Pablo Antuñano, diputado del PSOE: “Aún hay margen para negociar con Junts tanto la reducción de jornada como los Presupuestos”

Pablo Antuñano Colina (Castro Urdiales, 1978) acaba de tomar posesión en el Congreso como nuevo diputado del PSOE por Cantabria. Su aterrizaje en Madrid le cogió por sorpresa y ha sido fruto de un efecto dominó que ha terminado por situarle en la bancada socialista en la Cámara Baja. Hasta ahora concejal de Hacienda en el municipio de Castro Urdiales, coge el relevo al actual secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, quien ha dejado el escaño para situarse al frente de la Delegación del Gobierno en esta comunidad autónoma.

Antuñano lamenta que no haya salido adelante la medida para reducir la jornada laboral a 37 horas y media, pero confía en que “aún hay margen para negociar con Junts”, también por los Presupuestos Generales del Estado, según asegura. “A PP y Vox les vale todo con tal de derribar al Gobierno legítimo de Pedro Sánchez, también perjudicar a la clase trabajadora”, subraya en una entrevista con elDiario.es, en la que repasa los principales asuntos de actualidad a nivel nacional, autonómico y local, así como la situación interna del PSOE.

¿Cómo afronta el nuevo cargo de diputado en el Congreso una vez que acaba de tomar posesión?

Para mí esto es de una tremenda responsabilidad. Lo hago primero con esos nervios iniciales de tomar posesión en un ámbito totalmente desconocido y, sobre todo, en el lugar donde se sustenta la soberanía nacional. Pero sobre todo es un orgullo como castreño poder representar a mi municipio y a mi comunidad en el Congreso de los Diputados. Lo veo como una oportunidad de aprendizaje para seguir desarrollando mis conocimientos en este ámbito político, porque siempre estamos en plena formación.

¿Se esperaba que, siendo el siguiente en la lista, en algún momento pudiera darse la circunstancia de terminar recalando en Madrid?

Rotundamente no. Cuando acepté ir el tercero en la lista de aquellas elecciones de julio de 2023 era consciente de que mi nombre nunca iba a ser uno de los diputados electos y nunca se me pasó por la cabeza esa posibilidad, porque conocía a Pedro [Casares] y a Noelia [Cobo], y sabía que ellos iban a seguir desempeñando esa labor en el Congreso de los Diputados. El destino ha querido que Pedro pudiera ser nombrado delegado del Gobierno y eso ha producido mi nombramiento como diputado nacional, que he aceptado desde la responsabilidad y el orgullo de poder representar, insisto, a mi comunidad y a mi municipio.

¿Qué ánimos ha percibido o qué ambiente se ha encontrado entre sus compañeros del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso?

La acogida ha sido muy calurosa, eso sí es verdad. Mis compañeros y compañeras, en la primera reunión del grupo parlamentario a la que asistí este martes, me hicieron partícipe de un ambiente muy bueno. Compañeros y compañeras volcados en esa labor de realizar las iniciativas, tanto proposiciones de ley como no de ley, interpelaciones y los trabajos en las respectivas comisiones. He visto que tengo grandes y excelentes compañeros y compañeras, y un referente como es Patxi López, quien, la verdad, ilumina un poco en sus discursos cuáles son las directrices y lo que va a pasar esta semana o el próximo mes por su experiencia y su clarividencia para anticiparse a los sucesos políticos futuros.

Decía lo de los ánimos porque su toma de posesión ha coincidido con una de las derrotas parlamentarias más duras del Gobierno: el rechazo a la reducción de la jornada laboral tras el voto en contra de PP, Vox y Junts. ¿Cómo ha vivido este revés desde dentro y qué lectura hace de lo ocurrido?

La lectura que hago y lo que me produjo desde desde mi escaño es de una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque los argumentos que se utilizaron en las defensas de las distintas posturas y de los distintos grupos parlamentarios se veía que cojeaban. Pienso que PP y Junts han perdido una ocasión excelente para hacer algo por los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Se han unido como en aquella aprobación de la reforma laboral que tantos derechos eliminó a la clase trabajadora y que con la reforma laboral que promovió el Gobierno de Pedro Sánchez fueron recuperados. Y ahora, en esta ocasión, se buscaba ampliar esos derechos, para reducir la jornada en dos horas y media a la semana, a 37 horas y media. Iban a tener una consecuencia directa en más de 12 millones de trabajadores y trabajadoras, Y votan en contra no tanto para beneficiar a la ciudadanía, sino para castigar al Gobierno de Pedro Sánchez. Su única intención es derribar a este Gobierno legítimo y les vale todo, también perjudicar a la clase trabajadora. Y sé que hay votantes de PP y Junts que en absoluto están de acuerdo en no reducir la jornada laboral.

