Gentrificación, desahucios silenciosos, racismo inmobiliario y expulsión vecinal: el reto habitacional en Aragón

Encontrar un piso de alquiler en Zaragoza no depende solo del nivel de ingresos. Para muchas personas migrantes o racializadas, el acceso a la vivienda se ve además atravesado por lo que el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza define como “un problema estructural que en muchos casos se une al racismo inmobiliario, presente en Zaragoza capital, en los demás municipios de Aragón o el resto del Estado”. Según la organización, “las familias migrantes racializadas con rentas bajas, o profesionales precarios de segunda generación, jóvenes racializados ya nacidos en nuestro país, sufren a diario este racismo inmobiliario con trabas, negativas o problemas por parte de los propietarios una vez alquilados los pisos”. Incluso cuando el contrato ya está firmado, añaden, “las personas racializadas sufren negligencias por parte de los propietarios e incluso, en casos más extremos, acoso para que abandonen la vivienda según la conveniencia del arrendador o situaciones peores”.

Junto a estas situaciones, otro fenómeno cada vez más frecuente son los llamados “desahucios silenciosos”, provocados igualmente por subidas repentinas del alquiler imposibles de asumir para los inquilinos. El sindicato explica que “los denominamos desahucios silenciosos porque no se pide ayuda y se quedan fuera de nuestra organización”. Estas personas acaban trasladándose cada vez más lejos hasta viviendas que pueden costearse, “sin contactar con asociaciones, el sindicato o plataformas que puedan ayudarles, abandonando los barrios donde han estado residiendo durante bastante tiempo y perdiendo arraigo”.

En paralelo, desde el Sindicato de Inquilinas observan con preocupación la gentrificación del Casco Histórico de la capital aragonesa en los últimos años, con barrios como El Gancho, donde existen viviendas en mal estado sin reparar que en muchos casos “la propiedad reforma tras muchos años de abandono para pedir precios mucho más elevados”. También les inquieta “la proliferación de pisos turísticos en zonas como San Pablo o La Magdalena, pues muchos de los edificios que se reparan o de nueva construcción en los solares de los antiguos se destinan a esta finalidad y ya no están disponibles para vecinos jóvenes de estos barrios”.

Este proceso se reproduce también, según denuncian, en manos de grandes tenedores como Blackstone, Sareb o entidades bancarias como Caixabank, que por un lado “compran edificios donde van presionando a los vecinos con subidas de alquiler u otros métodos para que los vayan abandonando hasta llegar a tener casos de desahucios que nos llegan al Sindicato”. Además, “gestionan sus préstamos sin tener en cuenta la vulnerabilidad habitacional, situaciones que ante los impagos acaban igualmente en la pérdida de la vivienda”.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza, que también asesora y realiza gestiones, aseguran haber “podido comprobar que las crisis de vivienda son cíclicas y que, cuando aumentan los alquileres, también aumenta la compra de vivienda, planteada para que la mayoría de compradores deban endeudarse y, en el caso de los trabajadores más precarios, provocar una alta probabilidad de no poder pagar la hipoteca ante una pérdida de capacidad económica”. Consideran que la vivienda sigue siendo “una mercancía de gran valor que, lejos de proporcionar un hogar a los compradores, es usada como un activo que puedan rentabilizar quienes tengan varias unidades más y decidan colocarlas en el mercado inmobiliario para beneficiarse económicamente de otras personas que las alquilen o intenten comprarlas”.

Ambas organizaciones analizan ahora las medidas anunciadas por el Gobierno central en los últimos días. Para PAH Zaragoza, “la medida de aplazamiento de algunos desahucios en la práctica no garantiza la alternativa habitacional una vez que se producen, y depende de pactos parlamentarios coyunturales y no de las necesidades de las familias trabajadoras”. Sobre la exención del IRPF que beneficiará a propietarios con viviendas alquiladas, la Plataforma entiende que “es un regalo fiscal a los propietarios de varios pisos que pueden enriquecerse más, y que no hace nada por el derecho a la vivienda de quienes no poseen alguna como fuente de ingresos, dejando de lado a personas en riesgo habitacional y vulnerabilizadas”.

La preocupación se extiende también a la situación de la provincia de Huesca y a las viviendas de protección oficial en la capital oscense —en el caso de Harineras, objeto de polémica—, donde PAH alerta de la “proliferación de vivienda turística y alquileres temporales, también en el Pirineo, que impide que muchos trabajadores tengan un hogar normal, pues falta tanto vivienda asequible como vivienda protegida”.

En paralelo a esta labor, la Plataforma denuncia que, por protestar durante el desahucio de una persona con una hipoteca contratada con Caixabank, “19 compañeras de la PAH Zaragoza nos enfrentamos a más de 100.000 euros de multa con cargos de desorden público y coacciones continuadas, a la espera de sentencia”. Para la organización, se trata de un castigo a su labor “plantando cara a los abusos bancarios, al poder financiero, a los especuladores grandes o pequeños, personas o entidades, y a las instituciones que lo permiten. Nuestra actividad no solo no ha parado, sino que nos ha impulsado a seguir luchando todavía con más firmeza y convicción”.

“Varios” desahucios al día

Mientras tanto, ambas asociaciones afirman que el número de desahucios de los que tienen conocimiento es de “varios al día”. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza recuerdan que “los desahucios son competencia de los jueces, que son quienes pueden avisar tanto a la DGA como a nosotros para que actúen en caso de urgencia los Servicios Sociales”. El consistorio también reconoce que “no hay registro de desahucios todavía, pero ya tenemos procedimientos para hacerlo y los tendremos próximamente”, y mantiene que “se nos comunica a Servicios Sociales cuando está judicializado; el juzgado avisa por si puede haber situación de vulnerabilidad”. Las asociaciones, sin embargo, sostienen que tanto en Zaragoza como en otros municipios, sobre el terreno, en muchos casos “no hay trabajadores sociales municipales o presencia de Servicios Sociales, en una situación extrema y traumática para las personas que la sufren, incluidos menores”.

Los datos oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón apuntan a un aumento sostenido de los desahucios. En el caso de los “lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos”, es decir, de personas inquilinas, se registraron “121 en el primer trimestre de 2024, 121 en el segundo trimestre de 2024, 113 en el tercer trimestre y 162 en el cuarto trimestre de 2024”. En 2025, las cifras provisionales son de “147 lanzamientos en el primer trimestre, 142 en el segundo y 85 en el tercer trimestre de 2025 de los procedimientos contabilizados hasta el momento”, a falta aún de los datos del cuarto trimestre.

En cuanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, “comparando el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 se pasa de un 1,0 a un 2,1”, lo que refleja un aumento de los desahucios por impago de hipotecas.