Alertan sobre el estado de salud mental de uno de 'Los seis de Zaragoza' cuando se cumple un año de su ingreso en prisión

Esta mañana, la plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha realizado una rueda de prensa delante de la Delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar de la capital aragonesa con el objetivo de hacer un llamamiento a la participación en la manifestación de este sábado 12 en Zaragoza. La movilización ciudadana se produce cuando se cumple un año del ingreso en prisión y para contar la situación de Imad, uno de los condenados que está sufriendo un problema de salud relacionado con la salud mental.

En dicha comparecencia, han participado Pablo Rochela y Olga Belenguer como portavoces del colectivo en apoyo a los jóvenes encarcelados. Belenguer ha explicado que “existe un informe pericial sobre su situación psiquiátrica por el que hemos solicitado el tercer grado y un tratamiento específico fuera de prisión, pero continuamente es negado por parte de Instituciones penitenciarias, lo que demuestra una alarmante falta de sensibilidad y de humanidad”. “Cuidar la salud mental es complicado en esta sociedad y todavía más dentro de los complejos penitenciarios”. También ha hecho referencia a los dos suicidios de presos en Zuera en las últimas semanas.

Belenguer ha señalado que “los gobiernos y judicatura cada vez son más autoritarios, ya que refuerzan el papel político y social de la policía, no derogan la Ley Mordaza y endurecen el Código penal, además de incrementar el presupuesto policial y armamentístico en detrimento de inversión social”.

Según ha indicado, “manifestarse ante los discursos de odio de la extrema derecha no puede ser un delito, sino que es una obligación democrática”. Ha hecho referencia también a la campaña de Amnistía internacional, que ha alertado del aumento de la criminalización de la protesta y de la vulneración de derechos en este juicio del caso conocido como “Los 6 de Zaragoza”.

La portavoz de la plataforma ha añadido que “las familias y amistades de los presos están pasando por una situación muy complicada a nivel emocional y económica, porque es muy duro ser víctima de una injusticia como ésta y porque la prisión requiere un nivel de gastos importante, que una familia de clase trabajadora apenas puede mantener”.

Posteriormente, ha tomado la palabra Pablo Rochela, quien ha aseverado que “el objetivo de esta condena es acallar las movilizaciones sociales a través de castigos ejemplarizantes y generar miedo a la idea de organizarse políticamente en defensa de los derechos democráticos”.

“La situación de los 6 de Zaragoza no es un hecho aislado”, ha sentenciado, “sino fruto de un entramado político, judicial y policial pensado para el disciplinamiento de las clases populares”. Añadiendo como ejemplos de ello los recientes casos de los 7 estudiantes de Somosaguas, las 6 sindicalistas de La Suiza en Gijón y los juicios contra los activistas por la vivienda de la PAH de Zaragoza y de Guadalajara.

El portavoz de la plataforma ha continuado su intervención definiendo a los jóvenes en prisión como presos políticos, “porque los únicos hechos probados son su participación en una manifestación, ya que no existen otras pruebas y la sentencia se basa únicamente en las opiniones contradictorias de la policía durante el juicio”.

Sin noticias del indulto

Pablo Rochela ha cargado duramente contra el Gobierno de coalición PSOE – Sumar, al que ha responsabilizado de cada uno de los días en prisión de los condenados, “ya que tiene la capacidad y la obligación de liberarlos, aunque no demuestra voluntad política; y porque mantiene vigentes las leyes que permiten que se produzcan más casos como éste”.

La plataforma ha informado de que sigue sin tener noticias del indulto que solicitaron hace ya un año ante el Ministerio de Justicia acompañado de más de 10.000 firmas de personas y organizaciones. Ha sido en ese momento en el que el Rochela ha señalado al presidente Pedro Sánchez, a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Pilar Alegría como responsables directos del sufrimiento en prisión de los jóvenes condenados, preguntándole abiertamente a esta última “cómo puede dormir tranquila”. En la misma línea, ha mencionado a los cinco diputados y diputadas aragonesas que sostienen al gobierno (Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco, Begoña Nasarre Oliva, Herminio Sancho Íñiguez y Jorge Pueyo Sanz) como cómplices del sufrimiento de estas familias “si no fuerzan inmediatamente la liberación de las cuatro personas en prisión”.

Para finalizar, el portavoz ha recalcado la importancia de “llenar las calles en la manifestación del sábado” y ha enumerado las reivindicaciones de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza: , derogación de la Ley Mordaza, reforma no punitiva del Código penal y fin a las infiltraciones policiales en colectivos sociales“.

Condena

La condena impuesta a los cuatro jóvenes en prisión de los 6 de Zaragoza asciende a 4 años y 9 meses de cárcel por manifestarse en enero de 2019 ante los discursos de odio lanzados durante un mitin de Vox. Una condena que llegó tras 5 años de proceso judicial culminado con la condena del Tribunal Supremo y que ha generado miles de muestras de solidaridad en forma de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y participación en manifestaciones y concentraciones en todo el Estado.

El 17 de enero de 2019, el movimiento antifascista de la ciudad convocó una concentración en las inmediaciones del Auditorio para protestar contra los mensajes de Vox. Esta convocatoria, a la que acudieron unas 200 personas, terminó con cargas policiales y con la detención de seis personas en los bares cercanos a la universidad, donde se habían refugiado parte de los manifestantes. Los detenidos no se conocían entre ellos, habían acudido a la manifestación pero en todo momento han negado que fueran los encapuchados que quemaron contenedores y provocaron lesiones a varios policías. 

La sentencia condenatoria se basa en las conclusiones del atestado policial y en las declaraciones de los agentes de policía. Hay unas imágenes de las cámaras de seguridad de la Universidad, pero la propia sentencia reconoce que “la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz, dada la hora en que se produjeron los hechos, por lo que no fue posible determinar si el acusado se encontraba o no presente dentro del grupo violento”.

Al día siguiente fueron puestos a disposición judicial acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad y lesiones. Dos de los acusados eran menores de edad en el momento de su detención y la Audiencia de Zaragoza les condenó a una multa de 11.000 euros a 14.000 euros y un año de libertad vigilada. Los cuatro restantes, que sí eran mayores de edad, fueron condenados a seis años de prisión, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) elevó esta pena a siete años añadiendo el delito de lesiones, delito del que habían sido absueltos en primera instancia. 

Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo en busca de la absolución. El Supremo rebajó la condena a cuatro años y nueve meses a cada uno de los cuatro antifascistas por “delitos agravados de desórdenes públicos y atentado” y “lesiones”. La sentencia firme del caso entiende que varios delitos deben condenarse en concurso, no de forma aislada, lo que rebaja la sanción por los delitos más graves.

En 2021 nació la Plataforma de Madres y Padres de los seis de Zaragoza, compuesta por familiares de los jóvenes. Desde ese momento han solicitado el indulto al Gobierno Central. Sin embargo, cuatro de los seis acusados están en prisión desde hace un año.