El Consejo de Estado abre una investigación contra el Ayuntamiento de Polanco por una negligencia grave en una disputa vecinal

Se atribuye al difunto Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Gobernación durante el franquismo, la mítica frase de “¡La calle es mía!”. A la vista de los acontecimientos, algo parecido debió pensar una vecina del barrio de Posadillo, en el municipio cántabro de Polanco, que en 2011 presentó un proyecto supervisado por un arquitecto para cerrar su finca y que incorporaba a su propiedad un terreno de dominio público que había sido siempre un camino de paso para las viviendas del entorno, a un bar de la zona y por el que transcurría incluso la tradicional procesión de San Roque. Se inició entonces una disputa vecinal con varias paradas en los tribunales que comienza ahora a verse resuelta, casi una década después de los primeros coletazos.

Y es que este pasado mes de julio, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, presidida por María Teresa Fernández de la Vega, se ha tenido que pronunciar al respecto, tras varias sentencias favorables para los vecinos denunciantes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrelavega, en la Audiencia Provincial de Santander e incluso en el Tribunal Supremo, por una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Polanco por parte de los afectados, dado que no se tomaron las medidas necesarias que impidieran este hecho.

Así, el Consejo de Estado ha emitido recientemente este dictamen en el que reconoce el derecho a indemnización de varios vecinos que reclamaron judicialmente durante años que el Consistorio recuperara para el dominio público un camino histórico en el municipio, al tiempo que considera que “procede incoar un expediente para determinar si las autoridades y el personal al servicio del Ayuntamiento de Polanco han incurrido en responsabilidad por dolo, culpa o negligencia grave”, una investigación que afecta al equipo de gobierno municipal primero liderado por Julio Cabrero (PP) y luego por Rosa Díaz (PRC), dado que el conflicto se ha prolongado durante varias legislaturas.

En esta resolución, consultada por elDiario.es, el Consejo de Estado estima que “los reclamantes tienen derecho a ver reembolsados los gastos llevados a cabo para recuperar este camino histórico para el municipio, además de ser indemnizados por los daños morales sufridos por la inactividad de la Administración local y premiados por el buen resultado de sus denuncias y gestiones en defensa del dominio público”.

“Estima el Consejo de Estado que la pendencia del proceso y la inactividad del Ayuntamiento supusieron para los vecinos hoy reclamantes un daño moral, entendido como la situación personal de incertidumbre y zozobra por las circunstancias concurrentes, unida a la sensación de impotencia ante la alteración de la situación de su ámbito vecinal y familiar”, refleja el texto, que reitera el derecho de los denunciantes a “en primer lugar, un derecho a reembolso; en segundo lugar, un derecho a ser indemnizados; y, en último término, el derecho al premio por la recuperación de los bienes”.

Además, insiste en su dictamen en que la Corporación municipal “no consta que hiciera la más mínima indagación sobre la documentación presentada para autorizar la obra, ni que se visitara la zona, en la que, a primera vista, se aprecia que existe un camino público”. También señala que “la tramitación de los distintos expedientes no se ha acomodado a lo previsto en el ordenamiento jurídico y ha sido, como poco, negligente”. En el expediente que se presentó para conseguir la licencia, las superficies catastrales y registrales no coincidían. Los títulos de propiedad que se aportaron al expediente se limitaban a dos hojas sueltas de una escritura no identificada.

El muro de la discordia en Posadillo, que se construyó a tan solo unos centímetros de la puerta de un bar y que dejaba un paso angosto de acceso a un conjunto de viviendas habitadas desde hace más de 50 años, ya ha sido derribado. Pudo probarse que esta calle del Barrio San Roque tiene naturaleza de camino público, y que antes de la obra había sido asfaltado por el Ayuntamiento y en la zona había aceras, señales, farolas, un espejo para facilitar el acceso y hasta cubos de basura.