El nuevo proyecto de la senda costera no incluye la mayoría de las propuestas vecinales

La Demarcación de Costas ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el proyecto definitivo para adecuar la senda costera de Santander y reanudar las polémicas obras, que fueron paralizadas en octubre de 2014 por el Ministerio de Medio Ambiente debido a las protestas vecinales.

En el nuevo proyecto, que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, Costas rechaza la mayoría de las demandas vecinales. Entre las que sí ha aceptado está la retirada del vallado, que se eliminará en el 95% de los casos, salvo en tres tramos concretos del recorrido que suman en conjunto 150 metros. El diseño inicial preveía cercar 3 kilómetros de acantilados. 

También cambia la tipología del vallado para que sea más diáfano, al tiempo que se eliminan todas las traviesas de madera previstas en el proyecto inicial y se prescinde también de los miradores del Bocal y del campo de fútbol de Cueto, como pedía la Asamblea en Defensa de la Senda Costera.

En cambio, Costas sí que mantendrá la pasarela junto al Puente del Diablo, la planteada sobre las conducciones del Instituto Oceanográfico y otra sobre una grieta, en todos los casos alegando motivos de seguridad.

Del mismo modo, también mantiene el tratamiento sobre el dique del molino de mareas, porque considera que la actuación realizada ofrece mayor seguridad, así como los hitos que señalizan el camino, cuya señalización pasa de 10 a 20 metros.

Además, se van a demoler y reconstruir los muros -denominados morios- habilitados en algunos tramos del camino, que se harán con piedra seca y sin hormigón, para que se asemejen a los que existen en la franja litoral.

Costas rechaza modificar el trazado, como reclamaba la Asamblea para que siguiera el camino natural. Por otro lado, el nuevo proyecto prevé un aumento de la cartelería informativa (tanto de prevención de riesgos, como de zonas en recuperación, espacios singulares o recomendaciones) y la limitación del acceso en varios puntos de la senda.

Otros de las propuestas planteadas por los vecinos y que sí se han tenido en cuenta son la recuperación de los terrenos con métodos naturalizados -que se harán en función de la recomendación de SEO/BirdLife-, trabajos para la eliminación de flora alóctona y el restablecimiento de la vegetación potencial de la zona.

El proyecto, que no conlleva una evaluación ambiental, estará sometido a información pública y se podrán presentar alegaciones durante los próximos 20 días. La Asamblea en Defensa de la Senda Costera hará una valoración una vez analizada en detenimiento la propuesta de Costas, organismo con el que no tienen contacto desde septiembre de 2016. 

Cronología del proyecto

Hace algo más de dos años, a comienzos de la primavera de 2014, la Demarcación de Costas del Gobierno central y el Ayuntamiento de la ciudad -ambas administraciones gobernadas por el PP- iniciaron en la senda peatonal de 10 kilómetros de longitud que transcurre entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar unas obras con el ánimo de “poner en valor” un “elemento turístico de primer orden”, según expresó el entonces alcalde, Íñigo de la Serna, durante la presentación del proyecto.

Sin embargo, aquella actuación que, en palabras del jefe de Costas, José Antonio Osorio, iba a ser “mínima”, se desveló como “totalmente desproporcionada” a juicio de los vecinos. Los habituales de la zona no daban crédito a lo que estaban viendo: kilómetros de vallas que impedían ver el horizonte y la fuerza del mar, formaciones geológicas aniquiladas, construcciones de madera “sin sentido”, movimientos de tierra, maquinaria pesada, hormigón, morios destruidos...

En octubre de 2014, la Demarcación de Costas se vio obligada a paralizar los trabajos en la senda costera de Santander después de una intensa movilización ciudadana, que denunció una actuación “excesivamente agresiva” con la naturaleza. A raíz de ello, se creó una mesa de trabajo con representación de los grupos municipales y de los vecinos para acordar un proyecto común, lo cual no ha sido posible por divergencias entre las posturas de las administraciones públicas y los vecinos.