Un total de 61.667 aspirantes optan a las más de 1.700 plazas de empleo de Administración General

Un total de 61.667 aspirantes, el 70 por ciento mujeres, y nueve de cada diez residentes en la región, optarán por hacerse con alguna de las 1.767 plazas de Administración General convocadas en las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018, cuyos procesos selectivos comenzarán a finales de septiembre y en los que se reduce casi a la mitad respecto a la anterior convocatoria el número de aspirantes por plaza gracias al incremento de plazas convocadas.

En concreto, esta reducción, ha explicado en una rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha sido posible gracias a que se ha cuadriplicado el número de plazas convocadas en relación a la Oferta de Empleo Público de 2016, por lo que en esta ocasión en lugar de 66 serán 35 los aspirantes por plaza, lo que supone “mejorar la capacidad que van a tener los aspirantes para acceder a una plaza de empleo público”.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Ruiz Molina ha ofrecido los detalles sobre las fechas y lugares en las que tendrán lugar los exámenes de estos procesos selectivos, avanzando la publicación mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en la que también aparecerá la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Así, Ruiz Molina ha subrayado que las pruebas selectivas para optar a alguna de las 1.767 plazas convocadas, 911 para funcionarios y 856 para personal laboral, comenzarán el próximo 26 de septiembre y se prolongarán hasta el 11 de noviembre, teniendo lugar con carácter general en Toledo.

En el proceso participarán más de 4.200 personas

El elevado número de plazas convocadas, que conlleva la celebración de 76 procesos selectivos, 57 de funcionarios y 19 de personal laboral, supone para la Administración regional y, en concreto, para la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas enfrentarse a “uno de sus mayores retos de organización y logística”, con el objetivo de que los exámenes se desarrollen de forma tranquila, garantista y en el menor tiempo posible“, ha indicado Ruiz Molina, quien se ha mostrado confiado en que el proceso se salde ”con el mismo éxito que en 2016“.

Para garantizar que así sea, habrá más de 4.200 personas implicadas en la organización y desarrollo de los procesos selectivos, ha subrayado Ruiz Molina.

De estos, más de 640 serán integrantes de los 64 tribunales que se han constituido. En este punto, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha querido destacar que la “profesionalidad, cualificación y capacidad han sido los principios que se han tenido en cuenta a la hora de designar a todos los miembros de los tribunales”, al objeto de garantizar la objetividad en los procesos selectivos, así como la autonomía e imparcialidad.

Además, se ha garantizado la igualdad entre los miembros de los tribunales, ya que 329, el 51 por ciento, son mujeres, y 315 son hombres. Igualdad que también se ha tenido en cuenta a la hora de ocupar las presidencias y secretarías de los tribunales, que son los puestos de mayor responsabilidad.

Al margen de los integrantes de los tribunales, se estima que participen cerca de 3.600 personas, entre vigilantes, coordinadores provinciales, responsables de centro, responsables de pabellón y personal de servicios.

2.282 personas con discapacidad optarán por 82 plazas

En cuanto a las 82 plazas reservadas para personas con discapacidad general, las máximas que permite la ley y que son el cinco por ciento del total de las aprobadas, Ruiz Molina ha indicado que serán 2.282 los aspirantes.

En total, 411 de estos aspirantes han solicitado algún tipo de adaptación en función de su discapacidad. La mayor parte de estas adaptaciones han sido para aumentar el tiempo de la prueba o el tamaño de la letra, habiendo también algunos casos concretos de solicitud de mesas adaptadas para sillas de ruedas, intérprete de lengua de signos para personas con discapacidad auditiva o la petición de la herramienta informática específica para realizar el examen por ordenador para los aspirantes con discapacidad visual.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que hay 37 plazas de las ofertas de empleo público de 2017 y 2018 reservadas a personas con discapacidad intelectual, que suponen el dos por ciento del total, que se aprobaron y no se convocaron porque el Gobierno regional pretende modificar la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha para adaptar a las personas con discapacidad intelectual tanto los temarios como los procesos selectivos, tal como se ha estado tratando con las organizaciones de personas con discapacidad.

Para finalizar su intervención, Ruiz Molina se ha referido a la política que en materia de empleo público ha venido desarrollando el Gobierno de Emiliano García-Page. En este sentido, ha recordado que las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018 se enmarcan en la segunda fase del Plan de Impulso a los Servicios Públicos, que se puso en marcha al inicio de la pasada legislatura.