73 municipios cántabros concentran las 955 viviendas turísticas declaradas ilegales por el Ministerio de Vivienda

En un total de 73 municipios de Cantabria se localizan los 955 pisos turísticos que han sido declarados ilegales por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), siendo Santander (220), Suances (79), Comillas (60) y San Vicente de la Barquera (54) las localidades que concentran el mayor número de estas viviendas, concretamente un 43%, según ha señalado este martes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

“Se han registrado 5.138 viviendas de alquiler temporal en Cantabria, de las que 955 no cumplen los requisitos para ser consideradas como tales y deberán retirarse inmediatamente de los portales inmobiliarios”, ha subrayado el también secretario general del PSOE cántabro en declaraciones a los medios de comunicación.

A ello ha añadido que, tras las conversaciones mantenidas entre el Gobierno de España y las principales plataformas, la eliminación de dichos anuncios tendrá lugar “en las próximas fechas”, por lo que no será “necesario” aplicar ninguna otra medida.

A los citados cuatro municipios que concentran el 43% de los pisos turísticos declarados ilegales por el Ministerio les siguen Ribamontán al Mar (38), Laredo (35), Miengo (22), Potes (22) y Ruiloba (20). Justo detrás aparecen Val de San Vicente (19), Camaleño (19), Noja (18), Castro Urdiales (17), Cillorigo de Liébana (16), Marina de Cudeyo (16), Valdáliga (15), Liérganes (14), Santillana del Mar (13), San Roque de Riomiera (13), Piélagos (12), Voto (12) y Santoña (10), que superan la veintena de inmuebles.

Por debajo de diez, el Ministerio de Vivienda ha identificado pisos turísticos ilegales en Cabezón de Liébana (9), Udías (9), Medio Cudeyo (8), Ribamontán al Monte (8), Santa María de Cayón (8), Vega de Liébana (8), Rasines (7), Luena (7) y Reocín (7).

“Solo falta que el Gobierno de Cantabria diga que sí”

Asimismo, Casares ha interpelado al Gobierno de Cantabria a sumarse a las nuevas medidas en materia de vivienda anunciadas en los últimos días por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que tienen un “impacto directo” en la comunidad. “Solo falta que el Gobierno de Cantabria diga que sí”, ha remarcado Casares.

Consisten, en primer lugar, en una ayuda de hasta 30.000 euros para jóvenes destinada al alquiler de vivienda con opción de compra; en segundo lugar, un seguro de impago de alquiler para “facilitar más oferta de vivienda en el mercado y que los propietarios tengan una mayor garantía del pago de rentas” y, por último, una subvención de 10.800 euros por familia para la compra de viviendas en zonas rurales.

“Medidas que tratan de solucionar uno de los problemas más importantes que tienen las familias y los jóvenes de Cantabria”, ha señalado Casares, al tiempo que ha instado a “todos los poderes públicos” a centrar los esfuerzos en esta materia.

En esta línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dirigido una carta al consejero de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, con el objetivo, según Casares, de que “nos pongamos a trabajar ya con voluntad máxima para aportar entre todos a este problema”.

Al respecto, el delegado del Gobierno en Cantabria ha apuntado que, pese a ser una competencia de las autonomías, el Ejecutivo central “no se quiere quedar de brazos cruzados y pone soluciones encima de la mesa”.

También ha señalado la apuesta del Estado por triplicar la inversión pública en vivienda, lo que en Cantabria supondría pasar de 35 millones de euros a casi 130 millones para los próximos cinco años (2026-2030).