¿Qué consecuencias políticas cree que puede tener esta derrota parlamentaria para un Gobierno de coalición cuyos apoyos ya penden de un hilo? ¿Está en riesgo la continuidad de la legislatura?

Rotundamente no, porque yo creo que en la propia intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario de Junts tendió la mano a sentarse a hablar sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras en Cataluña y sobre la situación de la productividad en Cataluña, y creo que esa mano tendida se va a aprovechar por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, por parte de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, para sentarse con Junts y sacar adelante un nuevo avance en los derechos de los trabajadores, como es esa reducción de la jornada laboral, para dejar sola a esa derecha de PP y de Vox. Todos los argumentos que utilizaron estos dos partidos en contra de la medida se caían por su propio peso, porque eran los mismos argumentos que utilizaban cuando se instauró la jornada de 40 horas. Eran los mismos argumentos, de las mismas personas y del mismo ámbito ideológico. Y nosotros creemos en los avances para la clase trabajadora, y por eso creo que esa reducción llegará más pronto que tarde.

No obstante, todo apunta a que la viabilidad de la legislatura dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos este otoño. Tras la votación de esta semana y la intensa confrontación que ha habido con Junts durante el debate, ¿cree que el camino hacia ese acuerdo se ha complicado aún más?

No. Lo que he podido percibir en estos días en el Congreso es que, igual que no puedo negar que la propuesta legislativa estrella era la reducción de la jornada, hubo también otras propuestas legislativas que salieron con el apoyo de Junts y hubo propuestas de enmiendas de Vox y PP que se rechazaron con el apoyo de Junts. Por tanto, creo que aún hay margen para negociar con Junts y con los socios de investidura para esos futuros Presupuestos, porque la política es negociación. Como bien han dicho el presidente y la ministra, si hay que exponer los presupuestos en el debate se expondrán sin ningún tipo de problema. Esta derrota, si la queremos llamar así, no supone más que paralizar la propuesta para que comenzase el camino de una ley. No era un decreto-ley que había que convalidar, era el inicio del camino de una proposición de ley. Lo han paralizado, pero se puede retomar en cualquier momento. Entonces, hay margen para negociar tanto esa ley para reducir la jornada laboral como la ley de Presupuestos Generales del Estado.

En este inicio de curso político, otro de los socios habituales de la coalición, ERC, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los grandes problemas sociales del país: la dificultad de acceso a la vivienda. En concreto, su portavoz, Gabriel Rufián, recordó durante su intervención en el Congreso que los precios del alquiler se han disparado frente al estancamiento de los salarios. “¿Cómo queremos que así la gente valore lo que hacemos aquí?”, se preguntó. ¿No cree que la ciudadanía -y en particular el electorado progresista que pudo confiar en el Gobierno de coalición para dar respuesta a esta problemática- está cada vez más hastiada por una situación insostenible y con la sensación de que no se hace lo suficiente, lo que puede estar derivando precisamente en esa desafección y pérdida de confianza a la que hacía referencia Rufián?

Aquí tengo que hacer referencia a que ya en el ámbito europeo la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que iba a ser la legislatura de la vivienda. También Pedro Sánchez lo puso sobre la mesa, porque es la mayor preocupación que ahora mismo tiene la sociedad española. Y, por tanto, creo que es una obligación que se sigan dando pasos en reducir ese obstáculo que tienen las personas para acceder a una vivienda digna y a un precio asequible. Ahora bien, el presidente ha movilizado 7.200 millones de euros para transferírselos a las comunidades autónomas, porque son las responsables de las políticas de vivienda. Y no solo eso, la ministra de Vivienda también dijo, en sede parlamentaria, que habían creado la empresa pública de la vivienda transfiriendo todas las viviendas vacías y terrenos públicos de la Sareb, que nació de aquella crisis derivada de la burbuja inmobiliaria, para que fueran utilizados para la creación de un parque público de vivienda que lograse que la ciudadanía pudiese adquirir una vivienda o alquilar una vivienda a un precio asequible. Pero a mí me llama poderosamente la atención que, cuando vienen a una conferencia de presidentes autonómicos, como la que se produjo en Santander y vino el propio Pedro Sánchez y ofreció esos miles de millones de euros a las comunidades, los gobiernos del Partido Popular, rechazaran ese dinero para utilizarlo para la construcción de vivienda.

