Podemos critica la “tibieza” de la sentencia del 'caso Santa Catalina' de Castro Urdiales

Podemos Castro Urdiales ha criticado la sentencia del 'caso Santa Catalina', que pone fin a uno de los casos de corrupción del municipio, acontecido hace 20 años, y que, “pese al daño que supuso para las arcas municipales, apenas ha tenido repercusión condenatoria”.

Para Podemos, la sentencia conocida esta semana es una muestra evidente de que “la ingeniería jurídica de la cúpula judicial ha servido para defender a los corruptos contra los intereses de la ciudadanía castreña”.

Según el Círculo castreño, el resultado de la trama “Santa Catalina” puede resumirse en un estado de corrupción generalizado en la política del municipio de hace dos décadas, con “graves repercusiones actuales para las arcas municipales, en la construcción de un vial que no estaba contemplado en el PGOU y en la pérdida por parte del Ayuntamiento de más de 2.000 m2 de aprovechamientos urbanísticos valorados en 2,4 millones de euros”, señalan.

Esta semana, el juzgado de lo Penal nº 3 de Santander ha emitido la sentencia por el juicio del “caso Santa Catalina”. Condena a dos exalcaldes, seis exconcejales y el exsecretario municipal como autores de un delito de prevaricación administrativa. Cesar Sáiz Alonso, exsecretario del ayuntamiento castreño, ha sido condenado por cooperador necesario. Y el exalcalde Fernando Muguruza Galán ha resultado condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de prevaricación urbanística del artº 320.2 del Código Penal.

Todos ellos han sido condenados a inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con funciones en el ámbito municipal entre dos años y seis meses y tres años y seis meses, y alguno de ellos ha sido condenado a pagar la “ridícula” -señala la formación morada- cantidad de 2.100 euros de multa.

Para Podemos Castro Urdiales, dos personas “han resultado claves” para que este juicio comenzara a diseñar el mapa de qué papel desempeñaron políticos y técnicos en la época tenebrosa del “desmadre urbanístico” castreño: el exinterventor municipal Fernando Urruticoechea Basozábal y el magistrado Luis Acayro Sánchez Lázaro.

Estos dos funcionarios públicos “defendieron los intereses municipales con más esmero que casi todos los técnicos locales y todos los partidos políticos con representación en el Consistorio”, señala Podemos, “han pagado un alto precio personal y social, mucho más elevado que todos los corruptos”.

Los actos delictivos cometidos por promotores y constructores, “con el debido beneplácito de gran parte de las corporaciones castreña de entonces, no se han castigado lo suficiente con esta condena”, concluye el partido.