Crisis de la vivienda (II): sanitarios, funcionarios y universitarios, el talento que Cantabria necesita pero no puede alojar

“Vivienda ideal para personal sanitario. A escasos metros del hospital Valdecilla. Cuatro habitaciones. Disponible en julio y agosto. 3.000 euros al mes. Si vas a trabajar este verano en Santander y buscas una vivienda amplia, cómoda y perfectamente ubicada, esta puede ser una excelente opción. Especialmente adecuada para médicos internos residentes (MIR), enfermeros, fisioterapeutas, personal sanitario desplazado o equipos profesionales que necesiten alojamiento temporal durante los meses de verano”.

La irrechazable propuesta de este anuncio -publicado en un popular portal inmobiliario- consiste en pagar 750 euros por una habitación en un piso compartido con otras tres personas. No concreta si quiera los metros del piso, pero sí que cuenta con dos baños “completos” con plato de ducha y mampara, todo un lujo también a compartir entre cuatro inquilinos.

De otro lado, en el grupo de Facebook 'Alojamiento para personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud', alguien escribe: “Busco piso en Santander, Torrelavega y alrededores de menos de 600 euros. Soy sanitaria de larga duración”. Son solo algunos ejemplos de lo que una persona en búsqueda activa de vivienda en Cantabria se puede encontrar estos días.

Si bien la normalización de prácticas abusivas dificulta más, si cabe, el acceso a una vivienda de las personas con menos recursos, los desproporcionados precios del mercado del alquiler en Cantabria acentúan a su vez la llamada ‘fuga de talento’.

La crisis de vivienda es ya una realidad para colectivos cualificados como personal sanitario, docentes, empleados públicos o universitarios que ven condicionadas sus decisiones y proyectos de vida a las soluciones habitacionales disponibles (o inexistentes). El impacto es todavía mayor a las puertas del verano, una época en la que los anuncios de alquiler no estacional prácticamente desaparecen de los portales inmobiliarios.

Los médicos MIR que pierde Valdecilla

El alto precio de la vivienda en Santander influyó decisivamente para que Miguel (25 años, Oviedo) renunciara a hacer el MIR en el Hospital Valdecilla. Explica que para un residente de primer año en Santander que realiza dos guardias, el sueldo ronda los 1.600 euros. Cuando el año pasado barajó la posibilidad de elegir Santander como destino para hacer su residencia los alquileres de pisos completos se situaban entre los 900 y 1.000 €, mientras que una habitación en piso compartido no bajaba de los 500 €. Admite que esto hace que sea “muy difícil vivir de forma independiente sin ayuda familiar” o sin ver seriamente mermada la capacidad de ahorro.

En su opinión, el problema principal en Santander no es solo el precio, sino la disponibilidad anual. “Muchos caseros solo alquilan de septiembre a junio, reservando los meses de verano para el turismo. Dado que los residentes suelen incorporarse en el mes de junio, este modelo de alquiler es ”muy limitante“ e incompatible con su vida profesional.

Aunque la vivienda, dice, no fue el único factor, Miguel admite que sí influyó en que decidiera finalmente quedarse en Oviedo.

Profesores interinos destinados a zonas costeras

La situación tampoco es muy halagüeña después del verano. Docentes interinos o sanitarios que llegan en septiembre a municipios como Laredo, Noja, Santoña, Castro Urdiales, Suances o Comillas descubren que apenas hay alquiler anual. Los propietarios prefieren contratos de 9 o 10 meses y deben abandonar la vivienda en junio.

Hay ayuntamientos, centros de salud o colegios que tienen problemas para cubrir plazas porque los trabajadores no encuentran vivienda cerca o porque los alquileres son incompatibles con sus salarios. La cuestión es cómo atraer profesionales a determinadas zonas si no existe vivienda disponible.

Santander, ciudad universitaria cada vez menos accesible

Otra de las preguntas que surgen alrededor del problema habitacional es si puede una ciudad seguir siendo atractiva para estudiantes de enseñanzas superiores o personal investigador si el alojamiento consume una parte creciente de sus becas, salarios y ayudas familiares.

Lorena (23 años, Alicante) acaba de concluir el tercer curso del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en Santander y a pesar de contar con varias ofertas para hacer prácticas en medios de comunicación este verano, no ha podido quedarse en Cantabria. Su presupuesto no le permite costearse los 1.400 euros al mes que su casera les pide a ella y a su compañera en verano por el piso que comparten en la zona de Puertochico y que durante el curso académico les cuesta 850 €. Ni siquiera el hecho de volver a renovar el contrato de alquiler a partir del mes de septiembre para el curso 2026-27 les ha servido para obtener un trato preferente o cierta rebaja en el periodo estival por parte de la propietaria.

Lorena lamenta que sus decisiones estén totalmente condicionadas por esta situación. “Es triste, porque sabes que estás perdiendo oportunidades por el hecho de no tener donde vivir y piensas ¿y si este tren no vuelve a pasar?”, admite con un tono de resignación que invita a reflexionar sobre en qué momento la sociedad comenzó a fallarle a los de su generación. “Llevo cinco años viviendo en Santander y me acuerdo el primer año de estar mirando pisos con compañeros y había bastantes de 600 o 650 euros y ahora no bajan de 800 u 850” y “también han aumentado mucho los anuncios que directamente solo quieren alquileres temporales”, añade.

