La Justicia paraliza las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado la suspensión cautelar de las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, atendiendo a una petición de Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que es miembro de la Plataforma contra el Superpuerto.

En el auto se explica que la decisión se adopta ante la posibilidad de que el daño que produzcan las obras sea “irreparable” cuando finalice la denuncia contra el propio proyecto, por lo que se dictamina su paralización temporal para evitar esos perjuicios.

En el documento se específica que el proyecto de puerto se ubica sobre el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, lugar que, a su vez, fue declarado Zona de Especial Conservación, además de sobre terrenos integrados en el Plan de Ordenación del Parque de Oyambre.

Pese a que el Gobierno de Cantabria en su Declaración de Impacto Ambiental consideró que no se producían afecciones, el TSJC matiza que esto “no supone sin más la viabilidad ambiental del proyecto”.

Para la Plataforma denunciante, este hecho, “reiterado hasta la saciedad a las autoridades, es clave”, dado que considera que “el Gobierno no está haciendo su labor de forma adecuada y con garantías plenas”.

“Ni siquiera desde un punto de vista racional se sustenta la construcción de este superpuerto de casi 300 amarres y la inversión de 6 millones de euros. Como alternativa, mostramos la ampliación hasta 80 amarres y que parte del presupuesto se dedicara a desarrollar un pequeño polígono de servicios para las actividades locales de los barquereños”, subrayan desde el colectivo.

El auto enumera distintos efectos sobre el medio ambiente, como los dragados para la zona de atraque y los canales de acceso de las embarcaciones, con la consiguiente afección a los fondos marinos, además del propio uso del puerto, que puede causar la contaminación de las aguas con los combustibles.

Se remite además a un informe en el que se advierte de que el proyecto “destruye” dos hábitats de interés comunitario, cuestión que desde la Plataforma han mantenido a lo largo de todo el proceso y que una de las organizaciones miembro, Izquierda Unida de Cantabria, ya presentó en el Parlamento Europeo.

Por tanto, al considerarse probado que tiene consecuencias sobre el medio ambiente, y ante el riesgo de otros, la justicia apuesta por paralizar las obras hasta que se decida si estos efectos cumplen o no la ley.

“En lugar de actuar con rigor y esperar a la acción de la Justicia, algo que no estaría de más vista la carrera judicial de los proyectos del ladrillazo público, la Consejería de Obras Públicas se ha embarcado en una huida hacia adelante que ahora se topa con esta paralización”, sentencian desde la Plataforma contra el Superpuerto Deportivo.

Posicionamiento del Parlamento Europeo

Tras hacerse pública la noticia, Izquierda Unida de Cantabria ha anunciado que volverá a pedir al Parlamento Europeo que se posicione en relación al superpuerto de San Vicente de la Barquera, una vez que las obras de éste han sido paralizadas por orden judicial.

En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, ha mostrado su “alegría” al conocer el auto judicial de la mano de los demandantes, Ecologistas en Acción, miembros ambas colectivos de la Plataforma contra el Superpuerto.

Para la representante cántabra de IU, la paralización supone “dar veracidad al relato de la Plataforma, que siempre ha buscado el desarrollo local de San Vicente de forma respetuosa con el medio y que ofrezca garantías sociales a sus habitantes”.

“El esperpento que quieren poner en mitad de la ría San Vicente y que ahora un juez manda paralizar lleva la firma de José María Mazón como consejero de Obras Públicas en la pasada legislatura”, ha indicado Martínez, quien ha recalcado que “el hoy diputado en el Congreso que se queja cuando el tren le deja tirado ha enfocado toda su trayectoria política –lleva desde los años noventa ligado a la misma consejería como secretario general, director general o consejero– a la macroconstrucción y el despilfarro mientras olvidaba las verdaderas necesidades que tienen las Cercanías y el tren”.

“Con el beneplácito del presidente, Miguel Ángel Revilla, se han cometido en Cantabria las mayores barbaridades urbanísticas y aquí no pasa nada”, ha criticado Martínez, que ha recordado además la intervención del Parlamento Europeo en esta cuestión tras la petición de IU a finales de 2017.

Entonces, la respuesta desde Bruselas fue que “la Directiva de Hábitats no prohíbe la realización de proyectos en los lugares Natura 2000, pero exige que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un lugar Natura 2000 se someta a una evaluación adecuada, y que solo pueda autorizarse tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión”.

Ahora IU ha recogido el guante del auto judicial que “considera probadas las consecuencias sobre el medio ambiente” al aludir a “la destrucción de dos hábitats de interés comunitario o las afecciones a los fondos marinos”, y retomará la vía política en este asunto, tal y como también hizo con las prospecciones mineras del proyecto 'Salia' en la comunidad.

Unas horas más tarde, el Gobierno de Cantabria ha anunciado la paralización “provisional” de las obras de ampliación del puerto deportivo, cumpliendo así con el auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que el Ejecutivo ha señalado en nota de prensa que “sin valorar el fondo del asunto, ni pronunciarse acerca de quién tiene o no razón, se limita a expresar que carecería de sentido la demanda si la obra es ejecutada antes del proceso judicial, especialmente con los dragados”.

En este sentido, y en un comunicado, la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha señalado que los dragados aún no se habían llevado a cabo, por lo que el director de la obra ya ha ordenado al contratista que no se prosigan los trabajos y que se mantenga la zona en condiciones seguras, pues al desarrollarse la actuación en el Parque de Oyambre el auto considera que es preferible su paralización a la espera de juicio.

“Como el objetivo en estos momentos no es valorar quien tiene aparentemente razón, sino el riesgo de que la demanda carezca de objeto una vez construida la infraestructura”, el Ejecutivo autonómico “confía en que la ampliación del puerto deportivo sea viable, ya que todo el procedimiento administrativo se ha realizado correctamente”.

No obstante, y ante esta situación “temporal”, la Consejería de Obras Públicas va a solicitar un “incidente de ejecución” para concluir las aceras del paseo marítimo con el objetivo de evitar “cualquier tipo de riesgo innecesario” para los vecinos y turistas de la zona, especialmente de cara al verano. En este sentido, la Administración autonómica cree que TSJC y Ecologistas en Acción serán “sensibles” a esta demanda pues “no produce ningún daño ambiental”.

Asimismo, ante la existencia de un voto particular a que se establezca una caución a Ecologistas en Acción, el Gobierno va a solicitar la misma en el TSJC para hacer frente a los posibles perjuicios que se puedan producir de este hecho.