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La seguridad en el medio rural, en el punto de mira de los alcaldes turolenses: “Hay pocos guardias civiles para un territorio tan extenso”

Una patrulla de la Guardia Civil de Teruel en las Masías Casas Nuevas, durante el Plan Mayor de Seguridad

Diego Saz

Teruel —

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El debate sobre la seguridad en el medio rural ha vuelto a saltar a la actualidad. Los robos cometidos en varias localidades turolenses, además de la reciente detención del conocido como Rambo de Requena, Pedro Lozano, han propiciado que los alcaldes de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos hayan pedido a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) incluir un punto en el orden del día de su próxima asamblea sobre esta cuestión.

Se quejan de la falta de agentes de la Guardia Civil en el territorio y piden medidas concretas para una provincia que duplica en tamaño a una región como el País Vasco. Aseguran además que la seguridad en el medio rural es “clave” en la lucha contra la despoblación y el reto demográfico e instan al resto de comarcas turolenses a sumarse a esta reivindicación, que consideran “generalizado” en el resto de localidades.

“El problema es serio, las cifras dicen que la provincia de Teruel es de las más seguras de España y que hay más agentes por ciudadanos que en otros territorios, pero si preguntas a los vecinos de los municipios pequeños te dicen que no se sienten seguros, y eso no sale en los datos, es la sensación de la gente”, dice el alcalde de Andorra, Antonio Amador. Allí fue donde hace cerca de un mes se detuvo al Rambo de Requena, que tuvo que ser abatido el 8 de junio tras haber disparado en Muniesa a uno de los dos guardias civiles que se disponían a identificarlo.

El suceso se sumaba al ocurrido en diciembre de 2017, cuando el exmilitar serbio Norbert Feher, más conocido como Igor el Ruso, acabó con la vida de dos guardias civiles y un ganadero en la misma localidad. Llevaba varios días merodeando por el territorio y los vecinos alertaron de su presencia. Sin embargo, el agrio desenlace dejó marcada a toda la provincia y puso en evidencia los problemas de seguridad. “Cuando un tipo de estas características puede permanecer tanto tiempo sin ser localizado, hay que preguntarse si realmente esto es lo mejor que podemos ofrecer”, indica Amador.

El alcalde considera que la seguridad en el medio rural es un tema “transversal” que “afecta directamente” al reto demográfico y que complementa a las infraestructuras, comunicaciones, telecomunicaciones y servicios sanitarios y educativos para asentar población en los municipios. “Una familia no se quiere quedar en una zona rural si no se siente segura”, añade, precisando que la falta de agentes también se aprecia en la falta de cuarteles abiertos durante el viernes por la tarde o el fin de semana.

Los sindicatos reclaman más personal

También el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Teruel, Cristóbal Soria, considera que no hay suficientes agentes en el territorio, dividido en cuatro compañías y con menos de 700 guardias civiles, de los cuales “no llegan a 200” los que prestan atención ciudadana. “Falta personal, falta material y falta de todo”, denuncia, recordado que desde la entidad llevan “muchos años” reclamando más recursos.

Soria explica que la provincia cuenta con 32 cuarteles en todo el territorio, aunque precisa que ninguno abre las 24 horas porque “no tienen suficiente capital humano” y que para montar las patrullas tienen que unir varios puestos de la Guardia Civil. “Teruel, a pesar de sus pocos habitantes, tiene un territorio muy extenso y tenemos muy pocos agentes para cubrir una extensión tan grande y con tantos kilómetros cuadrados”, añade.

El portavoz de la AUGC en Teruel señala que las condiciones de seguridad en las zonas rurales son “un drama” y argumenta que una patrulla de la Guardia Civil debería de acudir a una llamada “en un máximo de 20 minutos” y no esperar “más de dos horas”, porque si están atracando o robando a una persona, “todo lo que exceda los 20 minutos es lento”.

El Gobierno estudia instalar cámaras

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, se refirió durante su última visita a Teruel, el 23 de junio, a la seguridad en el medio rural turolense y a las reivindicaciones de los municipios sobre la falta de efectivos. Aseguró que la provincia es segura y con una baja tasa de criminalidad, aunque adelantó que desde la Delegación van a estudiar la instalación de cámaras de videovigilancia.

“Por supuesto, hay que seguir trabajando en esa mejora de seguridad y especialmente teniendo en cuenta al entorno rural y ahí hay un proyecto que queremos seguir desarrollando desde las tres subdelegaciones del Gobierno en Aragón, que es la videovigilancia, algo que ya comenzó en años anteriores, pero que ahora el reto es seguir implantándolo”, dijo Alegría.

En este sentido, los medios de comunicación le recordaron que varios ayuntamientos de la provincia ya instalaron cámaras de seguridad en sus localidades, pero no se les permitió utilizarlas, algo que la delegada del Gobierno achacó a la falta de permisos, desde un punto de vista judicial. “Tenemos que tener en cuenta que un municipio no puede colocar según qué cámaras porque hay unas leyes de protección individual de las personas que puede colisionar a la hora de establecer esas cámaras de videovigilancia”, justificó.

Sobre esta medida, el portavoz de la AUGC en Teruel, Cristóbal Soria, indica que “una cámara por sí sola evita poco” e incide en que hace falta personal policial detrás porque sino “no sirve de nada”. Además, añade: “Hay políticos que se creen que por tener un cuartel de la Guardia Civil es seguridad, pero seguridad es tener un cuartel con, al menos, 15 componentes, sino, no sirven para nada”.

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