Chiloeches, zona cero de los residuos tóxicos de Castilla-La Mancha

“En mayo, veinticinco camiones de residuos voluminosos se vertieron sin permiso en una de mis parcelas de Guadalajara y poco después gran parte de ellos fueron quemados en el barranco de la finca”. Éste es el testimonio de José Antonio Urreta, gerente de la empresa Extranjo, dedicada al movimiento de tierras y al transporte en la provincia alcarreña a eldiarioclm.es. El suceso ocurrió a finales de mayo en uno de sus terrenos, situados en el kilómetro 95 de la autovía A-2, cuando el empresario se encontraba fuera de España.

Después de ser avisado por un guarda forestal, el afectado decidió denunciar los hechos ante el Servicio de protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA). La investigación de los hechos continúa en el juzgado de instrucción de Guadalajara, pero “se sospecha que los residuos procedían de las mancomunidades y de alguna de las instalaciones del Grupo Layna y que fueron varios operarios de esta empresa, quienes los vertieron y calcinaron en el barranco de la finca”, asegura Urreta.

Se da la circunstancia de que Layna es una de las sociedades imputadas en el proceso judicial abierto por el incendio de Chiloeches, ocurrido en agosto de 2016. El gerente del grupo empresarial, Pablo Layna, desmiente a eldiarioclm.es que su empresa haya realizado ese vertido ilegal y asegura que los residuos que recogen los transportan siempre a plantas legales ubicadas en la provincia de Guadalajara y en la Comunidad de Madrid. Así mismo, asevera que en todo momento colaboraron con las autoridades cuando se les contactó para aclarar lo sucedido.

Sin embargo, según denuncian algunos profesionales del sector, los vertidos sin autorización se reproducen habitualmente en diferentes descampados de la provincia de Guadalajara. Empresas que, en principio, se ocupan de separar y tratar adecuadamente los residuos, acaban vertiendo mezclas ingentes de deshechos pesados como colchones, madera o cerámica, sin control ni permiso, por terrenos de difícil acceso para quemarlos finalmente y no dejar rastro de ellos. “La gestión de residuos continua haciéndose igual, a pesar del incendio de la planta de Chiloeches. Las gestoras no los llevan a vertidos legales, los depositan en terraplenes sin permisos y los acuíferos siguen contaminados. Es una mafia perfectamente orquestada y manipulada”, asegura con indignación a este medio otro empresario del Corredor que ha preferido no revelar su identidad.

El incendio de la planta de residuos KUK Medioambiente ubicada en el polígono industrial del municipio de Chiloeches, en el Corredor del Henares de Guadalajara, en agosto de 2016, se convirtió en una de las mayores catástrofes medioambientales ocurridas en España en las últimas décadas. La imagen que provocó fue desoladora. Toneladas de residuos inertes y tóxicos ardieron durante varios días, la inmensa columna de humo se expandió a más de 50 kilómetros de distancia cercando incluso urbanizaciones situadas en las inmediaciones y las aguas de los arroyos y acuíferos que desembocan en el río Henares quedaron contaminadas, tal como denuncian las organizaciones ecologistas.

Susana Tundidor, coportavoz de Equo Guadalajara, reclamó en julio, en declaraciones a este digital, que se llevara a cabo la descontaminación total de residuos tóxicos de la planta y del entorno por el riesgo permanente que existe de contaminación del suelo y de los acuíferos“.

Además, desde que la causa se judicializara y el Juzgado de Instrucción número 5 de Guadalajara asumiera el caso, en noviembre de 2016, en el que 19 particulares y las empresas, KUK Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina fueron imputadas por delitos contra el medio ambiente, pertenencia a banda criminal y falsedad documental, el silencio informativo ha sido una constante. La investigación judicial continua, después de que el juez tomara declaración a todos los investigados. Ahora se espera que emita un nuevo auto con el que decidirá si archiva el caso o abre juicio oral. Una decisión que previsiblemente podría producirse en el primer semestre de 2018.

El director provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, confirmó a eldiarioclm.es, once meses después de la deflagración, la sanción de un millón de euros que la Junta de Castilla-La Mancha impuso a la gestora de la planta por “no haber cumplido con su obligación de limpiar, vallar e impermeabilizar las instalaciones.

Finalmente, los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente llevaron a cabo la impermeabilización del perímetro de la planta mediante una infraestructura de hormigón con la que se pretendía evitar que se filtraran más sustancias contaminantes al subsuelo. Las obras supusieron una inversión pública de cerca de 200.000 euros.

Así mismo, el Consejero de Medio Ambiente anunció en octubre de 2016 la aprobación del Plan de Gestión de Residuos, que tenía como objetivo evitar que se repitieran esta clase de siniestros medioambientales en la región castellano-manchega. Una medida que, desde Equo Guadalajara, califican como “una buena declaración de intenciones, pero que no se puede aplicar, porque carece de presupuesto”.

En la actualidad, la realidad ecológica de esta área industrial no ha variado sustancialmente. La polución de las tierras y las aguas persiste sin que se conozca su alcance real en cifras y con la existencia de residuos tóxicos fuera de la planta que todavía no se han retirado. En este sentido, desde la misma organización ecologista afirman que ante las reiteradas peticiones de información sobre el nivel de contaminación de las aguas, “ni la Confederación Hidrográfica del Tajo, ni el Ministerio de Defensa ni la Consejería de Medioambiente de Castilla-La Mancha han querido responder por tratarse de un hecho judicializado”.

Con respecto a cómo se gestionan los residuos en Castilla La Mancha, EQUO se muestra contundente: “El reciclaje de residuos se ha convertido en un negocio económico que produce grandes beneficios a los piratas de la actividad. Es grave todo lo sucedido, no hay una voluntad política de inspeccionar el tratamiento de residuos en Castilla-La Mancha y por ello reclamamos una vez más la dimisión de cargos políticos”, concluyen desde este colectivo.