Como con la quita de deuda...

También, y en el caso de Cantabria son 809 millones de euros. Si realmente queremos que el problema de la vivienda se solucione, creo que tiene que ser un esfuerzo compartido entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas y los municipios, que son los propietarios de mucho suelo público. Y esos 809 millones perfectamente pueden ser utilizados para construir vivienda pública. Entonces, Rufián, es verdad, interpeló al presidente en materia de vivienda, pero realmente yo creo que el presidente ha hecho un decálogo de medidas para que ese parque de vivienda pública llegue a ser una realidad en nuestro país, y creo que todo eso tiene que ir acompañado de una complicidad de todas las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PP. De momento lo único que están haciendo es poner obstáculos al desarrollo y a la utilización de esos recursos económicos. Por tanto, interpelo ahora a María José Sáenz de Buruaga para que no rechace esos 809 millones que está condonándole el Gobierno de España y que los utilice principalmente para la construcción de vivienda asequible en todos los municipios de Cantabria.

Hablando un poco de vivienda y de la situación a nivel local, Castro Urdiales es uno de los pocos municipios que ha reclamado al Gobierno de Cantabria la declaración de zona tensionada en materia de vivienda, una medida que el PP —como ya ha comentado— ha rechazado. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas recientemente ha señalado que los principales ayuntamientos de Cantabria, entre ellos el de Castro, “carecen de una política pública global e integrada de vivienda”. ¿No cree que, más allá de las reclamaciones al Gobierno autonómico, también existe una responsabilidad pendiente a nivel municipal en la definición de una estrategia clara en esta materia?

Creo que eso ya lo explicó la alcaldesa, Susana Herrán. En ese informe había carencias para poder ajustarlo a la realidad del municipio. Adolece de unos datos que no se remitieron por parte de la Intervención municipal. Recientemente hemos puesto todo el suelo público necesario a disposición del Gobierno de Cantabria, que ya ha confirmado que se van a construir viviendas públicas para compra-venta o para alquiler asequible. Desde el municipio ya se están haciendo iniciativas.¿Que se puede hacer más? Estoy seguro de que se puede hacer más. ¿Que vamos a hacer más? Estoy seguro de que vamos a hacer más. Pero insisto en que las competencias, y siempre ha sido así, las tiene el Gobierno de Cantabria. Para eso hay una empresa exclusivamente destinada a eso, que es Gesvican, y nosotros lo único que podemos hacer es facilitar el suelo y dotarlo con las herramientas urbanísticas necesarias para que, de una vez por todas, se construya la vivienda protegida en Castro Urdiales, que hace más de 20 años que no se construye ni un solo metro cuadrado.

El presidente ha anunciado esta semana medidas contra Israel por el genocidio que está perpetrando hacia el pueblo palestino, como el embargo de armas. Algunos de los socios del Ejecutivo, incluso la propia formación de Sumar que integra la coalición de gobierno, consideran que “llegan tarde” y que son “insuficientes”. ¿Considera que España debe ir más allá y romper toda relación con el gobierno genocida de Israel?

