La jueza archiva provisionalmente la causa contra el alcalde de Alfoz en contra del criterio de la Fiscalía
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega, Raquel García Hernández, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones (PP), investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la contratación durante nueve años -entre 2007 y 2016- del abogado José María Real del Campo, vinculado a la formación popular.
El auto, dictaminado el pasado 4 de octubre y al que ha tenido acceso eldiario.es, va en contra del criterio manifestado por el Ministerio Público, que en un escrito había reclamado a la jueza declarar el caso como “causa compleja”, lo que conllevaría la prórroga del plazo instrucción. Es decir, tener más tiempo para recabar más documentación y testimonios.
Sin embargo, la jueza estima que “han transcurrido los plazos legales para ampliar la instrucción”, por lo que no puede atenderse la petición de la Fiscalía. Por otro lado, considera que el resultado de las diligencias de investigación “no es concluyente” y no aprecia indicios “relevantes” para creer que se han cometido hechos delictivos, por lo que acuerda el archivo provisional de la causa.
Contra dicho auto cabe recurso de apelación que, según ha confirmado este diario, ya ha sido formalizado por la acusación popular que ejerce el portavoz municipal socialista Fernando Rodríguez. En dicho recurso, el abogado del denunciante afirma que los hechos son “cuanto menos indiciarimente constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos” y denuncia que el alcalde ha “obstaculizado” la investigación no aportando los sucesivos informes y resoluciones desfavorables que habían emitido los técnicos municipales en contra de la contratación de Real del Campo.
Además, señala que esta no puede justificarse, como ha hecho el alcalde, en que es “más barato”, ya que mientras este abogado cobraba del Consistorio 2.020 euros mensuales, su antecesora percibía 3.600 euros al cuatrimestre.
Los hechos
La denuncia contra Bretones fue presentada el año pasado por los partidos de la oposición -PSOE y Partido por la Libertad con las Manos Limpias (PxL); el PRC no se adhirió-, y se sumó a la registrada con anterioridad, de forma independiente, por el exconcejal José Manuel Luguera, quien mantiene un agrio enfrentamiento con el regidor municipal.
Según ha denunciado la oposición, el alcalde viene contratando a Real del Campo desde hace aproximadamente una década “sin haberse celebrado ningún concurso público” y “por unas cantidades muy superiores a las que pueden pagarse por una adjudicación directa”. En este sentido, aseguran que Real del Campo ha percibido del Ayuntamiento “cientos de miles de euros sin que nadie haya controlado los servicios que ha prestado, ni si la Administración debía pagarlos, ni si el precio era el correcto”.
A raíz de este denuncia, el alcalde cambió el procedimiento de contratación -de contrato directo (a dedo) a uno negociado- y fue imputado a comienzos de este año, teniendo que acudir a declarar durante la fase de instrucción. En caso de que el Juzgado número 3 de Torrelavega archive definitivamente la causa, la acusación tiene la posibilidad de recurrir ante la Audiencia de Cantabria.
El informe del fiscal
En su informe, la Fiscalía, además de pedir que se declarara la causa como “compleja”, también había solicitado que el servicio de Intervención del Ayuntamiento certificara el total de las cantidades abonadas a Real del Campo entre el 8 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2016. Igualmente, había pedido identificar al funcionario o cargo municipal que autorizó dichos pagos y en su caso copia de la resolución administrativa.
Del mismo modo, el Ministerio Público había demando que se remitiera un informe del secretario municipal detallando los procedimientos judiciales en los que Real del Campo ha intervenido en defensa del Consistorio, así como los dictámenes jurídicos emitidos durante ese tiempo. Finalmente, instaba a realizar un informe por parte de este mismo servicio sobre la necesidad de acudir a los servicios de un letrado externo.
