Los trabajadores de la concertada seguirán movilizándose contra los recortes
Todo parece indicar que el conflicto en los colegios concertados vascos va para largo. Tras varios años de tiras y aflojas entre los trabajadores y las patronales del sector, el acuerdo entre ambas partes parece estar más lejos que nunca. Lo que empezó como una protesta laboral debido al recorte de salarios del 5% aplicado en 2010, amenaza ahora con perpetuarse después de que Kristau Eskola y AICE dejaran sin efecto el convenio colectivo aprovechando la reforma laboral del PP. Tras la “exitosa” huelga general del pasado 26 de octubre, las centrales sindicales han convocado paros de una hora para el martes y jueves de la semana que viene como primer hito en su calendario de nuevas movilizaciones.
ELA, LAB, STEE-EILAS, CCOO y UGT han aprovechado para anunciar este calendario la celebración en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del juicio que les enfrenta con Kristau Eskola Y AICE debido a la rotura de la ultraactividad del convenio vasco de enseñanza. Después de que el Tribunal Supremo les haya dado la razón al considerar que las bajadas de salario aplicadas en 2010 fueron ilegales, los sindicatos creen que una vez más la justicia estará de su lado. Sin embargo, esperan un proceso largo de meses o incluso años de duración.
Mientras tanto, tienen una triple exigencia para las patronales de centros concertados. Por un lado, les demandan que cumplan el convenio en vigor hasta julio de este año y devuelvan todo el dinero que adeudan a los trabajadores. Los sindicatos han calculado que la cuantía de la deuda podría rondar el 2,5% de las pagas de los últimos años, aunque han puntualizado que la situación es diferente de un centro educativo a otro. También exigen retomar la negociación para la firma de un nuevo convenio partiendo de un planteamiento sin recortes y que se garantice la no aplicación de la reforma laboral en las plantillas de todos los colegios.
El pasado 5 de julio Kristau Eskola y AICE abandonaron la negociación colectiva y comunicaron a los sindicatos su intención de aplicar la reforma laboral, con lo que los trabajadores de sus centros concertados pasaron a regirse por el convenio estatal. Un marco normativo que contiene unas condiciones bastante peores que las del convenio activo hasta la fecha tanto a nivel salarial como en los que se refiere a permisos, horarios laborales y etc. “Lo que buscan es tener cobertura legal para los recortes que están aplicando desde 2010”, ha comentado Xabi Irastorza, portavoz de ELA, sindicato mayoritaria en la enseñanza concertada.
El juicio que ha comenzado hoy en Bilbao responde precisamente a la demanda interpuesta por todo los sindicatos para invalidar esta acción de las patronales. Las centrales están seguras de que ganarán porque el anterior convenio tiene un artículo que dicta específicamente que no pierde vigor hasta que no se firme uno nuevo. Sin embargo, mientras la vía judicial sigue su curso han planteado un calendario de movilizaciones que empezarán con una comparecencia parlamentaria el próximo lunes, 21 de octubre. El martes 22 y el jueves 24 hay convocados paros de una hora en todos los centros educativos de Kristau Eskola y AICE y el martes 29 por la tarde han hecho un llamamiento para manifestarse en las tres capitales vascas. Si no obtienen ninguna respuesta, las protestas continuarán la semana del 25 al 29 de noviembre.
Ambas patronales de concertada tienen entre las dos más de 180 centros educativos. En torno a 150.000 alumnos se verán afectados por estas movilizaciones, aproximadamente un tercio del sistema.
Otras fuentes de financiación
Otras fuentes de financiaciónEl conflicto en la enseñanza concertada vasca tiene sus raíces en la reducción salarial del 5% impuesta por el Gobierno de Zapatero a los funcionarios. En aplicación de las indicaciones que llegaban desde Madrid, el anterior Gobierno vasco redujo en consonancia la subvención que reciben los centros concertados y las patronales replicaron este recorte sobre sus trabajadores. El problema es que, al contrario de lo que ocurre con los funcionarios, los profesionales de la concertada están sujetos a un convenio laboral con sus centros educativos en el que la Administración no tiene nada que ver.
La concertada argumentó la necesidad de replicar los recortes aduciendo que la ley no le permite cobrar cuotas a sus alumnos y la reducción de la aportación del gobierno les ataba de pies y manos. El Tribunal Supremo, sin embargo, dio la razón a los sindicatos al considerar que estos colegios disponen de otras fuentes de financiación además de las subvenciones. Esta situación provocó varios momentos de tensión entre las patronales, especialmente Kristau Eskola, y el anterior ejecutivo que parecen haberse calmado con la llegada del Gobierno Urkullu a pesar de que su postura en este aspecto no ha cambiado.
Los sindicatos han asegurado hoy que han pedido al departamento de Educación dirigido por Cristina Uriarte que haga de intermediario en el conflicto y han dicho no tener todavía “ninguna respuesta”. “Por eso hemos solicitado una comparecencia parlamentaria, para que todos los partidos exijan al Gobierno hacer frente a estas políticas de recorte y den solución al conflicto”, ha apuntado Irastorza. “Porque lo que están haciendo las patronales desde el primero momento es trasladar los recortes de financiación directamente sobre los trabajadores”, ha añadido.
