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La media España vacía, una cuestión de Estado sin soluciones a la vista

La despoblación del 53% de nuestro territorio es un grave problema del que apenas se habla. Rajoy creó un Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, pero un año después nada se sabe sobre qué ha hecho en este tiempo ni qué estrategias va a promover

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Sotuélamos (Albacete); casas despobladas / Foto: Javier Robla

Sotuélamos (Albacete); casas despobladas / Foto: Javier Robla

A finales de los años ochenta del pasado siglo, el entonces primer ministro finlandés, Harri Holkeri, se dirigió solemne a la nación: “Me dicen los expertos que, al paso que vamos, en el año 3000 solo quedarán dos finlandeses. Si ambos son del mismo sexo, Finlandia estará en apuros”.

A Mariano Rajoy quizá le dijeron algo similar sus expertos hace ahora un año porque, tras la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada el 17 de enero, en la que se habló bastante de la despoblación que padecen varias comunidades autónomas, creó el 27 de enero de 2017 en Consejo de Ministros un nuevo organismo público: el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. Y le puso una tarea: “Elaborar y desarrollar una estrategia nacional frente al reto demográfico”. La elegida para echar a andar y gestionar el nuevo ente, Edelmira Barreira, hasta entonces senadora y durante largos años miembro del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría primero en el Congreso y después en Moncloa, se debe de haber tomado el encargo con la misma prisa que Holkeri, pues doce meses después  poco o nada se sabe de sus afanes, de sus desvelos, del avance o no de sus trabajos o de por dónde irá la estrategia que se le ha pedido.

¿Tendremos de nuevo en breve cheques bebé, como cuando Zapatero, y otras políticas natalistas? ¿Se darán incentivos fiscales a las empresas que se instalen y creen empleo en la España vacía? ¿Habrá un plan nacional de equipamientos sociales y de infraestructuras para nuestra zona cero de la despoblación, la llamada Laponia del Sur? ¿Abriremos de nuevo las puertas a la inmigración, como a primeros de este siglo? ¿Repoblaremos las zonas rurales con colonos, como cuando en el siglo XVIII lo hizo Olavide por encargo de Carlos III en Sierra Morena o lo hicieron en la Edad Media los reinos cristianos del norte, con Castilla a la cabeza, a medida que le arrebataban territorio a Al-Andalus? Y sobre todo: ¿Cuánto vamos a invertir para evitar que la mitad del territorio nacional hoy despoblado quede en pocos años totalmente deshabitado y abandonado? No se sabe. No hay pistas. Barreira calla. Su jefa directa, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, también.

La demografía es, en esencia, la suma de tres factores: natalidad, mortalidad y movimientos migratorios. Los tres andan desequilibrados en España.

En los setenta del siglo pasado, en España nacían casi 700.000 niños al año. Hoy nacen poco más de 400.000. La tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer en edad fértil, estuvo hace cuarenta años cercana a 3, y hoy la tenemos en 1,33, una de las más bajas del mundo. Según los demógrafos, para garantizar el relevo generacional -es decir, que no se pierde población de una generación a otra- se necesita una tasa de 2,1.

Aunque la esperanza de vida sigue creciendo –tenemos una de las más altas del mundo: 83 años-, nuestra pirámide demográfica está tan desequilibrada, con una población tan envejecida, que el número de defunciones ya empieza a superar al de nacimientos. Así fue en el primer semestre de 2017. Según el INE, en esos seis meses fallecieron en España 219.835 personas y nacieron 187.703. El desequilibrio viene tan de atrás que no se ve solamente en los extremos de la pirámide, entre nacimientos y defunciones, sino también, por ejemplo, en los tramos de entrada y de salida en el mercado laboral. Se observa en datos como el de la ratio entre afiliados a la Seguridad Social y pensionistas. A finales de 2007, en España había 2,71 afiliados por cada pensionista. Ahora estamos en un muy preocupante 2,23.

Los movimientos migratorios, que a comienzos del siglo XXI paliaron los desequilibrios de la natalidad y la mortalidad, ahora ya se han convertido en un nuevo factor de incertidumbre. Hemos sido durante unos años un país de inmigrantes y ahora lo somos de emigrantes. Exportamos población, y esa es una de las peores exportaciones posibles, pues supone la pérdida de uno de los capitales más valiosos: el capital humano. Perdemos no solo población extranjera, que vino y se ha ido, sino incluso población autóctona, que ha emigrado para buscarse la vida fuera ante la falta de oportunidades dentro. Algunos datos contundentes. En el año 2000 residían en España menos de un millón de extranjeros, exactamente 923.879. En 2010, seis veces más: 5.747.734. A comienzos de 2017 la cifra había bajado a 4.549.858, y sigue cayendo. Otro dato: en 2010 había 1,57 millones de españoles residiendo en el extranjero. Ahora hay 2,40 millones. No todo es emigración, pero una buena parte del fenómeno sí se debe a ella.

