Denuncian que se reduzca la prestación a un niño gran dependiente por estar escolarizado
Sigue el enfrentamiento entre la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y el Gobierno regional. Tras las duras críticas que este colectivo dirigió recientemente al Ejecutivo de Emiliano García-Page, de nuevo ha puesto sobre la mesa otro caso que, según afirma, se ha “generalizado” en la provincia de Ciudad Real. Se trata de un niño con categoría de gran dependiente al que se le ha retirado la mitad de la prestación económica por cuidados familiares que recibe debido a que asiste a un centro de enseñanza reglada.
En base a la documentación que aporta la asociación, se trata del mismo menor de 11 de años al que el anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal ya intentó retirar esa misma prestación, una decisión que impidió la Plataforma también mediante su denuncia pública.
En esta ocasión, la Junta propone reducir la ayuda que recibe en base a un documento de programa individualizado. El niño de 11 años, gran dependiente con parálisis cerebral grave y numerosos problemas graves de salud, está escolarizado en un centro de Educación Reglada de Ciudad Real por lo que al tener su domicilio en Almadén tiene que permanecer de lunes a viernes en régimen de residencia en el Centro. En las alegaciones a esta propuesta, la familia rechaza la propuesta de reducir su prestación al entender que la ayuda que recibe no es incompatible con la escolarización del menor.
Desde la Plataforma, denuncian que ahora el Gobierno regional, que “tanto criticó esta actuación del anterior Ejecutivo, haga lo mismo que su antecesora”. Y además apunta que no se trata de un caso aislado, ya que todos los niños de este Centro de Ciudad Real que reciben la prestación económica para cuidados en el entorno familiar están recibiendo la misma resolución de retirada de la mitad de la prestación, “aun cuando es totalmente ilegal ya que no existe normativa alguna que así lo sustente”, sobre todo en el Decreto e Prestaciones en Dependencia aprobado en enero de 2016.
“El Gobierno de Emiliano García-Page parece que olvida que la escolarización de los niños es un derecho aun cuando estos tengan la condición de dependientes y por tanto nada tiene que ver la asistencia a un centro escolar con las prestaciones por dependencia”, resaltan desde el colectivo.
Por todo ello, insta a la Junta a dar las instrucciones precisas a todas las direcciones provinciales de Bienestar Social ara dar marcha atrás y “no obligar a todas estas familias a tener que acudir a los tribunales para defender el derecho a la escolarización de sus hijos grandes dependientes”. Además, la Plataforma pone a disposición de todas las familias afectadas los servicios jurídicos de la asociación, e insiste en que la Administración regional rectifique su forma de proceder con los dependientes y “demuestre con hechos que es un Gobierno con alma”.
