Cuando Zaragoza derrotó a la (pena de) muerte

Los cadalsos que el ejército instalaba en las inmediaciones del actual Mercado Central fueron destrozados en varias ocasiones la víspera de las ejecuciones.

La burguesía y los movimientos libertarios y obreros tejieron en la Zaragoza de finales del siglo XIX extrañas alianzas en varias ocasiones con las que mostraron, con éxito, su rechazo a la pena de muerte con la que, de no haber sido por las revueltas y sabotajes, varias personas condenadas como autores de delitos comunes habrían muerto en los patíbulos que el Ejército ubicaba en las inmediaciones del actual Mercado Central.

Esa plaza, situada en las inmediaciones de la calle Predicadores, en la que durante décadas se ubicó la cárcel de Zaragoza, lleva el nombre de Juan de Lanuza en recuerdo del Justicia del mismo nombre, decapitado allí el 20 de diciembre de 1591 por orden de Felipe II tras un conflicto entre la nobleza local y la corona que había incluido unas semanas antes la toma de la ciudad por las tropas castellanas, que no encontraron resistencia.

La milicia aragonesa, de apenas 2.000 efectivos, se había desperdigado al comprobar cómo, al encontrarse a la altura de Utebo, la rival le sextuplicaba en número, tras lo que Lanuza se refugió en Épila durante algo más de un mes antes de regresar a Zaragoza. Fue arrestado el mismo día de su llegada para ser decapitado al siguiente.

"El comercio cerraba sus puertas"

Trescientos años después, los zaragozanos mejoraron a la hora de impedir las órdenes de ejecución de los reos, en una etapa en la que la oposición a la pena de muerte se convirtió en un punto de confluencia de la burguesía local y los movimientos obreros, dos colectivos que mantenían obvias discrepancias y duros enfrentamientos en lo que en aquella época se denominaba "la cuestión social".

Esa alianza funcionó en el otoño de 1892. El 21 de septiembre de ese año estaba fijado como fecha de ejecución de los cuatro condenados por el asesinato del sombrerero Conesa, en el que el encargado del taller y la mujer del dueño, que mantenían una relación, se habían conchabado para matarlo con la intervención de un sicario y una cuarta persona. Sin embargo, el juicio y las condenas habían dejado en la población la sensación de que en el banquillo faltaba alguien que se había librado de las togas por su buena posición social.

La mujer y uno de los cómplices habían sido indultados unos meses antes, mientras el supuesto amante y el presunto sicario seguían en el 'corredor' cuando, la víspera de la ejecución, una manifestación para pedir su indulto ponía Zaragoza patas arriba.

"Al paso de la manifestación el comercio cerraba sus puertas", narra Víctor Lucea en un trabajo sobre "Reos, verdugos y muchedumbres" publicado en la Revista de Historia Jerónimo Zurita, en el que describe una marcha con presencia de concejales, diputados y representantes de la universidad, de la Cámara de Comercio, la Agraria, la de la Propiedad y distintas asociaciones de comerciantes y de labradores, entre otros gremios, en la que destacaba la presencia de "obreros y mujeres del pueblo en gran número".

La legitimación de "las clases populares"

El gobernador civil se comprometió, tras entrevistarse con un grupo de manifestantes, a comunicar al Gobierno el acto y la solicitud del indulto, aunque este no llegó. "A la mañana siguiente el público se aglomeraba frente a la cárcel a la espera del perdón, así que al aparecer la bandera negra que confirmaba la ejecución se extendió una honda impresión entre el gentío", señala Lucea.

A la mañana siguiente, las tiendas permanecían cerradas mientras la Audiencia Territorial se encontraba con la imposibilidad de "contratar bajo ningún precio a ningún operario" para construir el patíbulo, en un movimiento de presión que terminó dando resultado la tarde de ese mismo día: no habría ejecución.

"Parece claro que, aun pudiendo existir un deseo generalizado de indulto, las manifestaciones populares del caso Conesa son más bien una excepción a la regla", señala Lucea, que anota que a finales de ese siglo existía en Zaragoza "un clima y ciertas estructuras de movilización (en torno al movimiento obrero) favorecedoras de la protesta, así como una noción general que compartía la inocencia de los culpados".

"Lo sucedido en la calle con el caso Conesa afirmó todavía más a las clases populares en su legitimidad de pedir públicamente justicia, según se puede colegir de algunos comentarios posteriores", añade.

El verdugo de Barcelona releva al zaragozano

Sin embargo, las movilizaciones populares no obtendrían el mismo resultado en otras ocasiones, como ocurrió al año siguiente con la ejecución del soldado Juan Chinchaurreta, condenado por matar con otros dos soldados (que sí fueron indultados) a un trabajador de las obras del canfranero para robarle las cincuenta pesetas que llevaba a su familia en Anzánigo, ni, ya en 1900, con la ejecución de los hermanos Mariano y Lorenzo Ara, declarados culpables de la muerte de un comerciante desvalijado en la plaza del Justicia.

Ni los altercados registrados a lo largo de toda la jornada ni el hecho de que el cadalso hubiera sido destrozado en un sabotaje la noche previa al día fijado para las ejecuciones llegaron a impedirlas. Las de los hermanos Ara fueron las últimas que se perpetraban con público en Zaragoza.

Los mató Nicómedes Méndez, el verdugo de la Audiencia de Barcelona, que había sustituido a José González Irigoyen cuando, tras una espantosa carrera en la que llegó a rondar los dos centenares de ejecuciones (fue el sayón que más sangre derramó en España por orden de la autoridad), el tribunal zaragozano ordenó su retirada tras la escabrosa muerte de Chinchaurreta.

Méndez llegó a asegurar en una entrevista en un periódico local que sentía simpatías "muy grandes por el pueblo de Zaragoza. –Este es un pueblo –exclamó– como debían ser todos. Cuando hace falta justicia la pide. Además todo lo sabe expresar con espontaneidad, como ocurrió cuando aquellos otros reos del crimen de Conesa", recoge Lucea.

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5 de abril de 2020 - 22:42 h

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