La situación de Pedro, estudiante de 4º curso de ADE (Administración y Dirección de Empresas), es similar. El piso que comparte con otros tres compañeros de universidad y por el que pagan 1.400 euros en la zona centro de Santander casi duplica su precio en verano, alcanzando los 2.600 euros de renta. En su caso tiene exámenes de convocatoria extraordinaria hasta el 14 de julio, por lo que está obligado a quedarse y más teniendo en cuenta la distancia que le separa de su lugar de origen, México.

“Tengo unas amigas que me prestan su sofá la primera semana de julio, porque los exámenes extraordinarios acaban el día 14 y yo tengo que dejar el piso donde vivo a finales de junio”. Después, otras compañeras de estudios le acogerán una semana en el salón de su piso de tres habitaciones, en el que vaticina que van a coincidir unos ocho estudiantes expulsados igualmente por la avaricia de los alquileres vacacionales.

La residencia universitaria tampoco es una opción alcanzable para ninguno de ellos. El coste de una habitación tipo estudio se sitúa alrededor de los 800 €, según detallan.

Como a ellos, que están formándose para abrirse puertas en el mercado laboral, la dificultad para alquilar afecta directamente a quienes podrían cubrir vacantes en sanidad, educación o sectores tecnológicos. Y cuando un territorio no puede ofrecer un proyecto de vida a las personas que necesita para sostener sus servicios públicos y su economía, el problema deja de ser únicamente inmobiliario para convertirse en un problema de futuro.

La cuestión es si una comunidad con una alta tasa de envejecimiento como Cantabria -con un 25% de población mayor de 64 años, según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)- puede permitirse perder talento por culpa de la vivienda.

Sin mención al problema habitacional

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, lamentaba recientemente esa 'fuga de talento' joven de Cantabria y pedía traer de vuelta a quienes se han marchado, debido -en su opinión- a la “menor capacidad del tejido empresarial regional frente a otras comunidades y a la búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo profesional, conciliación, bienestar laboral, inclusión y diversidad” por parte de los jóvenes.

Ante directivos y responsables de Recursos Humanos, Conde reclamaba implantar medidas contra este fenómeno pero sin mencionar el problema de la vivienda. Una omisión significativa en un contexto en el que el encarecimiento de los alquileres y la escasez de oferta se han convertido ya en un factor determinante para fijar o expulsar población joven y cualificada de la comunidad autónoma.

Para David Sanjuan, presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria, las cifras contradicen cualquier discurso de optimismo institucional y advierten de un encarecimiento “clarísimo” del alquiler habitacional, que solo en Santander ha subido un 15%. Sanjuan explica que para los estudiantes que buscan una habitación en pisos compartidos, las opciones “han pasado de costar entre 180 y 250 euros a no bajar ahora de los 300-350 euros”.

El alquiler de una vivienda completa supondría más del 90% de los ingresos de los jóvenes cántabros

Según los datos que maneja el Consejo, el coste de una habitación consume ya casi el 50% del salario neto de un joven en Cantabria, mientras que el alquiler de una vivienda completa supondría destinar más del 90% de sus ingresos. Sanjuan critica que esta precariedad se ve agravada por la “especulación” en periodos estivales, donde muchos propietarios optan por expulsar a los inquilinos jóvenes en junio para priorizar el alquiler turístico, más rentable ante un verano que además tiende a alargarse cada vez más por el cambio climático.

Por su parte, Sanjuan es rotundo al reclamar soluciones jurídicas inmediatas como la declaración de “zonas tensionadas”. En su opinión, esta es la única fórmula actual para “destensionar el mercado” y “frenar una especulación que no solo expulsa a los jóvenes de sus casas, sino que está forzando una emigración laboral agravada por la falta de competitividad de los sueldos frente al coste de la vida en la región”, apunta.

Viviendas de alquiler transformadas en alojamiento vacacional

El precio de los alquileres en Cantabria ha aumentado un 33,6% desde 2015, según el Ministerio de Vivienda. En los municipios más poblados (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales o Laredo) las subidas rondan entre el 31% y el 35%. Y tal como advierte el Consejo de la Juventud, solo el 13,9% de los jóvenes cántabros está emancipado, llegando Cantabria a liderar la tasa más baja de todo el país en tres de los últimos seis años.  

Además, la desaparición de alquileres de larga duración a favor de alquileres temporales para estudiantes o visitantes es directamente proporcional al aumento de viviendas turísticas registrado en Cantabria durante los últimos cinco años.

Según el INE, la comunidad pasó de 4.886 viviendas turísticas en 2020 a 6.229 en 2025, un aumento del 27,5%, mientras que las plazas disponibles crecieron alrededor de un 32%, hasta superar las 32.000. Todo ello pese a que en 2025 se produjo una ligera reducción vinculada a cambios regulatorios y a la depuración de registros.