Condenan a la Junta al pago de intereses a funcionarios por retenerles la paga extra de 2012
La Junta tendrá que volver a pagar más dinero por interponer recursos ante la justicia en casos que atentan, en este caso, contra los derechos de los trabajadores. La situación se refiere a la retención que hizo el Gobierno de Cospedal de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los funcionarios públicos, unos hechos sobre los que ya existe una sentencia judicial de febrero de este año que condena a la Junta al pago del 25% de ese dinero.
Ahora la Junta tendrá que pagar también los intereses de ese dinero retenido, según el tribunal, de manera “ilegal”. Esta decisión se produce por una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo en el caso de la retención de esta paga a 18 trabajadores de la enseñanza de la región a los que, como a todos los empleados públicos, les retuvieron su paga extra. El juzgado ha decidido que esa retención del salario de los funcionarios es ilegal y que se les debe de pagar el 25% de esas cantidades así como los intereses generados por año y medio de proceso judicial.
Además la Junta tendrá que asumir todos los costes del proceso judicial, en una sentencia que sentaría jurisprudencia respecto al resto de trabajadores públicos. Por ello, desde Comisiones Obreras piden a todos los trabajadores que sufrieron esta retención de la paga extra que acudan a reclamarla inmediatamente, ya que esta sentencia sería aplicable a todos los demás casos.
Esta sentencia “redondea” ya el gasto en justicia que ha realizado la Junta de Comunidades en el mes de noviembre, en el que sus decisiones políticas con trabajadores públicos han costado a las arcas castellano-manchegas 57'7 millones de euros, más lo que hay que pagar ahora por esta sentencia así como por la otra noticia conocida hoy mismo de que se ha declarado nula la jubilación anticipada de numerosos médicos del Sescam que fueron obligados a jubilarse para amortizar sus plazas.
Alfonso Gil, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en la región, ha declarado, al hilo de esta sentencia, que “una vez más se constata que a la Administración no le importa gastar el dinero de los castellano-manchegos en los tribunales con tal de no dar su brazo a torcer”.
En la defensa jurídica de la Junta en este caso, uno de los puntos a tratar fue que la Junta ha anunciado ya que pagará el 25% de ese dinero retenido en el primer trimestre del próximo año; sin embargo el Tribunal rechazó el argumento señalando que “es solo una declaración de intenciones” y no un hecho. “Cospedal anunció que va a pagar a los funcionarios de la Junta de Comunidades el 25% de la paga extra de diciembre de 2012 en el primer trimestre de 2015 como si saliera de ella, por su graciosa voluntad. La realidad es que se ven obligados a hacerlo por las demandas interpuestas”, ha indicado Gil. La Junta tiene orden judicial de pagar este dinero retenido ilegalmente, y no es una promesa electoral o política sino una decisión judicial.
Los afectados deben plantear una demanda colectiva o individual para seguir el mismo proceso que estos 18 trabajadores y que el contencioso-administrativo avale con sentencia judicial el pago del dinero que les debe hacer la Junta, incluido los costes del proceso en caso de ser la misma situación.
Ese porcentaje del 25% se debe a que la Junta eliminó las pagas extras a los funcionarios sin liquidar la cantidad que ya tenían pendiente de cobro, que corresponde del 1 de junio de 2012 al 14 de julio de 2012, que es ese 25%. La sentencia remarca que esa cantidad es un pago en diferido complementario a su nómina.