Nuestros desequilibrios demográficos son especialmente graves en más de la mitad del territorio nacional. En 268.083 kilómetros cuadrados de nuestra superficie, el 53% del total, solo vive el 15,8% de la población, y todo indica que este último porcentaje sigue cayendo. El propio Real Decreto por el que se creaba el Comisionado recordaba que 10 de nuestras 17 comunidades autónomas cuentan con un saldo vegetativo negativo de población.

Además de las de Antonio Machado, en consecuencia, hay otras dos Españas. Hay “una España urbana y europea, indistinguible en todos sus rasgos de cualquier sociedad urbana europea, y una España interior y despoblada (…). La comunicación entre ambas ha sido y es difícil. A menudo, parecen países extranjeros el uno del otro”. El entrecomillado pertenece a La España vacía, un ensayo de Sergio del Molino publicado en 2016 que puso nombre a esa otra España y lanzó al debate de la opinión pública la magnitud de un problema sobre el que ya habían advertido antes, entre otros, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que en 2015 había creado una comisión de trabajo sobre despoblación, y un grupo de profesores liderado por Francisco Burillo, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que impulsan el Proyecto Serranía Celtibérica.

En un informe de enero de 2017, la FEMP llegaba a la conclusión de que más de 4.000 de los municipios españoles -es decir, la mitad del total que tenemos- se encontraban en esa fecha “en riesgo muy alto, alto o moderado de extinción: los 1.286 que subsisten con menos de 100 habitantes, los 2.652 que no llegan a 501 empadronados y una parte significativa de los más de mil municipios con entre 501 y 1.000 habitantes”.

En sus estudios sobre la que han llamado Serranía Celtibérica (una amplia región española en torno a las montañas del Sistema Ibérico que va desde las provincias de Valencia y Castellón a las de Burgos y La Rioja, pasando por Cuenca, Teruel, Guadalajara, Zaragoza, Soria y Segovia), el profesor Burillo y sus colaboradores son aún más contundentes. Denominan a la zona como la Laponia del Sur y afirman: “Con una extensión doble de Bélgica, sólo tiene censada una población de 487.417 habitantes y su densidad es de 7,72 hab/km2. Cuenta con  el índice de envejecimiento mayor de la Unión Europea y la tasa de natalidad más baja. Este desierto, rodeado de 22 millones de personas, está biológicamente muerto”.

Las diez provincias de la Laponia del Sur son solo una parte de la España vacía. Hay muchas otras provincias con zonas despobladas y en trance de quedar “biológicamente muertas”: Orense, León, Zamora, Salamanca, Ávila, Palencia, Ciudad Real…

“El vaciamiento de la mayor parte del territorio español, además de provocar un grave problema de desequilibrio socioterritorial, compromete también las cuentas públicas –encarecimiento de los costes de prestación de servicios públicos y sostenimiento de infraestructuras-, y supone una pérdida de potenciales activos de riqueza por el desaprovechamiento de recursos endógenos”, afirma la FEMP en su informe. Y añade: “Constituye un error considerar que invertir en el reequilibrio territorial y en la lucha contra la despoblación es un coste. Ha de ser entendido en términos de derechos de la ciudadanía a la igualdad de oportunidades y a su propia “tierra”, y de los territorios a contribuir con sus mejores fortalezas al crecimiento de su comunidad y su país. Es, pues, una inversión en cohesión social y territorial y en fortaleza y sostenibilidad del modelo económico y social”.

Apenas tres meses después de su informe, la FEMP proponía un amplio listado de medidas para resucitar a la España vacía y biológicamente muerta o camino de estarlo. Desde crear una mesa estatal contra la despoblación y una estrategia conjunta de todas las administraciones públicas hasta recuperar la Ley de Desarrollo Sostenible, incorporar de forma explícita a los Presupuestos de cada ejercicio de todas las administraciones públicas una estrategia demográfica, dar incentivos y bonificaciones fiscales a quien invierta en las zonas despobladas, impulsar sellos de calidad territorial para la producción local, gestionar viviendas ahora vacías, establecer legislativamente una carta de servicios públicos garantizados para los ciudadanos de dichas zonas o incluso lanzar un plan que reduzca la brecha digital entre la España despoblada y la España urbana.

“La lucha contra la despoblación –añaden en la FEMP- no es un fin. Es un medio para hacer el planeta más sostenible. Es parte de las políticas de sostenibilidad medioambiental. Es más sostenible repartir la población que concentrarla”.

La comisión de despoblación de la FEMP, que está compuesta por alcaldes, concejales y presidentes de diputación de PP, PSOE, IU y CiU, considera que el problema es de tal magnitud que hay que afrontarlo como “una cuestión de Estado”.

Mañana es tarde, comisionada Barreira. En los minutos de este texto ha seguido agravándose.

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