Castro Urdiales, condenado a indemnizar con 7.000 euros a un policía por vulnerar la norma de prevención de riesgos laborales

El Juzgado de lo Social número dos de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Castro Urdiales a indemnizar con 7.000 euros a un policía local por vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales -psicosociales- después de que denunciara al jefe del Cuerpo por acoso laboral.

Así lo señala la titular del órgano judicial en una sentencia dictada este mes y difundida este viernes en la que estima parcialmente la demanda del agente contra el Consistorio, que ya fue condenado el año pasado por una queja similar de otro efectivo policial.

En el nuevo fallo, la magistrada considera “incuestionable” la existencia de “una situación generalizada de conflictividad laboral en el seno de la Policía Local” castreña, que ya quedó “meridianamente acreditada” con la denuncia por acoso laboral interpuesta en febrero 2017.

Pese a ello, “no se adopta ninguna medida que solucione una situación enquistada en la que el demandante no es el único protagonista”, reprocha la resolución judicial a la administración municipal, cuya responsabilidad deriva de “la existencia de un conflicto laboral generalizado dentro de la plantilla” policial y “la ausencia de medidas para evitarlo, paliarlo o solucionarlo”, que pasan por el diagnóstico del problema, la identificación del riesgo, la adopción de medias y, sobre todo, la puesta en práctica de las mismas.

El oficial denunció que “desde hace varios años” el Jefe de Policía Local y “con pleno conocimiento” del Ayuntamiento de Castro Urdiales estaba efectuando “una persecución continuada” contra él en su ámbito de trabajo por diferentes motivos. Le han diagnosticado trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo que se relaciona en el tiempo con un conflicto laboral “persistente en el tiempo”.

La sentencia, que no es firme ya que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, afea el comportamiento “pasivo” del Consistorio, que no finalizó el protocolo de acoso laboral municipal y lo activó tras la denuncia interna del afectado.