Creo que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha sido un referente en la lucha contra el genocidio que está padeciendo el pueblo gazatí y los palestinos y palestinas. Ya hace años fue España uno de los pioneros en reconocer al pueblo palestino como un estado. Creo que está trasladando, siempre que puede, en el ámbito europeo, la necesidad de una política conjunta y de que Europa no mire para otro lado en lo que está ocurriendo en Gaza. Y el Parlamento Europeo ha aprobado la suspensión del acuerdo comercial con Israel. Creo que son pasos que habrían sido imposibles sin el trabajo del Gobierno de España, del ministro José Manuel Albares y del presidente Pedro Sánchez. Me produjo también tristeza en el debate de esta semana ver cómo partidos como Vox y PP todavía no reconocen que ahí se está cometiendo un genocidio. Que esto no va de Hamás y del pueblo israelí. Esto va de un Gobierno israelí que quiere exterminar a todo un pueblo para apropiarse de una tierra que hasta ahora es donde estaban viviendo los palestinos y palestinas. Y creo que además lo está haciendo con instrumentos de lo más ruines que se pueden utilizar, como es la guerra del hambre. Me dio mucha rabia escuchar a los diputados y diputadas de PP y Vox que no podían entender que hay niños muriendo de hambre en ese país y que ni tan siquiera puedan pronunciar que el Gobierno israelí, no el pueblo israelí, está cometiendo un genocidio contra un pueblo, que es el palestino. Y además quiero matizar esto porque es que también tuve que escuchar que nos acusaron de antisemitismo. Y esto no va de religión. Nosotros hemos condenado los atentados y los secuestros de Hamás, y por hacerlo no somos antiárabes. Por tanto, si condenamos el genocidio que está cometiendo el Gobierno israelí no es que seamos antisemitas. Esto es algo que están utilizando PP y Vox para confundir a la sociedad española. Esto no va de pro-judíos o anti-judíos. Esto va de derechos humanos básicos.

El paso que ha dado Pedro Casares para ser delegado del Gobierno en Cantabria es acertado para contraponer todas las mentiras que desde el Gobierno de Buruaga se estaban trasladando

La llamada para ocupar el escaño en el Congreso le llegó en un momento especialmente delicado tanto para el PSOE a nivel nacional como para el Gobierno de España, por la presunta corrupción que salpica a los dos últimos secretarios de Organización del partido. A pesar de que parece que el terremoto político que se produjo cuando estalló el 'caso Cerdán' ha amainado un poco, lo cierto es que el frente judicial sigue abierto. ¿Cómo cree que afecta este escenario tanto al mensaje de regeneración del PSOE como a la propia continuidad de la legislatura?

En el momento en que mi partido actuó con la contundencia con la que lo hizo a mí me generó la tranquilidad suficiente para saber que todo iba a quedar en que unas personas se aprovecharon de la política para enriquecimiento propio. Y tengo que añadir 'el supuesto', porque ahora mismo, como tú bien has dicho, están en un proceso judicial y yo quiero siempre respetar la presunción de inocencia. Y estoy tranquilo porque, insisto, mi partido y el Gobierno de Pedro Sánchez, han actuado con la contundencia necesaria, han puesto todo a disposición judicial para que se investiguen las cuestiones que rodean a esas personas, y creo que, al final, la justicia actuará y determinará hasta qué punto esas personas se han aprovechado de su condición política y de su condición institucional para el lucro propio. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los partidos políticos. Creo que ningún partido político está exento de que haya personas que actúen de manera incorrecta utilizando esa responsabilidad que la ciudadanía te otorga. Y creo que todos los partidos políticos, ante este tipo de casos, tenemos que actuar con contundencia, porque si no la sociedad no nos va a perdonar. La sociedad no tolera y no debe tolerar nunca la corrupción. Y no nos tenemos que acostumbrar a que haya casos de corrupción. Y actuar con contundencia es la única manera de evitar que la sociedad quede anestesiada contra este tipo de casos.

Usted ha obtenido el escaño que ha dejado Pedro Casares para ser nombrado delegado del Gobierno en Cantabria, ¿cómo se debe interpretar el movimiento que ha llevado a cabo el actual secretario general del PSOE cántabro?

A mí me parece que ha sido un acierto. Creo que Pedro Casares lo ha demostrado por el nerviosismo que ha generado en el Gobierno de Cantabria, en las filas de María José Sáenz de Buruaga. Es un paso acertado para contraponer todas las mentiras que desde el Gobierno de Buruaga se estaban trasladando. Para prueba, todas las inversiones en infraestructuras y en proyectos en nuestra comunidad las está realizando el Gobierno de España. Y si no las está realizando el Gobierno de España, las está realizando el Gobierno de Cantabria con fondos que provienen del Gobierno de España. Por tanto, sin el Gobierno de España, el Gobierno de Cantabria estaría cayendo en una carencia de gestión brutal. El secretario general de todos los socialistas de Cantabria ha aceptado la decisión de ser delegado del Gobierno en Cantabria, sobre todo, para ser el muro de contención frente a la inacción de María José Sáenz de Buruaga y frente a las mentiras de su Gobierno. Y la prueba es que están muy nerviosos.

