Las sanciones económicas a la empresa concesionaria en Valdecilla se acercan a los dos millones de euros en dos años
El bipartito PRC-PSOE tuvo que ponerse manos a la obra nada más tomar posesión para culminar el traslado definitivo a las nuevas instalaciones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Después de casi dos décadas de obras, problemas económicos y retrasos continuos, el actual Ejecutivo autonómico fue el encargado de llevar a cabo un proceso no exento de dificultades y rodeado de polémica por los sobrecostes, las deficiencias y la privatización encubierta que denunciaban partidos políticos y sindicatos.
La Consejería de Sanidad, pilotada durante la presente legislatura por María Luisa Real (PSOE), asumió el desarrollo de un macrocontrato impulsado por su antecesora en el cargo, María José Sáenz de Buruaga (PP), que externalizaba la gestión de todos los servicios no sanitarios del centro hospitalario con un coste cercano a los 900 millones de euros a lo largo de 20 años y con el que socialistas y regionalistas habían sido muy críticos durante su etapa en la oposición.
Una vez formalizado, y ante la imposibilidad de tumbarlo como habían prometido si llegaban al poder por la cuantiosa indemnización que debería asumir el Gobierno de Cantabria, la propia consejera reconoció que ahora los cántabros “son inquilinos” en una instalación cuyo servicio gestiona una filial de la empresa Ferrovial -en colaboración con Siec- y que requirió de nuevas inversiones meses después de su inauguración.
Precisamente estos antecedentes son los que han provocado que las relaciones entre la Administración y la empresa concesionaria sean muy tensas desde el primer día. Y ante las dificultades jurídicas y económicas para revertir el contrato, la Consejería de Sanidad optó por realizar un “control exhaustivo” de todas las cláusulas de ese acuerdo que está dando sus frutos para las arcas públicas.
De hecho, según los datos a los que ha tenido acceso eldiario.es, desde noviembre de 2016 hasta septiembre de 2018, en aproximadamente dos años, las deducciones por “fallos de disponibilidad y calidad en la prestación de los servicios” alcanzan la cifra total de 1.982.208,86 euros, si bien la cifra puede ser algo menor, al estar pendiente de resolución los recursos de los últimos cinco meses.
La Consejería de Sanidad certifica que las cuantías de las sanciones económicas son similares mes tras mes, y se mueven en una horquilla de entre 80.000 y 100.000 euros de media. Las deducciones más habituales son las relativas a los servicios de limpieza, mantenimiento general y restauración, algunas de las tareas que la filial de Ferrovial tiene encomendadas en el centro sanitario.
Pendiente de una resolución judicial
“Tenemos que pagar aproximadamente unos 44 millones al año. Nos hipoteca económicamente, pero lo que es más importante, hipoteca la gestión del hospital. Nada más llegar analizamos jurídicamente la posibilidad de revertir el contrato. Dada la complejidad, los 900 millones, los 20 años, y que es un contrato mixto de obras y servicios, comprobamos que la comunidad no podría afrontar la indemnización”, reconoce la consejera de Sanidad en declaraciones a este periódico.
Ante esta realidad, el Gobierno encargó una auditoría de obra, que detectó una serie de incumplimientos que ya venían denunciando los trabajadores, y además, mensualmente, comenzó a controlar el “cumplimiento estricto” del contrato. El Consejo de Estado ha dictado varias resoluciones favorables al Ejecutivo autonómico sobre diferentes cláusulas, como el mantenimiento del robot quirúrgico Da Vinci o el transporte no sanitario, aunque la empresa lo ha llevado a los tribunales y está pendiente de sentencia judicial.
