IU denuncia ante la Fiscalía de Cantabria los retrasos en el diagnóstico de las mamografías

IU ha denunciado ante la Fiscalía de Cantabria los retrasos en el diagnóstico de las mamografías en la comunidad autónoma -hay casi 4.000 mujeres pendientes de resultado- para que lo investigue y determine si pudieran ser constitutivos de delitos.

La formación entiende que, “aunque el consejero (de Salud, César Pascual) lo niegue”, los hechos “reflejan un fallo que podría considerarse sistémico en la gestión sanitaria con un perjuicio potencial a miles de mujeres cántabras, lo que también constituye una grave quiebra de la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias públicas, con posibles responsabilidades administrativas y penales por parte de los responsables del Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Salud y del Servicio Cántabro de Salud”.

A su juicio, lo que está ocurriendo podría ser constitutivo de delitos, como homicidio imprudente en comisión por omisión --de haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado tardío o dudoso sin el seguimiento correspondiente--, o lesiones imprudentes en comisión por omisión “al retrasar la detección de posibles lesiones malignas que, de haberse diagnosticado a tiempo, podrían haberse tratado con procedimientos menos agresivos y con mejor pronóstico”.

Además entiende que podría haber un delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios “al haberse producido un perjuicio potencial y real para la salud de las mujeres bajo la responsabilidad directa de la Consejería”, y también de prevaricación administrativa “si se acreditara que se tomaron decisiones injustas a sabiendas, como no cubrir bajas, vacaciones o jubilaciones o no activar mecanismos de refuerzo (ampliación de plazas de radiología) ante la acumulación de pruebas”.

IU señala como posibles personas “implicadas” al consejero, César Pascual; a la Dirección General de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, y a la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) “sin perjuicio de otras personas y entidades que el Ministerio Público pueda considerar”.

Como testigos, plantea a personal de Radiología del SCS; a la Gerencia del Hospital Santa Clotilde --centro al que, tras la acumulación de pruebas, el Gobierno de Cantabria le ha encargado la lectura de un millar de mamografías--, así como pacientes afectadas y asociaciones de personas potencialmente afectadas, o a personal del Servicio de Atención al Usuario del Servicio Cántabro de Salud.

Tras registrar la denuncia, el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que “no basta con creer las palabras del consejero de Salud cuando dice que aquí hay casos concretos de retraso” y por ello ha insistido en la necesidad de que la Fiscalía lo investigue ya que “estamos hablando de vida”.

“No estamos hablando de una torcedura de un tobillo. Estamos hablando de un cáncer de mama, por lo que eso supone para miles y miles de mujeres”, ha añadido. Ruiz Salmón ha criticado que mientras el propio consejero ha “reconocido” que hay bajas, vacaciones jubilaciones y traslados “sin cubrir”, el Gobierno “se plantee de forma urgente la privatización, la externalización hacia el hospital de Santa Clotilde”.

Por todo ello, ha insistido en que la Fiscalía lleve a cabo una investigación y se “llegue hasta el final para arrojar luz”. Además, aunque Pascual ha señalado que actualmente existe una demora de unos dos meses, IU ha asegurado que ésta supera los tres e, incluso, ha subrayado que existen casos en que supera el medio año. También ha cuestionado que se “privaticen” servicios públicos, mientras “no están poniendo recursos suficientes para que la red pública atienda ”en tiempo y forma“.

Ruiz Salmón ha asegurado que su petición de investigar no es por “mantener esta polémica”. “No acudimos desde Izquierda Unida a la Fiscalía a menudo. La última vez que acudimos a la Fiscalía por un motivo de salud fue con la fragmentación de los contratos del Servicio Cántabro de Salud y, finalmente, hubo dos altos cargos que fueron condenados e inhabilitados. Es decir, acudimos cuando realmente creemos que hay indicios para poder investigar y ojalá que la Fiscalía investigue”, ha apuntado.

Así, ha indicado que “ojalá” que esa investigación de la Fiscalía determine que lo sucedido en Andalucía con las mamografías “no esté ocurriendo aquí”