El PP les acusa de usar la Delegación como “plataforma política de proyección de sus candidatos”. ¿El nombramiento del nuevo líder del PSOE cántabro como delegado del Gobierno es una fórmula para obtener mayor visibilidad de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2027?

Es que la Delegación del Gobierno es un ente político. Lo nombra el Gobierno de España para hacer política en el territorio. Acusar de que sea un instrumento político teniendo en cuenta que la designación de un delegado o delegada del Gobierno en cualquier territorio de España es un hecho dentro de la política, se cae por su propio peso. Y no es una cuestión de proyección, sino de que hay que estar donde mejor labor se puede realizar. Y Pedro Casares, con su dilatada experiencia en política y en el Congreso de los Diputados, puede gestionar y ayudar a traer esas inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez a nuestra tierra y ayudar a solucionar en la medida de lo posible los problemas de los cántabros y de las cántabras o a poner voz a sus problemas en el Gobierno de España. E, insisto, contraponer los discursos del Gobierno de Cantabria, que están llenos de mentiras y falsedades.

La realidad es que ha habido cinco delegados del PSOE en los últimos siete años. ¿Cómo cree que percibe la ciudadanía este baile de nombres? ¿Considera que interpretan que está dentro de la normalidad de esta institución?

Si hay 20 tendría que darse como una normalidad al igual que si hay solo uno. Los cambios en una Delegación del Gobierno tienen que darse como una normalidad dentro de las posibilidades que tiene un Gobierno, como es el de Pedro Sánchez, para poner a la persona más adecuada al frente de esa Delegación. Creo que ahora mismo la persona más adecuada, insisto, por su dilatada experiencia y su saber político es Pedro Casares, quien es el mejor representante que podemos tener los cántabros y las cántabras al frente de esa Delegación.

Han pasado siete meses desde que se produjo el relevo al frente del PSOE de Cantabria. ¿Qué ha cambiado en ese tiempo en el funcionamiento interno del partido?

Pertenezco a la Ejecutiva autonómica y soy secretario general en Castro Urdiales, y yo lo que percibo, por lo menos en todos los desplazamientos que hemos hecho a distintas agrupaciones, es un Partido Socialista unido que ha cambiado un poco la tendencia que había hasta ahora, gracias a una serie de postulados de Pedro Casares como el de los liderazgos compartidos, que tienen como objetivo que haya más personas reconocibles. La propia Susana Herrán es una cara reconocible ahora mismo en toda Cantabria gracias a que Pedro Casares la incluyó en su equipo al frente de esa dirección del Partido Socialista. También Javier Incera o Agustín Molleda. Son muchas caras y muchos referentes, que es lo que se buscaba, porque eso implica más contacto con la ciudadanía. Es una forma de llegar a más gente. Insisto en que veo un partido mucho más unido, más cohesionado y más presente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y creo que eso es lo que se pretendía. Y también vemos en las iniciativas que toma Pedro Casares esa reconciliación con un sector del partido que fue el derrotado en las primarias. En eso consiste la democracia interna. Y ahora hay una gran receptividad, porque han entendido que esto va de unir y no de separar, y que lo que toca es trabajar unidos, codo con codo, para intentar ayudar lo máximo posible a un proyecto político que ayude a los cántabros y a las cántabras.

Más allá de los ajustes internos, ¿cree que desde fuera se están notando esos cambios? Es decir, ¿cuál es la percepción pública o qué imagen se está proyectando hacia la ciudadanía del nuevo PSOE cántabro?

