Dependencia: un 18% más de beneficiarios frente a la pérdida de ayudas a familiares

El 14 de diciembre del año 2006, hace poco de más de diez años, se aprobó una de las normas estatales sociales más importantes de la historia democrática del país. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ponía en marcha la Ley de Dependencia para garantizar la autonomía personal de todas aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. Supuso un revulsivo en España, pero especialmente en regiones que, como Castilla-La Mancha, tenían y tienen un claro envejecimiento de la población. No obstante, con la llegada del PP, primero al Gobierno central y luego al de Castilla-La Mancha, la Ley comenzó a vaciarse de contenido, a recortarse y provocar en esta comunidad autónoma que muchas personas murieran en sus casas sin ser atendidos por el sistema.

Por eso, una de las promesas del socialista Emiliano García-Page antes de convertirse en presidente de Castilla-La Mancha fue recuperar todo lo perdido en esta materia. Firmó el denominado Pacto por la Dependencia, donde, entre otras cosas, se comprometió a derogar el procedimiento del decreto de dependencia que aprobó su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, y que fue anulado por los tribunales gracias a la actividad imparable de la constituida Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha.

Al cumplirse un año y medio de legislatura, y diez años de la Ley estatal, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado un balance triunfal de su gestión con datos de la Consejería de Bienestar Social, que dirige Aurelia Sánchez y que ha convertido la Dependencia en uno de sus objetivos. Según los últimos datos disponibles aportados, el número de personas beneficiarias del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia ha aumentado con el Gobierno actual un 18%, hasta sumar un total de 41.000 personas que reciben un total de 51.000 prestaciones de servicios y ayudas.

Así, de todos los servicios y ayudas que reciben las personas integradas en el Sistema de Dependencia, el Servicio de Ayuda Domicilio beneficia en Castilla-La Mancha a 9.940 personas a día de hoy, lo que supone un incremento del 38% con respecto a julio de 2015, mientras que el Servicio de Teleasistencia cuenta con 5.868 usuarios, un 20% más.

De igual modo, la región cuenta con 2.819 plazas de Centro de Día, un 31% más que hace año y medio, al igual que también han crecido las plazas residenciales un 13%, hasta alcanzar 11.316, y las prestaciones vinculadas al Servicio, que alcanzan las 3.340, un 24% de crecimiento. También arrojan cifras positivas el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP), con 3.872 prestaciones, un 8% más, y las Prestaciones Económicas para el Cuidado en el Entorno Familiar (PECEF). En este caso, la Junta detalla que se han concedido casi 600 prestaciones frente a las tres de la legislatura pasada.

Revisiones de oficio: un cambio de tendencia

Otras cifras que ha destacado Bienestar Social es que mientras el anterior gobierno de María Dolores de Cospedal realizó 5.000 revisiones de oficio y en cientos de casos quitó prestaciones y redujo el grado de dependencia, el Ejecutivo de Page no ha quitado ninguna ayuda, ya que, aunque estas prestaciones deben ser excepcionales según la Ley, la Junta las considera “tan exclusivas cuando se trata de niños o de personas que están en el medio rural y no tienen ningún servicio alternativo”.

Las novedades incorporadas han sido el nuevo sistema de pago y de justificación, la mejora del sistema de financiación de los Servicios Sociales a las Corporaciones Locales a través de la anticipación de fondos y la reducción de los trámites administrativos, lo que ha supuesto que la situación de pagos efectuados en materia de Ayuda a Domicilio, a principios de este mes, arroje un buen resultado: los 674 ayuntamientos y un Consorcio provincial que se han acogido en 2016 a este servicio mediante convenios han recibido un 84% del total de los fondos que les corresponden, frente al 6% que recibían en estas mismas fechas con el anterior sistema de pagos.

Estos “deberes hechos”, han hecho que el Gobierno castellano-manchego haya convertido en su caballo de batalla particular exigir que el Ejecutivo de Mariano Rajoy cumpla con la Ley y que financie un 40% de la norma. Considera que existe una “deuda histórica” con esta comunidad autónoma que asciende a 353 millones de euros. De hecho, Emiliano García-Page llevará esta reivindicación a la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará el próximo mes de enero.

Pero esta visión, este aprobado en tareas, poco o nada tiene que ver con el análisis que ofrece la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. Su portavoz, José Luis Gómez-Ocaña, detalla a eldiarioclm.es que durante toda la legislatura se han perdido en la región más de 3.200 prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, una de sus principales quejas. Recuerda que con Cospedal se perdieron en cuatro años 9.800 por lo que el ritmo de pérdidas ahora es superior y considera “ridículo” intentar justificar estos hechos en los fallecimientos “como si los únicos dependientes que mueren son los que tienen concedida esta prestación económica”.

Expedientes “en el cajón” y nuevo decreto

De los expedientes que “se encontraron en el cajón”, es decir aquellos correspondientes a personas que ni siquiera han sido valoradas y que eran alrededor de 5.000 hace año y medio, solo se han atendido unos 1.800, cuando García-Page, recuerda la Plataforma, se comprometió a “acabar con todos ellos en un año”. Además, sigue habiendo 23.179 personas en el denominado ‘limbo’ de la dependencia: aquellas que tienen reconocido un grado y por tanto con derecho a ser atendidos, pero no reciben “absolutamente nada”.

“Llevamos esperando 16 meses a que se publique el nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia, cuando a pocos días de las últimas elecciones autonómicas se comprometieron, en un acto público promovido por la Plataforma, en la derogación inmediata de ese decreto”, recuerda la Plataforma. Con ello, precisa que son más de 16.000 expedientes los que se revisaron o eliminaron bajo la Orden de Prestaciones en Dependencia que fue anulada por los tribunales y que según la Junta, ya no se aplica.

La Plataforma apunta otras carencias y peticiones que se han planteado a la Consejería de Bienestar Social y sobre las cuales no ha obtenido respuesta: la emisión de una tarjeta acreditativa de cuidador de familiar dedependiente para que tengan prioridad en la atención frente a la administración, y que tendría coste cero; y la eliminación del copago farmacéutico para los menores de edad dependientes de Castilla-La Mancha, unos 2.500, que supondría para la Administración en torno a los 900.000 euros.

“En definitiva, estamos viendo que la política que se lleva con las personas dependientes es una continuación de la que llevó a cabo el ejecutivo de Cospedal. Solo han cambiando el envoltorio en relación a la formas. No vale con decir que es un Gobierno con alma, hay que demostrarlo con hechos. Seguiremos peleando y denunciando y después de Navidades nuestras acciones serán más contundentes. Quien prometió y denunció tiene la obligación de cumplir”, concluye.