte de ellos especialistas y jefes de departamento, el derecho a prolongar su edad laboral hasta los 70 años y a cobrar, con intereses, la parte de ella que la medida les impidió aprovechar.

No es el único pago millonario imprevisto que ha caído sobre la mesa del equipo económico del Gobierno de Javier Lambán. Hay otros como los casi diez millones de euros, más otros doce posibles y cerca de dos más al año seguros a partir de ahora, que tienen su origen en el error de haber dejado caducar el expediente por el que varios de los edificios emblemáticos de la Expo debían ser declarados monumentos. 

En este caso, el ajuste tenía como principal víctima al Ayuntamiento de Zaragoza, ya que el objetivo de la declaración como BIC (Bien de Interés Cultural) era eludir el pago de casi dos millones de euros anuales en IBI.