El Sindicato de Inquilinos de Zaragoza inicia una campaña para denunciar la presencia de fondos buitre
El Sindicato de Inquilinos de Zaragoza ha comenzado una campaña para denunciar la acción de los fondos buitre en Zaragoza y ha fijado el punto de mira en Altamira, entidad que dispone de propiedades en Aragón y que “ha comenzado a difundirse con el objetivo de ganar visibilidad y sacar al mercado sus promociones”.
“Dispone de más de un centenar de inmuebles puestos a la venta en Zaragoza -destaca este joven sindicato- lo que evidencia las numerosas viviendas que han adquirido, impulsando en los últimos años una campaña de venta de activos masiva enfocada a intentar deshacerse de estos inmuebles sin tener en cuenta la problemática social que existe con el tema de la vivienda”.
La campaña incluye mensajes como los que siguen:
El objetivo de citado sindicato es “dar a conocer todos los casos que existen con estos problemas en la ciudad de Zaragoza y buscar concienciar a la gente” de la necesidad de trabajar juntos en una solución.
A pesar de la creencia que tiende a asociar la acción de los fondos buitres y de los agentes especuladores a las ciudades como Madrid, Barcelona o a la costa mediterránea -aseguran- también están generando problemas en nuestra ciudad.
Para el citado sindicato, las causas de este fenómeno son claras: “Durante la recesión económica los bancos adquirieron una gran cantidad de inmuebles a los cuales no podían dar salida (por eso fueron considerados ”activos tóxicos“). Para salir en rescate de los bancos se aplicaron políticas orientadas a, en primer lugar, comprar parte de estos inmuebles, creando así el SAREB (conocido como banco malo) que empleó 60.000 millones de dinero público en dar una salida a aquellos bienes de los bancos que no tenían valor en el mercado”. “Por otro lado -añaden- se redujo el tiempo de duración de los alquileres para poder repercutir en la renta mensual de estos las subidas del mercado, mientras que al mismo tiempo se aplicaban reducciones tributarias para que estos agentes tuvieran ventajas fiscales, las conocidas como SOCIMIS”.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza precisan que “un simple vistazo a su página web puede hacernos comprobar que una sola entidad dispone de más de 100 inmuebles puestos a la venta en Zaragoza, lo cual evidencia la cantidad de vivienda que han adquirido; impulsando en los últimos años una campaña de venta de activos masiva” enfocada a intentar deshacerse de estos inmuebles sin tener en cuenta el problema social que existe con el tema de la vivienda.
Según el sindicato, esta entidad fue creada por el Banco Santander con el objetivo de gestionar estos “activos tóxicos” y después “fue vendida en 2014 a la firma Apollo (otro grupo inversor)”. “Los inmuebles que gestiona en la capital aragonesa muestran una serie de deficiencias ocasionadas por la ausencia de gestión y de mantenimiento y la ausencia de un responsable en Zaragoza que pueda, por ejemplo, negociar la renovación de su contrato de alquiler”, aseguran.
El precio del alquiler sube un 15% en los últimos 4 años
La falta de vivienda y la subida del precio del alquiler un 15% en los últimos cuatro años llevó a un grupo de personas a formar el Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Zaragoza a finales del año pasado, en 2018. Reivindican una política que satisfaga el derecho a la vivienda para evitar los estragos y dificultades que desde hace años se está viviendo, con precios desorbitados.
El objetivo es defender los derechos de los arrendatarios y promover políticas que ajusten los precios de los alquileres y alertan de que en la actualidad se están produciendo un elevado número de desahucios por final de contrato: los denominados “desahucios invisibles” que crean “auténticos dramas” y pasan desapercibidos.
“Es muy difícil encontrar información porque precisamente se denominan invisibles por su dificultad para detectarlos”, explica Nacho Serrano, miembro de la asociación. “Son situaciones en las que, ante una oferta de renovación que lleva una subida que no puede asumir el inquilino, se decide abandonar la vivienda”. E incide: “Son difíciles de detectar porque, igual que un desahucio por ejecución hipotecaria se produce mediante un procedimiento judicial y queda registrado, este tipo de casos, no”.
