El comité de empresa del Gobierno cántabro lleva a la Justicia la gestión “discriminatoria” de las bolsas de sustitución

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha denunciado judicialmente al Ejecutivo autonómico por la gestión “discriminatoria y selectiva” de las bolsas de sustituciones del personal laboral.

En un comunicado, el órgano sindical (integrado por UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, delegados independientes y SUC) señala que tras “numerosos intentos” de negociar con la Administración no les “ha quedado más remedio que denunciar” al Gobierno en el juzgado por la gestión del personal temporal esencial en la cobertura de empleados fijos, entre otros motivos, por incapacidades temporales, bajas maternales o vacantes.

“Las bolsas de sustituciones siguen sin ser gestionadas por el Gobierno de Cantabria de una manera igualitaria” indica el comité de empresa, para lamentar que después de una “ardua negociación” con la que consiguieron aprobar una Orden que se publicó en 2023 sigan, a día de hoy, “sin ponerse en marcha”.

“En esa Orden de 2023 negociamos unos criterios de llamamiento que el Gobierno de Cantabria, en un ejemplo de desigualdad sin precedentes, sólo aplica a los integrantes de unas bolsas de empleo y no a todas, dándose el caso de que las personas que han superado una Oferta Pública de Empleo (OPE) tienen peores criterios que los que se apuntan en bolsas de empleo al agotarse las listas de OPE”, agrega el órgano sindical que representa al personal laboral de la Administración autonómica.

Los sindicatos precisan en un comunicado conjunto que el pasado 1 de agosto se sentaron a tratar el tema, pero “tres meses después seguimos igual”.

“El problema más grave es la falta de efectivos para atender servicios esenciales, en centros de dependencia, educación, servicio de carreteras o de planes hidráulicos; nos falta personal socio sanitario, auxiliares de enfermería o personal de cocina y el Gobierno de Cantabria se niega a convocar bolsas de empleo porque la realidad es que no hay personal funcionario suficiente para gestionarlas”, critica el comité de empresa.

Así las cosas, advierte de que el servicio de contratación “está colapsado” de modo que este pasado verano el personal de sustituciones “o llegaba ya iniciada la necesidad o no llegaba”, pese a lo cual “no se acomete un refuerzo del servicio encargado de ello” porque el Gobierno regional “está limitando el número de empleados públicos”, según refleja -apuntan los sindicatos- el proyecto de ley de presupuestos para 2026.

“La decisión unánime del comité de empresa es denunciar el incumplimiento de la Orden y judicializar el diálogo social porque la negociación no está siendo respetada por este gobierno” señala el comité para finalizar.