Plataformas en contra de los megaproyectos eólicos recaudan 50.000 euros para “defender la Cordillera Cantábrica de los abusos de las energéticas”

Galicia, Asturias, Cantabria, Zamora, León, Palencia, Burgos, Euskadi, Navarra y La Rioja concentran ya más de 8.000 molinos eólicos y esperan que próximamente comiencen a implantarse un número aún mayor debido al auge de este tipo de energías y a las buenas características de la Cordillera Cantábrica para su utilización. Esa previsión es la que ha llevado a las plataformas contrarias a los megaproyectos a realizar un crowdfunding para crear el 'Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica' y así poder continuar su lucha “y defender este santuario natural de los abusos de las grandes corporaciones energéticas”.

Las entidades promotoras, formadas por los colectivos más representativos de cada provincia, y en el caso de Cantabria con la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos a la cabeza, arrancaron esta campaña el pasado 22 de abril y la cerraron el 6 de junio con un resultado superior al esperado, lograron reunir casi 50.000 euros de recaudación y un 122% del dinero previsto en el reto que se habían marcado. “Hemos superado todas las expectativas contabilizando un total de 834 donaciones, de las cuales 49 se corresponden con entidades, no solo conservacionistas y ecologistas sino, de forma muy significativa, a empresas de turismo, medioambientales y agroalimentarias”, indican en nota de prensa.

Precisamente, el notable apoyo de los 'inversores' han confirmado para la organización “esta preocupación generalizada” que existe en la población, así como que su postura -a favor de las energías renovables pero en contra de los megaproyectos- ha sido entendida: “Confirmamos nuestro compromiso con las energías renovables principalmente a pequeña escala basadas en el autoconsumo o en la proximidad de los grandes polos de uso energético, pero denunciamos la falta de planificación territorial y la nula sensibilidad medioambiental de muchos de los proyectos en tramitación en el norte de España”, señalan.

Así pues, han explicado cuáles serán los objetivos que seguirán durante los próximos meses, tales que la defensa jurídica, donde se impulsarán acciones legales en el ámbito judicial europeo, estatal y autonómico contra las actuaciones de las administraciones públicas “y contra la normativa sectorial que soslaye la planificación y ordenación territorial previa”. Pero además, prestarán asistencia a colectivos, asociaciones y comunidades locales que persigan sus mismos fines en lo que respecta a la defensa de la biodiversidad y el paisaje, y pondrán a disposición pública “una base de conocimiento con recursos legales, bibliográficos y cartográficos para facilitar la participación ciudadana”.