Yo participo en todos los actos posibles que mi partido organiza a lo largo y ancho de toda Cantabria y la percepción que te traslada la gente es que ya tenemos un proyecto que es compartido, en el que creemos todos y en el que no sobra nadie. Y ese proyecto es lo que va a hacer que seamos un partido con clara vocación de presidir el Gobierno de Cantabria en 2027. Pero para ello, insisto, todavía queda mucho trabajo. No voy a negar que hay militantes en el partido que todavía no han asimilado los cambios que se produjeron en el Congreso Regional de marzo y entiendo que queda mucho trabajo por hacer, pero con nuestra responsabilidad política creo que entre todos y todas vamos a llegar a esa unanimidad para afrontar unas elecciones que no van a ser fáciles. Hay mucho espacio por ocupar, hay una derecha que está haciendo dejación de sus funciones claramente en el ámbito sanitario y educativo, y tenemos que empezar a tejer esa malla de compañeros y compañeras que construyan el mejor proyecto político para los cántabros y las cántabras.

¿Cuáles diría que debieran ser los asuntos en los que tendría que incidir más el PSOE en su labor de oposición al Gobierno de Buruaga en este inicio de curso político?

Hemos sido la única comunidad autónoma que no ha tenido un comienzo del curso escolar normal por la huelga de docentes, que están viendo como hay un Gobierno de Cantabria que no atiende ni a la más mínima reivindicación que hay sobre la mesa sobre compromisos que habían adquirido y que no quieren cumplir. El propio consejero de Educación, Sergio Silva, no se quiere ni sentar con los representantes de los docentes de Cantabria. Y eso ya nos hace ver por dónde va a ir la línea de este comienzo de curso político. Pero también en el ámbito sanitario estamos viendo carencias y deficiencias, y que las listas de espera no paran de crecer. Quiero expresar mi solidaridad con esos enfermeros y enfermeras del área quirúrgica de Laredo que siguen padeciendo el silencio cómplice del consejero de Salud, César Pascual, que no atiende una reclamación tan básica como es una enfermera más en el turno de noche. Y por ahí tenemos la responsabilidad de actuar en este inicio de curso político. Pero hay más cosas: estamos viendo cómo hay un consejero de Industria que está ausente, que no hay una política en materia industrial en nuestra tierra, y vemos cómo el Gobierno de Cantabria no hace los trámites necesarios para que las inversiones sean una realidad lo más pronto posible. La comarca del Besaya tiene que ser un núcleo real de una política de reconversión industrial para todos los torrelaveguenses, y está necesitada de un empleo de calidad y con valor añadido, con iniciativas como la puesta en marcha de las plantas de hidrógeno líquido. Por tanto, estamos hablando de educación, de sanidad y de planificación industrial, carencias que se ven en el día a día en las gestiones del Gobierno de Cantabria por su insuficiencia o inexistencia.

A nivel local, en Castro Urdiales, ha desempeñado hasta ahora el cargo de concejal de Hacienda, pero deja la responsabilidad sin haber conseguido aprobar un nuevo presupuesto en lo que va de legislatura —se sigue prorrogando el de 2021—. ¿Qué balance hace de esa gestión y qué factores han impedido sacar adelante unas nuevas cuentas municipales?

Cada vez que me han preguntado, yo sigo diciendo que la insuficiencia de medios en un departamento como el área de Intervención ha sido uno de los grandes factores para que no tengamos unos presupuestos aprobados. Yo entiendo que ahora Alba [Muro], con toda la ayuda de todos y de todas en el equipo de gobierno, va a conseguir sacar adelante unos presupuestos, porque es una obligación tenerlos, porque es insostenible el funcionamiento de un ayuntamiento con unos presupuestos prorrogados desde 2021. Creo que es una obligación. Pero, como bien digo, el departamento de Intervención es el responsable de sacar los presupuestos adelante al final, porque la parte política ya está confeccionada. Es decir, las iniciativas que ese equipo de gobierno quiere echar a andar ya están plasmadas, incluso ha habido reuniones con los distintos grupos de la oposición para recoger las iniciativas que quieren trasladar al borrador. Queda la parte técnica. ¿Qué ocurre? Que también ese departamento se ocupa de solicitar y justificar todas y cada una de las subvenciones que hemos solicitado a todas las administraciones. Y como pueden comprender, ahora mismo nos estamos jugando tres millones y medio de un plan de subvención turística, 600.000 euros del plan de infraestructuras del Gobierno de Cantabria y 1.150.000 euros en subvenciones para el cargadero de Dícido. Creo que sería mucho más reprochable a un equipo de gobierno si perdiese un céntimo de euro de una subvención. Por tanto, lo urgente es hacer frente a esos plazos y luego, evidentemente, nos ocuparemos de lo importante, que son los presupuestos municipales.

