El PSOE exige que se cumpla el plan de protección del conjunto histórico de Potes
El Grupo Socialista en Potes ha exigido el cumplimiento del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de este municipio, documento que se aprobó hace “casi veinte años” por la administración local y que lleva vigente desde el 2001.
El PSOE pide que se cumpla tras el Pleno extraordinario del Ayuntamiento celebrado la semana pasada, que dio luz verde a una nueva urbanización en el ferial de La Serna, proyecto redactado por el arquitecto municipal y que cuenta con un presupuesto de 212.047 euros.
La portavoz socialista en el Consistorio, Rocío Rábago, apunta en un comunicado que el acuerdo para solicitar la subvención para la nueva urbanización se aprobó pese a la abstención de su partido, que destaca que el ferial de La Serna es “el espacio libre de mayor entidad” del conjunto histórico de Potes, que cuenta “con grandes potenciales” al tiempo que es uno de los lugares “más entrañables y cargados de significados de toda Liébana”.
Ante esto, la edil considera que el estado actual del recinto es “el resultado de la degradación realizada en los últimos años” y, también, “de la dejadez y la actitud interesada del Partido Popular que ha acondicionado esa zona a su antojo”.
“Se trata de un gran y único espacio capaz de acoger distintas necesidades públicas, en un municipio con escasez de suelo útil, y del cual su uso abusivo hace que en ocasiones pueda ser utilizado como aparcamiento, mercado, almacén de basuras etc”, señala Rábago, antes de indicar que “hace quince años, en un tercio de su superficie, se construyó de forma precipitada e irregular una estación de autobuses que hoy podemos decir que era totalmente innecesaria”“.
Por todo lo anterior, la concejala y portavoz del PSOE cree que “no es de recibo acometer este tipo de operaciones, que requieren la inversión de importantes cantidades de dinero público, sin facilitar la más mínima reflexión y participación pública en la toma de decisiones de tanta transcendencia”.
“El PP no puede privar a la oposición municipal de la información pertinente con tiempo para estudiarlo y, en su caso, proponer soluciones alternativas”, concluye Rábago.
