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Así funcionan las asambleas ciudadanas por el clima como las que propone el Gobierno

Suecia, Francia, Irlanda y Reino Unido han creado, con matices, espacios para dar voz a los ciudadanos en la respuesta a la crisis climática

El Gobierno se compromete a poner en marcha en 100 días las medidas para eliminar las emisiones de CO2 en 2050

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La vicepresidenta Teresa Ribera.

La declaración de emergencia climática aprobada ayer por el Consejo de Ministros y Ministras incluye entre sus medidas más urgentes la creación de una asamblea ciudadana que participe en la toma de decisiones sobre acción climática.

La iniciativa, de la que el Ministerio para la Transición Ecológica todavía no ha podido dar más detalles, pretende conceder más voz a la ciudadanía y hacerla partícipe de los cambios necesarios para frenar el calentamiento global. A través de un grupo formado por el mismo número de hombres que de mujeres, según el Gobierno, y que involucre también a los movimientos sociales y a los jóvenes, entre todos acordarían las propuestas políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principales causas de la crisis climática.

La medida ha suscitado preguntas como: ¿Quién formará la asamblea? ¿Con qué criterio se elegirá a sus miembros? ¿Recibirán remuneración a cambio de su tiempo? ¿Se compondrá también de especialistas o solo de ciudadanos particulares? ¿Qué garantías hay de que las decisiones sean tomadas en cuenta por el ejecutivo?

Las asambleas populares por el clima ya se han puesto en marcha en diferentes lugares de Europa. Algunos ejemplos son Francia, Suecia, Irlanda –donde se constituyó una asamblea ciudadana para decidir sobre el aborto y, después, esa misma asamblea elaboró un informe sobre cambio climático– y, a nivel local, en Reino Unido, en municipios como Cambridge, Oxford o Leeds, entre otros, y en varios distritos de Londres.

Suecia

En Suecia, el Parlamento Popular por el Clima (Klimatriksdagen) fue precisamente el grupo que acogió a Greta Thunberg poco antes de su famosa primera protesta solitaria frente al Parlamento sueco, en 2018.

La iniciativa surgió del pueblo, aunque ahora el propio Gobierno sueco consulta al Klimatriksdagen sobre las medidas climáticas que proponen, e invita a sus integrantes a participar en el diseño del plan de acción climática que, por ley, tiene que presentar el Gobierno cada cuatro años.

La utopía del Klimatriksdagen se convirtió en realidad en 2014, poco antes de que se celebraran las elecciones generales de este año, para exigir acción climática a los candidatos. Enseguida pasaron de ser apenas cinco personas a congregarse más de 600 en un evento que duró varios días y en los que los participantes –la mayoría de Estocolmo, aunque también acudió gente de fuera– votó las medidas a su juicio necesarias para resolver la crisis climática.

En las elecciones de 2018 se repitió el proceso y, reunidos en otro macroevento (en el que, por cierto, cantaron la madre y la hermana de Greta Thunberg), convinieron 12 propuestas que plantearon a los políticos y que, en algunos casos, fueron objeto de debate también en el Riksdag. Desde entonces, esas 12 propuestas han servido de base para el trabajo de la organización, que funciona de manera continua, aunque con el foco puesto todavía en las elecciones generales. La asociación, según su presidenta Karin Sundby, no deja de crecer. Formaron diferentes grupos que se reúnen con cierta asiduidad y, en uno de éstos, estaba la joven Thunberg. "En ese grupo, en el verano de 2018, algunos debatíamos sobre cómo podíamos exigir más acción climática, y se habló de manifestarnos, pero, de todos los que estábamos, la única que lo hizo fue Greta", recuerda Sundby.

Más allá de la anécdota, el impulso del Klimatriksdagen se ha trasladado no solo al debate político nacional, sino que también influyó sobre el resultado de las elecciones europeas, asegura Sundby. "Trabajamos muchísimo en la primavera del año pasado para hacer que el clima fuera un tema principal en las elecciones al Parlamento Europeo, y obviamente no fue solo gracias a nosotros, pero invitamos al seminario a los suecos que se presentaban a la Eurocámara y vimos que realmente pusieron el tema del clima bastante alto en sus prioridades y luego vimos que los que finalmente entraron tenían propuestas muy concretas".

Francia

En octubre de 2019 el presidente francés Emmanuel Macron anunció la creación de la Convención Ciudadana por el Clima (CCC) en el marco del debate nacional propuesto al calor de la revuelta de los 'chalecos amarillos'. La decisión, según algunos medios franceses, fue idea del director de cine Cyril Dion, quien defendió que "nuestro modelo de democracia representativa no nos permite tomar las medidas radicales necesarias para hacer frente a los desafíos actuales". Dion es, junto con Anne Frago (directora del Departamento de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional) y Michèle Kadi (directora general honoraria de los Servicios del Senado), garante de la organización de la CCC.

Así, del 4 al 26 de enero, 150 ciudadanos franceses elegidos al azar tienen la misión de consensuar una propuesta con la que crean que el Gobierno pueda lograr el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país en un 40% para el año 2030.

Seleccionados mediante un sorteo en la guía telefónica, la idea es que los participantes se reúnan cada seis semanas con una docena de expertos, cuya función es plantear las cuestiones sometidas a debate de la asamblea.

Sin embargo, entre los doce expertos, que en teoría deberían ser imparciales, ostenta el cargo de asesora del director y presidente del grupo Catherine Tissot-Colle, una directiva de la multinacional minera Eramet.

Por ello, algunas voces se han mostrado críticas con este modelo. Es el caso, por ejemplo, de la periodista Anne-Cécile Robert, quien, en un artículo reciente de Le Monde Diplomatique en español, escribe que "convenientemente encauzada, la CCC participa en la construcción de ese falso consenso que deja a salvo los intereses económicos y financieros".

Por su parte, en una entrevista con la radio francesa Europe1, el activista Allain Bougrain-Dubourg, quien también es miembro del Consejo Económico, Social y Medioambiental, definió la CCC como "demagogia democrática surrealista", pues, alegaba, en realidad ya existe una respuesta conocida a las preguntas que les plantean los especialistas. "Desde hace décadas, los expertos del IPCC nos han iluminado sobre la situación, nos han guiado o han dirigido a los responsables hacia las decisiones que hay que tomar", aseveró Bougrain-Dubourg, y añadió que "si queremos actuar, ya sabemos lo que tenemos que hacer a nivel del ciudadano, de la comunidad y del Estado".


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