Superado el ecuador de la legislatura, ¿cuál es el estado de salud del pacto de gobierno con el socio CastroVerde?

Pues seguimos desarrollando todas las iniciativas y todos los proyectos de manera conjunta. Nos seguimos juntando todas las semanas para ir alineando los proyectos necesarios que los castreños y castreñas nos demandan; seguimos desarrollando ese compromiso, ese contrato que firmamos con los ciudadanos en los programas electorales de cada partido. Creo que cada uno en su ámbito lo está haciendo bien, creo que el clima dentro del equipo de gobierno es muy bueno y creo que cada uno de los concejales está desarrollando muy bien su trabajo, y eso es lo que va a provocar que no haya ningún problema de aquí a finales de la legislatura.

El pasado jueves, el PP ha reclamado la dimisión de la alcaldesa después de que el Juzgado la haya condenado en costas y a indemnizar por daños y perjuicios tras levantar la suspensión de los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación Barquín Hermoso en relación con el polémico cierre del colegio El Pedregal. ¿Qué valoración hace de esta situación y en qué posición queda la regidora después de que el auto judicial haya dicho que “no tiene ninguna credibilidad”?

Acabo de aterrizar de Madrid [esta entrevista se realizó el mismo jueves] y no he tenido tiempo ni de leer el auto ni de tener unas palabras con mis compañeros y compañeras para valorarlo. Lo que sí me sorprende es que el Partido Popular pida la dimisión de Susana Herrán en este sentido cuando lo que es realmente importante es que el Partido Popular cierra una infraestructura pública y educativa en Castro Urdiales. Este municipio, por su tendencia de crecimiento de población, necesita infraestructuras educativas y creo que lo que tenemos que exigir al Gobierno de Cantabria desde el ámbito político es que no cierre un solo centro educativo público en ningún lugar de Cantabria. Y el cierre de El Pedregal ha sido una decisión política. El Partido Popular pide la dimisión de una alcaldesa por un auto y yo lo que pido es la dimisión del consejero, Sergio Silva, por cerrar una infraestructura pública educativa en Castro Urdiales.

Estos días está en el centro del debate político el proyecto del tren rápido Santander-Bilbao, después de que el Ministerio haya anunciado que lo estudiará por tramos, con especial atención al que uniría Castro Urdiales con la capital vizcaína. En el Gobierno autonómico no ha sentado bien esta propuesta -al asegurar que Cantabria “no se va a conformar con una simple prolongación del metro”-, mientras que la alcaldesa de Castro se ha reunido con el secretario de Estado y ha subrayado la necesidad de esa conexión ferroviaria para el municipio. Da la sensación de que en proyectos de este tipo se habla mucho pero rara vez se concretan o se hacen realidad. ¿Podemos esperar plazos claros en un horizonte cercano?

Sí. Quiero poner de relevancia lo importante que es que una alcaldesa logre sentarse con un secretario de Estado para hablar de estas cosas. Y quiero resaltar también el atrevimiento de una presidenta del Gobierno de Cantabria que, sin ni tan siquiera haber hablado ni con el secretario de Estado de Transportes ni con el propio ministro de Transportes, ha hecho estas las afirmaciones referentes al estudio que quiere hacerse desde el Gobierno de España. Lo único que ha dicho -y repetido por activa y por pasiva- el ministro es que va a haber un tren Santander-Bilbao, pero que lo van a fraccionar en varios tramos, y que el primero va a ser, como no puede ser de otra manera, el tren que une la capital vizcaína con Castro Urdiales, por ser la primera entrada por Cantabria desde Euskadi. Y nosotros, evidentemente, estamos de acuerdo, porque lo único que se está buscando es la viabilidad. Y le quiero recordar a la presidenta que Castro Urdiales también es Cantabria. Y que lo que ha hecho denunciando este hecho es un desprecio a los castreños y castreñas. Recuerdo que esta conexión fue la que demandó el PSOE hace muchísimo tiempo, mientras otros partidos del ámbito regional siempre se volcaron en la conexión por Madrid, cuando realmente la clara apuesta tenía que ser por el tren que nos conectase con Europa y con Euskadi, que es un foco de actividad industrial y económica.