Amnistía Internacional sobre el caso de Pablo Hasel: “Utilizar el Código Penal para inhibir la crítica legítima viola la libertad de expresión”

Como “injusto y desproporcionado” ha calificado Amnistía Internacional Castilla-La Mancha el encarcelamiento de Pablo Hasel. “Pone en evidencia que se deben eliminar del Código Penal artículos que vulneran la libertad de expresión. Nadie debería ser procesado penalmente por expresarse en redes sociales o cantar algo escandaloso”, explica el coordinador regional de la organización, Alfonso Sánchez. Y es que recuerda que ni las canciones ni los tuits del rapero, que ha sido detenido para ser llevado a prisión este martes 16 de febrero, “incitan de manera clara a la violencia”.

En Castilla-La Mancha hay sendas convocatorias de protesta contra el encarcelamiento de Pablo Hasel, en Toledo y Guadalajara, para este miércoles 17 de febrero, a las 19.00 horas en la Plaza de Zocodover y de Santo Domingo, respectivamente.

Sánchez recuerda el informe 'Tuitea si te atreves' de la organización, en el que ya denunciaban que “muchas personas” estaban siendo procesadas con motivo del artículo 578 del Código Penal, “reprimiendo expresiones de índole política en redes sociales o entre la comunidad artística”. Además, explica que el derecho internacional señala que las limitaciones a la libertad de expresión pueden darse sólo con limitaciones y con “fines precisos”. “Consideramos que utilizar el Código Penal para inhibir la crítica legítima viola la libertad de expresión”, recalca.

En este sentido, señala que el caso de Hasel “no cumple” los requisitos que establece el derecho internacional, como la incitación a cometer un delito de terrorismo. ¿Cómo acaba en la cárcel el rapero entonces? “El artículo 578 del Código Penal tiene una redacción general e imprecisa y da al poder la posibilidad de criminalizar un gran abanico de expresiones que no alcanzan el grado necesario para constituir incitación a la violencia. El derecho penal sólo puede penalizar las expresiones que inciten a cometer actos violentos”, explica.

Además, asegura que desde Amnistía Internacional se oponen a “cualquier ley que impida faltar el respeto a los jefes del Estado”. “Deben tolerar más críticas que la ciudadanía y el uso de leyes para impedir estas críticas también viola el derecho a la libertad de expresión”, asegura Sánchez.

“Grave retroceso” de la libertad de expresión

La organización internacional considera que en España la libertad de expresión ha sufrido un “grave retroceso” desde la aprobación de la llamada Ley Mordaza en 2015. “Está plagada de imprecisiones que provocan autocensura informativa y la movilización ciudadana. No respeta los estándares internacionales de derechos ciudadanos”, asegura. Además, Sánchez lamenta que se ha provocado un efecto “desmovilizador” entre el activismo, también en Castilla-La Mancha, y recuerda casos como los 'Cinco del Buero', cinco profesores que se llegaron a enfrentar a cuatro años de cárcel por un delito de desorden público, hasta que se estableció que la investigación contenía “graves irregularidades”.

En Castilla-La Mancha, afirma, se ha visto cómo se han ido aplicando de “manera progresiva” artículos de esta ley, como el 37.4, de faltas de respeto a la autoridad. Sánchez señala que mientras en 2015 hubo 52 faltas de este tipo, en 2018 se llegaron a contabilizar 637 en la provincia de Toledo. Mientras tanto, en Albacete, el número de personas procesadas por el artículo 36.6 sobre desobediencia, se aplicó 6 veces en 2015 pero más de 200 en el 2018. Finalmente, desde Amnistía recuerdan el caso de Safira y una veintena de activistas de la PAH de Guadalajara que se enfrentaron a un proceso judicial por delitos de desobediencia durante su desahucio, aunque finalmente la causa fue archivada.