La segunda 'primera piedra': una concesión de 40 años para gestionar una residencia universitaria en el antiguo colegio mayor Juan de la Cosa

El solar de la Universidad de Cantabria (UC) abandonado desde hace casi dos décadas en la Avenida de Los Castros número 55 de Santander albergará una residencia para estudiantes con 116 habitaciones individuales que estará terminada para el curso 2028-29. El edificio se construirá mediante la colaboración público-privada, con un modelo de concesión a largo plazo -durante 40 años- con el respaldo del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. La Universidad de Cantabria aportará 3,4 millones de los 12,4 que se invertirán en este segundo intento de recuperar el antiguo colegio mayor.

Pero el proyecto no está todavía cerrado. La institución académica regulará a través de los pliegos de licitación el precio de las habitaciones para que sean “asequibles” para los universitarios y, en todo caso, más baratos que los del mercado del alquiler de vivienda. Contará además con espacios comunes, salas de estudio, áreas de encuentro y servicios compartidos, además de aparcamiento con más de 210 plazas distribuidas en tres plantas de sótano.

El proyecto ha sido presentado en rueda de prensa por la rectora, Conchi López; la vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios, María Margallo; la alcaldesa, Gema Igual, y el consejero de Universidades, Sergio Silva.

El proyecto fracasado de 2011

La Universidad de Cantabria derribó hace 16 años el Colegio Mayor Juan de la Cosa, construido en 1974. Desde entonces ha sido un solar sin vida. La idea inicial fue levantar otro edificio más moderno en los más de cuatro mil metros cuadrados del número 55 de la Avenida de los Castros, frente a la Escuela de Caminos.

Trece años después el entonces presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, puso la primera piedra -que fue también la última- de un proyecto fracasado. Un inmueble de cuatro plantas que iba a financiar la empresa pública Gesvican con 89 habitaciones y tres plantas de aparcamiento subterráneo con capacidad para 210 vehículos. Se quedó sobre el papel.

La obra se paró en enero del 2013 con la ambición de conseguir autorización para elevar un piso más, de acuerdo a un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que finalmente no llegó a entrar en vigor. En paralelo, se decidió que optar por la colaboración público-privada para financiar los 7,6 millones de euros que se habían presupuestado.

Para entonces la empresa pública Gesvicán había invertido más de un millón de euros en la cimentación del edificio y tuvo que indemnizar con más de setecinetos mil euros a la empresa adjudicataria.