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Cospedal ha convertido los servicios públicos “en un negocio para unos pocos”

José Luis Gil, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha / foto: Europa Press

Alicia Avilés Pozo

Una “apuesta ideológica propia de partidos de ultraderecha” es lo que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha llevado a cabo en la región durante los últimos cuatro años para “cargarse” todos los servicios públicos. Así lo considera el secretario regional de CCOO, José Luis Gil, quien afirma que con la crisis como pretexto, la presidenta autonómica ha “convertido los servicios esenciales de todos los ciudadanos en un negocio para unos pocos cercanos al poder establecido”.

Con estas palabras resume el líder regional de CCOO la política de la Junta en esta materia directamente relacionada con la calidad de vida de los castellano-manchegos. En su opinión, el balance más destacado de esta legislatura es que Cospedal “ha despreciado a los empleados públicos y a los ciudadanos de manera insistente”. Desde el principio dejó claro que el mantenimiento de los servicios básicos “no era su apuesta” y que los empleados públicos “era un colectivo incómodo que había reducir drásticamente, eliminando sus privilegios”.

“Ha tomado como rehenes a los empleados públicos y a los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, señala Gil, convencido de que desde el Gobierno regional se ha instaurado una “realidad paralela con mentiras continuadas para justificar” los recortes. Pone como ejemplo algunas afirmaciones injustas como alegar que el sistema vigente era imposible de sostener o llamar “ineficaces y caros” a los empleados públicos para “justificar la privatización”.

A la reducción en el número de empleados públicos por estas excusas, CCOO añade el hecho de que se haya dado paso a empresas privadas para la gestión de los servicios básicos, cuando el gasto público por habitante en España está muy por debajo de otros países a los que se quiere “emular” como Reino Unido, Francia o Alemania. Gil reseña también el triste balance de la región, donde se han cerrado centros de investigación, puntos rurales de atención médica, escuelas rurales y residencias, “laminando todo lo que hemos construido y que es patrimonio de todos los ciudadanos”.

También ha recordado que los tribunales han dado la razón a la mayoría de los trabajadores que han iniciado pleitos contra los “destrozos” de Cospedal, y por ello ha pedido a las fuerzas progresistas que concurren a las próximas elecciones autonómicas que se comprometan con el eficaz funcionamiento de los servicios públicos. Les exige que prometan revertir los recortes de estos últimos cuatro años y asegurar a todos los ciudadanos que tendrán acceso a unos servicios de calidad, con especial incidencia en las partidas destinadas a la dependencia.

Servicios sociales “destruidos”

Por su parte, la secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato, Carmen López, se ha referido por un lado a la prestación de servicios sociales, que se ha ido “destruyendo poco a poco” en la región, con una incidencia clara en la Ley de Dependencia pero también en el cierre de residencias. Se ha preguntado a quién benefician todos estos recortes cuando el ahorro no se ha hecho efectivo, y ha confiado en que después de las elecciones puedan ponerse en marcha prestaciones para todas las personas que lo necesitan, porque Castilla-La Mancha está “gastando por debajo de sus posibilidades” en servicios sociales, mucho menos que cualquier otro país europeo.

Ha hecho especial hincapié en la reforma de la Ley del Régimen Local que socava la capacidad de los ayuntamientos para aplicar este tipo de prestaciones. Mientras en otras comunidades autónomas se ha impedido la aplicación de esta normativa, “aquí no se ha hecho nada” ante una serie de medidas que no solo van a suponer la pérdida de más empleo público sino que también repercute en los ciudadanos.

Reseña así que de los más de 900 municipios de la región, solo 18 tienen más de 20.000 habitantes, por lo que unos 894 se quedarán, en aplicación de esa ley, sin autonomía para gestionar servicios sociales que son fundamentales para la sociedad.

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