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El Parlamento considera incompatible la actividad profesional del portavoz de Vox con su dedicación absoluta de diputado

Cristóbal Palacio es el único parlamentario al que se ha denegado la dedicación absoluta, por lo que tiene ocho días para dimitir como portavoz o renunciar al escaño

Cristóbal Palacio, portavoz parlamentario de Vox. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Cristóbal Palacio, portavoz parlamentario de Vox. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

El Parlamento de Cantabria ha debatido este lunes a puerta cerrada sobre el régimen de incompatibilidades de sus miembros y ha aprobado en el pleno un dictamen de la Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas, que tiene carácter secreto, en el que se abordaban las declaraciones formuladas por los parlamentarios de los diferentes partidos para compaginar su labor política con distintas actividades profesionales de carácter privado.

Previamente, en las sesiones celebradas los días 28 de enero y 10 y 13 de febrero, la Comisión había dado luz verde a este dictamen, consultado por eldiario.es, que deja al portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, como al único diputado al que se le rechaza la dedicación absoluta solicitada. Y es que el Parlamento de Cantabria ha declarado la incompatibilidad de su tarea en la Cámara dentro del Grupo Mixto con su actividad profesional privada como abogado, lo que le coloca en una posición delicada.

Pese a su salto a la primera línea política en las pasadas elecciones autonómicas como cabeza de lista de Vox, Palacio continúa ejerciendo como abogado, defendiendo a sus clientes en los tribunales y asesorando a empresas, una función que la Cámara considera que contraviene su trabajo parlamentario con dedicación absoluta y sueldo íntegro de diputado.

Esta decisión provocará movimientos en los próximos días, ya que Palacio tiene ahora un margen de ocho días para aclarar su situación. Todos los portavoces parlamentarios, obligatoriamente, deben tener dedicación absoluta y a él se le ha declarado la incompatibilidad, por lo que tendrá que elegir entre dejar la Portavocía del Grupo Mixto, cediéndosela a su compañero Armando Blanco; ser portavoz suplente con dedicación parcial, o renunciar al escaño.

El caso del diputado de extrema derecha es único en la Cámara dado que el resto de parlamentarios que han solicitado compatibilizar sus tareas fuera del Parlamento con sus funciones políticas han conseguido el visto bueno de la Comisión. Así, un total de 24 de los 35 diputados que hay en la actualidad tienen dedicación absoluta, entre los que se encuentran todos los miembros de la mesa, incluido el presidente, y los portavoces de PRC, PP, PSOE y Ciudadanos.

Además, dos diputados han solicitado la dedicación parcial: Marta García (Cs), que declara la titularidad de una instalación agropecuaria y un alojamiento extrahotelero vinculado a la mencionada instalación, compatible por ley con su actividad parlamentaria, y Pablo Diestro (PRC), que además de alcalde de Reocín declara una actividad privada por cuenta propia que también ha sido aceptada.

Los diputados que además ostentan cargos de representación en el Gobierno, como el presidente, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloaga, o la consejera de Presidencia, Paula Fernández, además del senador autonómico José Miguel Fernández Viadero o el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, tienen dedicación solo con indemnización por gastos.

Ocurre lo mismo con otros parlamentarios como el popular César Pascual o las socialistas Paz de la Cuesta y Eva Salmón, que ejercen otras actividades profesionales por cuenta ajena que se consideran compatibles por ley y que también tienen dedicación solo con indemnización por gastos por voluntad propia.

Algo más controvertida es la posición de varios diputados que mientras tienen dedicación absoluta y cobran del Parlamento de Cantabria son alcaldes en sus respectivos municipios, como María Teresa Noceda en Comillas, José Miguel Barrio en Reinosa, Rosa Díaz en Polanco, o Mónica Quevedo en Corvera de Toranzo. La Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas debatió a puerta cerrada estos casos, pero el informe del letrado, que es el vinculante, ha declarado que son compatibles y su situación no variará esta legislatura.

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